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Cauca es el departamento más violento para los excombatientes de las Farc. Desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, han sido asesinados 42 de ellos en ese departamento; la cifra más elevada en el país. El último caso fue el de Manuel Alonso Villegas, conocido como Romel, asesinado el 27 de diciembre en el municipio de Miranda. Los excombatientes viven entre el fuego cruzado de disidencias, grupos paramilitares y la guerrilla del Eln.
A pesar de la violencia, 1.226 excombatientes avanzan en su proceso de reincorporación en ese departamento, en cuatro antiguos espacios territoriales y once nuevas áreas de reincorporación. El 63 % de ellos (es decir, 775 exguerrilleros) tienen un proyecto productivo para su tránsito a la vida sin armas. Oficialmente, son 91 proyectos: 81 individuales y diez colectivos.
Para darle a conocer al país los frutos de la reincorporación en esta región, acaban de lanzar el catálogo Cauca cultiva la paz, con el apoyo de la revista Generación Paz, el componente Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), el PNUD y la Embajada de Noruega. Estas son algunas de las iniciativas incluidas.
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Los frutos del Patía
Al menos 250 hombres y mujeres, que pertenecían a los frentes 8 y 29 de las Farc, llegaron a la zona veredal de La Paloma, en Policarpa (Nariño), en enero de 2017. En ese momento el lugar no tenía la infraestructura necesaria para albergarlos, una problemática que se vivió en varias zonas del país; pero mientras en otros territorios se fueron haciendo las adecuaciones, La Paloma nunca despegó. En noviembre de ese mismo año, los exguerrilleros salieron de allí y se fueron al departamento del Cauca.
El espacio territorial se trasladó para el corregimiento de El Estrecho, a orillas del río Patía, en el municipio que lleva ese nombre, donde 86 excombatientes se asentaron en un predio que está a ocho kilómetros de la vía Panamericana, lo que les abría un abanico de posibilidades en materia de proyectos productivos. El resto de firmantes del Acuerdo de Paz se dispersaron en varios municipios.
Los excombatientes conformaron la Cooperativa Forjando Senderos de Paz (Coopsendapaz) y decidieron sembrar limón Tahití. Se juntaron 31 de ellos y presentaron un proyecto al CNR. En marzo de 2019 les desembolsaron $8 millones a cada uno de los miembros, así que en total tenían $248 millones que puso el Estado. A eso le sumaron otros $297 millones que puso la cooperación internacional, para una inversión total de $545 millones.
Aunque comenzaron con su proyecto apenas se les ocurrió, para que la producción empiece se necesitan cerca de tres años. Mientras tanto, sembraron con ese proyecto dos hectáreas de melón, que produce más rápido, y ya han sacado varias cosechas. Con corte a septiembre de 2020, habían comercializado 16.950 k, que llevan a Popayán, Nariño y Valle del Cauca, por los que han recibido alrededor de $20 millones. Actualmente hay un compromiso de enviar muestras del limón y el melón a Medellín, con una propuesta presentada por la Fundación Salvatierra para revisar calidad y precios.
Pese a haber avanzado en ese proyecto, su sustento principal continúa siendo la renta básica y el suministro de víveres que da el Gobierno para este antiguo espacio territorial. Mientras tanto, siguen avanzando en otras iniciativas productivas. La más adelantada, un proyecto de gallinas ponedoras apoyado por el PMA, el PNUD y la cooperación noruega, en el que tienen un galpón arrendado en El Tambo, pero están construyendo uno propio en el espacio. Además, presentaron un proyecto de ganadería ante el CNR que está en espera de aprobación. Hay otro de piscicultura que están terminando de formular y otro de reforestación, para cuidar las fuentes de agua.
La reconciliación entre campesinos y exguerrilleros en Miranda
El norte del Cauca fue una de las regiones del país que más sintió el impacto del accionar de las Farc. Los municipios de Toribío y Caldono son los que más registran tomas guerrilleras de las Farc durante el conflicto armado. La guerra rompió las fibras de las comunidades campesinas e indígenas de la región. Incluso, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, en las comunidades había quienes se oponían a que allí se instalaran zonas veredales para la reincorporación de los antiguos combatientes, en particular el sexto frente de la insurgencia.
Por eso, lo que ha sucedido en Miranda, en la misma región, parece inverosímil. Un grupo conformado por 38 exguerrilleros del sexto frente, incluyendo uno de sus máximos dirigentes, trabaja en una tierra que les dio la asociación campesina de la región. Salieron del antiguo espacio de reincorporación de Monterredondo, en ese mismo municipio. En enero de 2017, recién llegados a la zona, conformaron la cooperativa Centro de Promoción del Desarrollo Territorial (Ceprodet), una de las primeras entidades creada por firmantes del Acuerdo en el país.
Tenían la cooperativa, pero no tenían tierra para trabajar. Se lanzaron a hacer pedagogía de lo firmado por todo el municipio y empezaron a reunirse con campesinos, indígenas y estudiantes. “Eso hizo que la gente fuera creyendo y se fuera convenciendo de que el proceso de paz era en serio y que nosotros teníamos la voluntad de trabajar”, asegura Óscar Echeverry (conocido en las Farc como Carlos Antonio Acosta), quien llegó a ser segundo comandante del sexto frente. Ante la falta de tierra, la asociación campesina les abrió la puerta de la finca La Elvira, de 111 hectáreas, donde viven 29 familias campesinas. El único compromiso es que la tierra era para trabajarla.
Los exguerrilleros llegaron allí en octubre de 2017 y empezaron a levantar sus cultivos de maíz, fríjol y tomate. El área que les pusieron a disposición eran las zonas comunes de la finca, donde empezaron a ejecutar proyectos conjuntos con los labriegos y con la fundación Paso Colombia.
En 2019, con apoyo de universidades de la región, se unieron para formular un proyecto sostenible y presentarlo ante el CNR. La iniciativa tenía tres componentes: un proyecto piscícola de tilapia roja, uno porcícola y uno de ganadería. El proyecto fue aprobado y empezaron.
La principal apuesta es el de la tilapia. Actualmente, tienen cuatro estanques de geomembrana para los pescados y tienen proyectado llegar a ocho estanques. La expectativa es producir cerca de treinta toneladas al año, que comercializan en la región.
En la finca cercana de Los Samanes iniciaron hace un año con el componente de ganadería. Tienen trece vacas y catorce terneros, y están consolidando una planta para procesar lácteos y producir quesos, para lo cual ya se capacitaron.
Sin embargo, la falta de tierra amenaza con echar abajo el proyecto. La expectativa de los excombatientes era que el Gobierno comprara el predio de Los Samanes para la ganadería, pero por limitaciones jurídicas, según les han dicho la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia para la Reincorporación, no fue posible llegar a un acuerdo y ahora deben entregarle el predio al propietario el 24 de enero. Por eso, han empezado a entregar los novillos y repartir las utilidades, porque en La Elvira, donde tienen los proyectos piscícola y porcícola, no hay espacio para ese.
“Ya nos toca plantear el proyecto como en sociedad, con terceros, ver quién nos arrienda los pastos, pero ahí ya se empiezan a ir las utilidades. La leche vamos a tener que comprarla para la planta de lácteos, entonces ya no vamos a ser autosuficientes”, explica Carlos Antonio. Pero esas dificultades, más la de seguridad —al menos doce excombatientes que pertenecieron al espacio territorial de Monterredondo han sido asesinados—, no han impedido que la reconciliación de los exguerrilleros con la comunidad siga adelante. A la fecha, han ejecutado dos acciones de reparación simbólica en Miranda y otro más en Corinto. Allí, a nombre de las Farc, le han pedido perdón a la comunidad por las afectaciones que sufrieron durante la guerra. “En este momento nuestro aporte a la reparación es estar lejos de las armas, trabajando y convenciendo a los jóvenes de que se metan en proyectos y no se vayan a la guerra”, agrega Echeverry.
Caldono: tierra fértil para la paz
En la memoria de los habitantes de Caldono persiste el recuerdo de las tomas guerrilleras. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, la guerrilla perpetró nueve tomas y 21 ataques. Incluso, las Farc ponían nervioso a todo el pueblo cuando difundían el rumor de que iban realizar una acción armada de ese tipo. Esa historia quedó en el pasado desde el 28 de enero de 2017, cuando llegaron hasta la vereda Santa Rosa 447 exintegrantes de la columna móvil Jacobo Arenas para dejar sus armas. Desde el primer momento las comunidades indígenas entendieron que un proceso exitoso de reincorporación no dependía solo de los exguerrilleros.
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Fue así como el resguardo San Lorenzo prestó sus tierras para la instalación de la zona veredal. Su ejemplo fue seguido por la comunidad del resguardo Tumburao, que, por medio de un comodato, garantizó 500 hectáreas para que fueran trabajadas por los excombatientes. Para empezar con los proyectos, los exguerrilleros fundaron la Cooperativa Multiactiva Ecomún Esperanza del Pueblo (Coomeep), en 2017, que agrupa a 435 firmantes del Acuerdo y diez de sus familiares.
Con esa organización constituida y la tierra garantizada, echaron a andar proyectos de trucha (59 familias), aguacate hass (240 familias), porcicultura (105 familias) y ganadería (31 familias). Hoy están vendiendo 45 cerdos semanales y a finales de este año esperan que esa cifra suba a 180. Con las truchas tenían planeado terminar de construir las piscinas y empezar su llenado el 20 de diciembre del año pasado; sin embargo, Jean Carlo Moreno, representante legal de Coomeep, explica que no pudieron cumplir su meta debido a que llovió mucho. Esperan que el clima mejore para poder tener todo listo en abril y sembrar los peces. Su meta es llegar a vender treinta toneladas al mes.
En cuanto al aguacate, tienen setenta hectáreas sembradas y esperan que la primera cosecha salga entre finales de este año o inicios de 2022. Según le contó Moreno a Colombia 2020, las autoridades indígenas están pensando invertir para ampliar el terreno sembrado: “La confianza que ha construido la cooperativa en el territorio ha permitido que las comunidades la vean como una oportunidad no solo de reparación y reconstrucción del territorio, sino como una oportunidad de crecimiento empresarial”.
Las comunidades, el Estado y las organizaciones internacionales han entendido que solo la sumatoria de esfuerzos puede garantizar que la violencia sea un asunto del pasado en la región. “Las actividades que hacemos son encaminadas a reconstruir el tejido que, de alguna manera, fue golpeado por el conflicto y por la pobreza. Siempre lo hacemos con humildad, porque creemos que el mejor camino es reconocer que en la guerra se generaron daños para así poder construir la confianza que se afectó”, concluyó Moreno, quien sueña con que la cooperativa ayude a mejorar las condiciones de vida tanto de quienes hicieron la guerra como de quienes la padecieron.