Gobierno ha acompañado el retorno de 7.000 hogares desplazados por la violencia

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En un programa de rendición de cuentas promovido por la Consejería para la Estabilización y la Normalización, se destacaron los esfuerzos de la política “Paz con legalidad” para reparar a las víctimas del conflicto armado. Hasta el momento, 20 colectivos han sido reparados y se han implementado 1.000 proyectos productivos.

Como una manera de contar lo que está haciendo el Gobierno Nacional en la implementación del Acuerdo de Paz, Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Normalización, adelantó este 15 de octubre un programa de rendición de cuentas que se enfocó en los avances en materia de reparación de víctimas y restitución de tierras. Dentro de los logros se resaltó el aumento de sujetos colectivos de derechos reparados y las demandas para que población afectada por la guerra recupere sus terrenos y retorne a sus hogares.

“De acuerdo con la Corte Constitucional, el Acuerdo de Paz debe implementarse en las próximas tres administraciones de Gobierno. En ese sentido, cada uno puede dar su enfoque. En el caso del gobierno de Iván Duque se habla de Paz con Legalidad, una política que se implementa desde hace dos años. Estamos convencidos de que con este nivel de planeación, seriedad e implementación de diferentes áreas vamos a lograr los cimientos para grandes transformaciones”, dijo el consejero Archila, quien además moderó el encuentro.

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Archila le dio la palabra, en primer lugar, a Ramón Rodríguez Andrade, director de la Unidad de Víctimas, quien dijo que el proceso de atención a las víctimas ha sido ejecutado a partir de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que hoy se pretender implementar en 170 municipios, donde hay 2.5 millones de víctimas del conflicto armado y cuya tarea está en manos de la Consejería Presidencial para la Estabilización y Normalización. “El 32% de la población víctimas está en los municipios PDET. Por eso, la ruta de la atención a víctimas está alrededor de estos espacios”, señaló el funcionario.

Rodríguez destacó que el 2020 ha sido el año con mayor presupuesto para los temas de reaparición de víctimas en la historia del país: “Vamos a llegar al billón de pesos para pagar indemnizaciones por vía administrativa y judicial. Eso sin tener en cuenta los procesos de atención psicosocial y de retorno”. Habló de que esa entidad, en medio de la pandemia, ha atendido “más de 320.000 víctimas, que se traducen en 200.000 millones de pesos”, puntualizó. Uno de sus anuncios más importantes fue el apoyo del Gobierno y el llamado al Congreso de la República para que apruebe el proyecto de ley con el que prorroga la Ley de Víctimas 1448, que le dio vida a la Unidad de Restitución de Tierras y a la misma Unidad de Víctimas.

“Tenemos 780 sujetos de reparación colectiva, aunque la puerta sigue abierta para quienes quieran sumarse. Estamos avanzando en varias etapas de caracterización, comité de impulso para construir los planes, entre otros. Cuando llegamos al Gobierno, sólo se habían cerrado 3 sujetos de reparación colectiva. Hoy la cifra está en 20. El compromiso es seguir trabajando con estos planes en el territorio, que se articulan con los PDET”, agregó Rodríguez.

Frente al retorno y reparación de víctimas de desplazamiento y despojo, el director de la Unidad de Víctimas resaltó que, bajo los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad, se ha logrado acompañar el retorno de 7.140 hogares. De ellos, 204 son étnicos.

Para estos resultados, insistió Rodríguez, fue fundamental la participación de las comunidades que se han organizado en las mesas de participación municipal, departamental y nacional: “Hoy podemos decir que en cada municipio hay una. Hemos dialogado de forma directa con ellas, porque eso nos permite enriquecer el proyecto de ley de prórroga que está en el Congreso”.

Una de las regiones en donde más se han concentrado los esfuerzos es el Catatumbo, una de las las subregiones de Norte de Santander donde se implementa un PDET. Dimar Barbosa Riobó, alcalde del municipio de Convención dio fe de que se están implementando proyectos productivos y agradeció la articulación de las entidades territoriales para que las víctimas no sólo vuelvan a sus territorios sino que tengan opciones de vida digna. Lo mismo hizo Jhonny Quintero, representante de víctimas, quien señaló que ahora existen espacios de participación y estrategias de trabajo con las comunidades para la cohesión y la reconciliación.

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Al respecto, Jairo Matallana, gerente del Área de Justicia y Respuesta a Crisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mencionó la participación e importancia de la cooperación internacional en estos planes de reparación a las víctimas. “La cooperación internacional ha ayudado a la materialización de varios asuntos de esta política pública. La primera es llevar a la realidad el enfoque centrado en las comunidades. La cooperación facilita los mecanismos para que sean las organizaciones y comunidades las que implementen las medidas de reparación. Uno de esos casos es el de la Chinita, en Apartadó (Antioquia)”.

Matallana aseguró que el PNUD ha apoyado la Unidad de Víctimas en la implementación de 163 medidas de reparación y, en estos momentos, acompaña otros 163 procesos. Una de sus labores, dijo, es impulsar nuevos modelos innovadores, sobre todo con enfoque de género, para que cada día sean más las mujeres quienes asuman los papeles que tradicionalmente ocupaban los hombres, como por ejemplo los liderazgos.

En cuanto a los avances de la restitución de tierras, el Gobierno Nacional destacó que han podido llegar a 100 nuevas zonas, donde había dificultades para empezar con los procesos por problemas de orden público. Andrés Castro Forero, director de la Unidad de Restitución de Tierras, espera que con la prórroga de la Ley de Víctimas y a este ritmo, prontamente, se logren adelantar trámites de restitución en cerca del 80% del territorio nacional.

Las zonas están ubicadas en subregiones como Arauca, Alto Patía, norte del Cauca, bajo Cauca y nordeste antioqueño, Chocó, Catatumbo, Macarena (Meta), Pacífico medio, Pacífico y frontera nariñense, sur de Bolívar, sur de Córdoba, Sur de Tolima y Urabá antioqueño. “En muchas de estas zonas hay minas antipersonales, problemas de orden público. Eso se ha logrado con ayuda de la Fuerza Pública, la articulación con otras entidades de Gobierno y la Procuraduría”, expresó Castro.

Para el director de la Unidad de Restitución de Tierras, uno de los grandes logros fue adelantar trámites y darles una respuesta pronta a las víctimas: “Ahí hay un compromiso legítimo, genuino que tiene este Gobierno. Con el presidente Duque hemos avanzado en estos trámites y hemos tenido una relación armónica con la rama judicial. En este Gobierno hemos recibido más de 4.194 demandas con una particularidad: el proceso judicial se presenta de manera electrónica”. De estas demandas, 34% pertenece a campesinos y 54% a comunidades indígenas y afros.

En los dos últimos años, se han proferido, según la entidad, 1.468 sentencias que benefician a 22.978 personas, lo que corresponde a 50.000 hectáreas restituidas. En este punto, el director dijo que estos resultados se deben a las mejoras en la atención. Citó el caso de Chocó, donde solicitaron tener una oficina de restitución de tierras en Quibdó: “Hoy ya está la oficina y está atendiendo al público para dar trámite y resolver los casos en etapa administrativa”.

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A esos logros, según Castro, hay que sumarle los proyectos productivos creados con las víctimas, que hoy llegan 1.000 y en los que se han invertido 31.000 millones de pesos. “Nos vemos en el 2035 habiendo superado el problema que se dio en los territorios, con una perfecta articulación con la Agencia Nacional de Tierras y demás instituciones. Nosotros a esa fecha nos vemos entregando 3 millones de hectáreas que hoy están en el registro”, señaló.

Lo importante ahora, dijo el funcionario, es no generar más víctimas. Se refirió, principalmente, a los “segundos ocupantes”, es decir, personas desplazadas que han adquirido de manera legal predios que fueron despojados o abandonados. De acuerdo con Castro, en la entidad hay 550 órdenes que se están atendiendo, para reconocer a estas personas y proponerles otras opciones a través de subsidios de vivienda y proyectos productivos.

Finalmente, el consejero Emilio Archila afirmó que no puede haber ninguna duda del compromiso del gobierno de Iván Duque con la implementación del Acuerdo de Paz y las planeaciones que se están haciendo para 2035: “Todos estos esfuerzos van a lograr que, con la prórroga de la Ley de Víctimas y el enfoque de género y étnico, eliminemos las condiciones que hicieron que en algún momento los violentos tomaran estas acciones”.

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