¿Por qué el partido FARC no despega?

Factores internos y externos han hecho difícil que el partido de las extintas Farc avance con paso firme. ¿De dónde vienen sus problemas y qué pueden hacer para resolverlos?

Con el Acuerdo de Paz, el partido FARC recibió cinco curules en la Cámara de Representantes y cinco en Senado.AFP

El destino de las Farc como nueva fuerza política se está definiendo por estos referentes: la orientación ideológica, las obligaciones de la legalidad, la incoherencia del Estado, los horizontes de legitimación, los desplazamientos en la cultura cívica y el cedazo de la justicia transicional.

La ideología ha empujado al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) a un cruce de caminos. Ha tenido que escoger entre volverse un partido marxista-leninista, a la usanza de los años sesenta, con toda la carga doctrinaria que esto supone, o conformar un movimiento flexible, con énfasis en la práctica parlamentaria, volcado a la paz y a las reformas sociales.

Lea: La propuesta electoral de las Farc en 2019

Ya en la legalidad, el nuevo partido ha tenido que enfrentar difíciles retos. El más delicado fue la detención de Jesús Santrich y su posible extradición. El efecto inmediato de este suceso ha sido la enorme desconfianza de algunos excomandantes guerrilleros, tanto más cuando transcurridos diez meses el pedido de extradición no ha sido apoyado con pruebas contundentes por parte de la justicia de Estados Unidos.

Las inconsistencias del Estado

Los incumplimientos de los compromisos oficiales o el retraso en los deberes contraídos han hecho aún más tortuosa la transición de las Farc a partido político. Es verdad que la nueva fuerza ha obtenido su representación en el Congreso. También es cierto que el alto consejero para estos asuntos sostiene que el nuevo gobierno ha seguido honrando la palabra empeñada por el anterior en relación con la seguridad para los guerrilleros y el respaldo económico a los espacios territoriales (aunque no hay que olvidar que 80 exmilitantes de base han sido asesinados).

Sin embargo, el Congreso dejó de aprobar las Circunscripciones Especiales de Paz. Y de la JEP fueron excluidos inexplicablemente los “terceros”, es decir, los probables financiadores de la guerra. Además, no se vislumbra un empeño verdadero del gobierno Duque en la reforma rural integral, que aparece difuminada en el nuevo Plan de Desarrollo. Todos estos son incumplimientos claros de los acuerdos.

Lea también: ¿Cómo le fue al partido de la exguerrilla en su primera legislatura?

Una difícil reinserción

El tránsito de la guerra a la política implica la apropiación de un capital simbólico por parte de los agentes de la subversión, hoy convertidos en actores políticos y necesitados del reconocimiento ciudadano. Pero esta aceptación ha sido esquiva. Para nadie es un secreto que las guerrillas conquistaban el “respeto” de la opinión más por el temor que por el valor de su causa. Esto se tradujo en un resentimiento evidente por parte del público que dura hasta hoy; algo que la paz no ha conseguido revertir. Además, actualmente los segmentos que pueden ser ubicados en el centro son mayoritarios. Al menos eso mostró la encuesta 2017 de cultura política del DANE, en la que el 12 % de los entrevistados se situaron en la izquierda y el 20,7 % en la derecha, mientras que un 42,6 % se autodefinieron como de centro.

También entre los votantes favorables al Acuerdo de Paz se nota un desplazamiento hacia el centro. Son evidentes los altos índices de aceptación de personajes como Sergio Fajardo o Claudia López, identificados con esta zona de la cultura política. Esta situación retardará la inserción simbólica en la política de los antiguos guerrilleros, todavía asociados con la confrontación armada.

Fragmentación

Por último, es relevante la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De esta instancia depende la solución de las dificultades del salto a la política y es tan importante que puede agravar la fractura en el nuevo partido y dejar sin salida a un sector de la exguerrilla, representado por Iván Márquez, en caso de no acogerse este a las convocatorias de los tribunales de la JEP. Timochenko y Pablo Catatumbo, por el contrario, han acudido sin ninguna vacilación a estas citaciones, para ofrecer su verdad y reivindicar por encima de todo a las víctimas, como ellos mismos lo reconocieron.

Le puede interesar: Entrevista. “Ni el ‘Paisa’ ni nadie se ha salido del proceso de paz”: Iván Márquez

Las diferencias ideológicas, la posición frente a los incumplimientos del Estado y los diferentes niveles de compromiso con la ley son factores que contribuyen al fraccionamiento interno de la FARC. La superposición de estas tres líneas de fractura ha profundizado el distanciamiento entre Iván Márquez y Timochenko, y lo ha hecho casi irreversible. Sin embargo, la tentación del regreso a la guerra parece haberse diluido, pues Iván Márquez y otros han enviado mensajes de compromiso con la paz.

Ahora bien, esta fractura interna está constreñida por el propio Acuerdo de Paz y por la justicia transicional. Por encima de los incumplimientos del Estado, se impone la obligación para todos los excomandantes de acudir a los tribunales de la JEP para poder recibir sus beneficios. No hay diferencias ideológicas o políticas que valgan para sustraerse de tal compromiso, pues si lo eluden quedarían sometidos a la persecución de jueces ordinarios, sin que por otra parte tengan ya mucho interés en regresar a la guerra.

Legitimación y justicia

Más que el fraccionamiento interno, al partido FARC lo afecta su retraso en la inserción cultural y su falta de reconocimiento por parte de la mayoría de los actores políticos. En otras palabras, adolecen de relegitimación, como lo dirían Ferrero o Norberto Bobbio. La presencia en los tribunales de la JEP de Timochenko y otros comandantes como Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Carlos Antonio Lozada, es el camino más seguro para relegitimarse como fuerza legal. De esta manera se puede conquistar el capital simbólico que haga creíble el nuevo proyecto.

La fuerza política de la FARC debe venir de una sanación cívica que pase por el reconocimiento de los delitos de lesa humanidad, la reivindicación de las víctimas, las penas alternativas, y por el perdón y la reconciliación. Esto significaría un proceso político renovado para el país.

* Rector de la Universidad Distrital y cofundador de la revista “Razón Pública”.