La nueva realidad de las regiones de donde saldrán las curules de paz

Catorce de los 16 municipios circunscritos especialmente aplicarán exclusivamente en zonas rurales.

Foto: EFE - Jhonny hoyos

El 2 de mayo de 2017, cuando el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, radicó en el Congreso el proyecto de acto legislativo para darles vida a las 16 circunscripciones especiales de paz, las antiguas Farc todavía no habían dejado las armas. Lo harían casi dos meses después, y ya varias voces advertían que el Estado debía ocupar los territorios de los que saldría la insurgencia, a riesgo de ser copados por otros actores armados ilegales. Hoy, cuatro años después, cuando finalmente y gracias a la Corte Constitucional las curules de paz tienen luz verde, el riesgo se materializó y en varios de los territorios priorizados por el Acuerdo de Paz hay disputas armadas por diferentes estructuras ilegales.

La semana pasada, la sala plena de la Corte Constitucional, con una votación de cinco contra tres, resolvió a favor una tutela presentada por el senador Roy Barreras en la que defendía que los cincuenta votos a favor que tuvo la iniciativa en el Senado el 30 de noviembre de 2017, cuando terminó hundiéndose, eran suficientes para dar el proyecto por aprobado. La noticia fue muy bien recibida entre las víctimas del conflicto y los habitantes de las regiones que se verán beneficiados de las curules.

“Se reciben con satisfacción en un momento muy importante para el país en el marco de las movilizaciones sociales, que han mostrado el inconformismo con el actual Gobierno. Se convierten en un aliciente y una repotenciación de la implementación plena del Acuerdo de Paz, de ampliación de la democracia y como un ejercicio de reparación colectiva en los territorios”, dijo Juan Carlos Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), que de hecho acompañó la tutela que presentó Roy Barreras.

En el mismo sentido respondió Sandra Mina Peña, lideresa afro del norte del Cauca, que también celebró el regreso de las curules. “Es como una luz al final del sendero, como una esperanza en medio de este conflicto, porque pensábamos que era algo que ya no se iba a dar. Creo que en otra época hubiera sido mucho más fácil hacer este ejercicio, pero, de una u otra forma, ahí vamos a estar”.

Si bien en las regiones respaldan con firmeza las curules de paz y celebran su aprobación, son conscientes de los riesgos de nuevos conflictos armados, que en estos cuatro años se han venido recrudeciendo. Los 167 municipios seleccionados para las 16 circunscripciones de paz son prácticamente los mismos territorios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) sobre los que ya la Misión de Observación Electoral (MOE) ha enviado alertas, por la situación de violencia en la antesala de la campaña electoral de 2022. En su más reciente informe trimestral, que cubrió de enero a marzo de este año, registró que el 52 % de las agresiones a líderes políticos, sociales y comunales ocurrieron en 13 de las 16 regiones PDET; es decir, en 13 circunscripciones de paz.

Es más preocupante si se miran solamente las agresiones a líderes sociales (excluyendo políticos y comunales): el 62 % ocurrieron en ocho regiones PDET, registró la MOE. La alerta es en particular sobre las regiones de los Montes de María, el Bajo Cauca y la de Nariño-Cauca-Valle, que concentraron el 55 % de las agresiones registradas en zonas PDET entre enero y marzo de este año.

Lo que ocurre en los Montes de María es significativo, pues se trata de una zona que por más de una década fue territorio de paz, desde 2007, hasta que, como lo denunció el líder Edgardo Flores en el encuentro Lidera la Vida, de la Procuraduría, en diciembre de 2020: “La paz se perdió en los Montes de María en 2019”. A partir de ese año varias organizaciones y líderes de esos municipios empezaron a denunciar lo que llamaron “un resurgir del paramilitarismo” en la zona.

En ese mismo encuentro, la lideresa Mayerlis Angarita denunció que la presencia de las Autodefensas Gaitanistas (Agc) es real y evidente en el territorio, por más que las autoridades distritales y departamentales la nieguen. “Viene el Gobierno Nacional a mirar la situación y los alcaldes le dicen: no está pasando nada. Todo el mundo sabe que los gaitanistas son el mismo Clan del Golfo y que están fortaleciéndose; ellos no dejaron de fortalecerse por el COVID-19. Cuando nosotros mencionamos eso nos dicen ‘mentirosos’. ¿Quiénes? Los entes territoriales”, reclamó. La respalda la Defensoría del Pueblo, que ha denunciado la presencia de las Agc en los Montes de María en dos alertas tempranas de 2018 y 2020.

Las cifras que han servido como indicadores de la violencia en el país tras la firma del Acuerdo de Paz también dan cuenta del recrudecimiento de la guerra. De los 106 líderes asesinados que reportó el programa Somos Defensores para 2017 se pasó a 199 asesinatos de líderes en 2020. Y de los 31 excombatientes asesinados en 2017, según la Misión de Verificación de la ONU, se pasó a 73 firmantes del Acuerdo asesinados en 2020.

Garantías pendientes

“El primer reto del Estado colombiano va a ser que la gente en los territorios participe; esa gente que ha defendido a capa y espada la implementación del Acuerdo de Paz, que ha estado en riesgo, y que hoy deben ser los primeros en postularse a ocupar esas curules”, sostiene José David Ortega, directivo de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba, que en la anterior ocasión tenía candidato para esa circunscripción y que esta vez es probable que vuelva a tenerlo.

Precisamente para evitar las agresiones a quienes defienden lo pactado, el Acuerdo de Paz había contemplado los mecanismos orientados a protegerlos. En particular, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Y si bien han pasado cuatro años desde que fue creada, su panorama hoy no es muy distinto: sigue con una precaria implementación. En un documento, conocido por Colombia+20, que los delegados de la sociedad civil y las plataformas de DD. HH. en esa comisión le enviaron a la Corte Constitucional el pasado 29 de abril, le detallaron lo que consideran “un balance de trabajo insuficiente” de la Comisión Nacional de Garantías.

Lo primero es que si bien la Comisión, encabezada por el presidente de la República, debe sesionar una vez al mes, en el actual gobierno solamente ha sesionado en seis ocasiones con sus miembros en pleno. La cifra contrasta con la que reporta la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que habla de 62 sesiones en este Gobierno. Según las plataformas de DD. HH., se trata de reuniones técnicas y territoriales que el Gobierno ha catalogado como sesiones, pese a que son encuentros a los que asisten exclusivamente asesores y funcionarios sin poder de decisión. “Tal es la insuficiencia de la Comisión, que, a cuatro años de creada, aún no se ha adoptado siquiera un reglamento de funcionamiento interno y no se cuenta con un plan de trabajo interno de la misma”, se lee en el documento remitido a la magistrada Cristina Pardo.

En ese texto, como también lo señaló el informe anual que presentó el Instituto Kroc la semana pasada, se resalta que fue por cuenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se aceleró el proceso de discusión de la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, si bien ya el componente de la sociedad civil había presentado su propuesta, desde agosto de 2019. Como respuesta a la JEP, el Alto Comisionado para la Paz remitió un documento con los lineamientos, que, según las plataformas de DD. HH., no reconoce las discusiones que se tuvieron y es un texto elaborado unilateralmente por el Gobierno. Lo cierto es que la política pública de desmantelamiento de los grupos herederos del paramilitarismo, que es el objetivo de esa Comisión, no existe.

Pero, además, la Comisión hace parte de un sistema más amplio de protección, que el Acuerdo definió como el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), que tampoco presenta un balance alentador. Su Alta Instancia, dice el texto en poder de la Corte Constitucional, no ha sido operativa y no ha articulado todos los mecanismos para garantizar la seguridad en los territorios. Además, otro de sus componentes, la respuesta rápida a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, se ha quedado corto y se han convertido en espacios de rendición de cuentas de las autoridades sobre las acciones desempeñadas. Por eso, en ese escrito solicitan a la Corte que declare un estado de cosas inconstitucional en relación con las garantías de seguridad.

Defender lo pactado

En el Congreso de la República se han hundido o estancado varios proyectos relacionados con la implementación del Acuerdo, y estas 16 curules en la Cámara pueden significar una repotenciación para esos proyectos. Juan Carlos Quintero, de Ascamcat, se refirió, por ejemplo, a que estos nuevos asientos deben impulsar el tratamiento penal diferenciado a los cultivadores de hoja de coca, una de las deudas del cuarto punto del Acuerdo, que debía ir de la mano con el programa de sustitución voluntaria de esos cultivos. Y, más allá de ello, habla del apoyo a la regulación de la hoja de coca.

Sandra Mina Peña se refirió, por su parte, a la implementación del capítulo étnico, que, como señaló el informe del Kroc, presenta importantes rezagos. Un asunto clave para las curules de paz, pues según la MOE en los territorios de las 16 circunscripciones se encuentra el 71 % de los consejos comunitarios y el 42 % de los resguardos indígenas de todo el país. Una promesa incumplida en el norte del Cauca, dice Peña, es el desminado de sus territorios colectivos. El año pasado, el operador de desminado que actuaba en la zona, Halo Trust, tuvo que retirarse del territorio por amenazas directas de grupos armados.

En el Senado y en la Cámara, por ejemplo, también se hundió en 2017 la reforma política electoral ordenada por el Acuerdo de Paz y avanza actualmente el trámite para la jurisdicción agraria, otro punto de la Reforma Rural Integral pendiente de la implementación. Todos asuntos que competen a esas 16 circunscripciones especiales de paz y a sus futuros voceros.

Por eso es valioso, resalta José David Ortega, de Ascsucor, que las curules de paz excluyan las cabeceras de los municipios cuyo censo electoral supera los 50.000 ciudadanos, pues es en las zonas rurales y no en las cabeceras donde se conoce lo pactado en el Acuerdo de Paz; por ejemplo, en la reforma rural y la sustitución de cultivos de coca, puntos que deben estar, dice, en la agenda de quienes ocupen las curules. “Si uno pregunta en las cabeceras por puntos del Acuerdo de Paz, no los conocen. Es en la ruralidad donde se han apropiado de lo pactado”, explica. Es el caso de municipios de esa zona como Tierralta y Montelíbano, pero también de El Carmen de Bolívar, Santander de Quilichao, Tumaco o Buenaventura. En total, son 14 municipios en los que las curules solo aplican para la zona rural.

El camino que tienen por delante las curules especiales de paz es espinoso en estos nueve meses que a partir de ahora faltan para que se produzcan las elecciones de marzo de 2022, donde se elegirá el nuevo Congreso que se posesionará el 20 de julio de ese año. Uno que tendrá 16 nuevas voces desde las regiones a las que por décadas no se les ha permitido tener una representación y una voz.

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