![Las 16 curules de paz se deben crear en la Cámara de Representantes. / Archivo](https://www.elespectador.com/resizer/v2/U2HPO3H445F3RFDI6YBYCKKXDQ.jpg?auth=8ed8a4f7e0378865ca9ca986cb7f9e7a9478168d3374ed57952ed7d2c9b4ee5c&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
El Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc incluyó en el punto 2.3.6 la creación en la Cámara de Representantes de 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, por dos períodos, cuyo propósito era darle representación política a 16 zonas del país afectadas por el conflicto armado y a las que solo podrían aspirar las víctimas de la guerra.
Hacían parte de la promoción política de los habitantes de las poblaciones más impactadas por el conflicto y fueron concebidas como una medida de reparación y construcción de paz. Su implementación se empezó a tramitar a través de un proyecto de acto legislativo, que llegó al Congreso en un contexto convulso: se discutía también la participación política de los exmiembros de las Farc y el Centro Democrático tenía fuertes reparos frente a un proyecto que, a su juicio, iba a beneficiar a los habitantes de las zonas en las que esa guerrilla había tenido influencia.
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En resumidas cuentas, el argumento del uribismo para oponerse a la creación de las 16 curules fue que las personas que llegarían a esos escaños tendrían afinidad con las Farc y el futuro partido de la exguerrilla no solo tendría las 10 curules otorgadas por el acuerdo, sino 16 adicionales. Sin embargo, la realidad fue que las curules de paz, como se les conocieron finalmente, no tuvieron mayor resistencia en el Congreso.
Por esa época, la bancada del Centro Democrático, sosteniendo que el mecanismo del “fast track” era ilegítimo, abandonaba los recintos y no participaba en las votaciones de los proyectos relacionados con la paz. En contraste, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos contaba con holgadas mayorías en muchos asuntos y la reglamentación del acuerdo de La Habana era uno de ellos. No obstante, quedaron muchas deudas.
Conozca las 16 zonas de Colombia que se beneficiarían con las curules de paz
El 9 de noviembre de 2017, la Cámara aprobó en plenaria, en el último de sus ocho debates, el proyecto que le daba vida a las curules de paz. Lo que seguía luego de ese día era la conciliación en ambas corporaciones para que se convirtieran en realidad. Allí fue cuando empezó Cristo a padecer. El 30 de noviembre, la plenaria del Senado, en lo que parecía un trámite sencillo, debía aprobar la conciliación, sin embargo, pasaba el tiempo y el Gobierno la empezó a ver oscura porque, según las cuentas, se necesitaban, mínimo, 51 votos. La votación final fue de 50 a favor y siete en contra.
El presidente del Senado de entonces, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, declaró el proyecto hundido. El uribismo celebraba y en los pasillos del Congreso se buscaban culpables: que el Centro Democrático, que Cambio Radical, que los conservadores. Pero, en medio de ese ajetreo, el senador Roy Barreras aseguró que los votos necesarios para conformar las mayorías absolutas no eran 51 sino 50, porque las cuentas se debían hacen sobre 99 congresistas en total y no sobre 102, teniendo en cuenta de había tres sillas vacías.
“OJO! ALERTA! EL QUORUM DE VICTIMAS NO ERA SOBRE 102 SINO SOBRE 99! Sí se aprobaron las Curules de las Victimas! (sic)”, fue el mensaje que escribió Barreras en su cuenta de Twitter. La suma era sencilla: 50 eran más que 49 y, por ende, esa era la mayoría requerida. Todavía hoy, varias voces en el Congreso señalan que gran parte de la responsabilidad de ese hundimiento la tiene el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, quien debió tener claro siempre cuál era la mayoría absoluta si se descontaban las curules que no habían sido reemplazadas.
OJO! ALERTA! EL QUORUM DE VICTIMAS NO ERA SOBRE 102 SINO SOBRE 99! Sí se aprobaron las Curules de las Victimas!
— Roy Barreras (@RoyBarreras) November 30, 2017
Contexto: Yo estuve el día en el que se embolataron las curules de paz
Desde ese momento, la batalla por las curules de paz fue en los estrados judiciales, pues, el otrora presidente del Senado nunca atendió la solicitud de publicar el acto legislativo al considerar que el proyecto había naufragado. Por un lado, Guillermo Rivera, quien fungía como ministro del Interior de Juan Manuel Santos, inició un proceso ante el Consejo de Estado y demandó el acto administrativo que archivó las curules de paz.
Esa travesía comenzó el 7 de diciembre de 2017 y aún no hay un pronunciamiento final por parte del máximo tribunal de lo contencioso administrativo. Ese camino ha estado lleno de debates y de denuncias de supuestas dilaciones por parte de quienes se han opuesto a la creación de esas circunscripciones, dentro de los que se cuentan los congresistas uribistas María Fernanda Cabal y José Jaime Uscátegui.
Por su parte, luego de que se hundiera un proyecto similar que, en 2018, intentó volver a crear las curules en el Congreso, el senador Roy Barreras empezó su propia lucha, pero con una tutela. A mediados de junio de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó esa acción jurídica señalando que existían otros medios judiciales previos a la tutela para exigir los derechos que se consideraron vulnerados y que, además, el Consejo de Estado ya estudiaba una demanda de nulidad al respecto.
“El actor cuenta, en efecto, con otro mecanismo de defensa judicial ordinario previsto por el ordenamiento jurídico, con la ventaja de que éste no tiene caducidad, por consiguiente, puede intervenir aún en él”, señaló el tribunal. Ante esa negativa, Barreras impugnó la decisión y su estudio se elevó a la Corte Constitucional, que este viernes le dio la razón a Barreras y revivió las curules de paz.
Según el magistrado ponente, Alejandro Linares, “los tratados deben ser formalmente acatados y cumplidos de buena fe, esto es, con la voluntad de hacerlos efectivos”. Lo que todavía no queda claro, pues no se conoce el fallo en su totalidad, es si estas curules responderán a los dos períodos que había determinado el Acuerdo de Paz o si solo funcionarán durante cuatro años, contando a partir del 2022.