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Norte de Santander no es un buen lugar para ser líder o defensor de derechos humanos. Tanto las personas que realizaron los mapas que hacen parte de este reportaje, cuyo énfasis son Cúcuta y los municipios de su área metropolitana, como el Ministerio Público consideran que el solo hecho liderar a sus comunidades, abanderar los reclamos y exigir sus derechos los pone en riesgo. Entidades estatales reconocen que algunas juntas de acción comunal (JAC) de zonas rurales han desaparecido. Entre enero y junio de 2019, el programa Somos Defensores registró cinco homicidios de líderes sociales en el departamento y 23 agresiones en su contra, una tendencia de victimizaciones que se mantiene en la región, según reportó esta ONG en su más reciente informe semestral.
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“En algunas veredas del área metropolitana de Cúcuta ya no hay Junta Comunal. No existe porque quienes hicieron parte de ella en su momento fueron amenazados, se fueron y luego ya nadie quiso asumir ese problema”, aseguró una funcionaria del Ministerio Público que prefirió no ser identificada porque no estaba autorizada para hablar.
Algunos líderes sociales denunciaron que hay miembros de la Policía que podrían estar involucrados con las economías ilegales, ya que no se explican cómo las mercancías ilícitas fluyen por toda el área metropolitana pese a los controles. Incluso culpan a la institución de filtrar información a los grupos armados sobre las denuncias que los líderes hacen ante las autoridades. El coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, dijo desconocer esta situación.
La información presentada en este reportaje y los mapas que lo acompañan fue suministrada por una veintena de líderes sociales y defensores de derechos humanos. La Paz en el Terreno hizo un taller con ellos para identificar, sobre el mapa del área metropolitana de Cúcuta, los factores y grupos que suponen riesgos contra su vida e integridad. El ejercicio se realizó con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y bajo la condición de guardar el anonimato de los participantes, por cuestiones de seguridad. La información suministrada por los líderes y defensores fue contrastada con diversas fuentes oficiales.
La capital de Norte de Santander ha sido uno de los enclaves más importantes para el contrabando y tráfico de todo tipo en los 43 kilómetros de frontera que comparten allí Colombia y Venezuela. Aunque en la ciudad hay más oportunidades para que la sociedad civil se organice y exija derechos que en los municipios del área metropolitana, denunciar los riesgos que traen las dinámicas ilegales atadas a la frontera y al microtráfico ha puesto en la mira a líderes comunales y comunitarios.
El tráfico de drogas en Cúcuta se da en dos niveles: el gran tráfico, que fácilmente pasa por la frontera hacia Venezuela, y el microtráfico, que, según líderes sociales de la ciudad, está presente en sus 10 comunas urbanas. La ruta de los narcóticos hacia el vecino país no pasa únicamente por el puente General Santander, sino también por trochas, desde diferentes puntos de las comunas 3, 4 y 10, un negocio que involucraría casas de cambio que en la frontera lavan el dinero del narcotráfico, según los líderes. El microtráfico, por su parte, tendría más presencia en las zonas de bares y clubes relacionados con la prostitución. Denunciar esta situación implica riesgos para los defensores de derechos humanos de la ciudad.
Fuentes oficiales registraron seis homicidios contra defensores de derechos humanos en Cúcuta durante el 2018, a los que se suman otros tres casos: dos de 2017, registrados por La Paz en el Terreno, y el asesinato del líder comunitario Francisco Cervantes en enero de 2019, registrado por el programa Somos Defensores. Fedecomunal, que asocia al menos 327 juntas de acción comunal en Cúcuta, es sujeto de reparación colectiva al haber sido reconocida su condición como víctima del conflicto armado por el asesinato de 114 de sus líderes.
En la zona rural de Cúcuta existen otros factores que generan riesgos. Por ejemplo, en los corregimientos Banco de Arena y Palmarito hay más de 1.300 hectáreas de coca, según mediciones que hizo la propia comunidad junto con algunas entidades estatales. El riesgo, en este caso, está asociado a las presiones que ejercen los grupos armados sobre las comunidades. Lo más grave es que no hay una solución a la vista, ya que estos cultivadores no entraron al Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), por vivir en una ciudad capital.
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En esos dos corregimientos, la comunidad está organizada alrededor de un proceso llamado “Agua para todos, soberanía alimentaria para garantizar la permanencia en el territorio”, por medio del cual buscan proteger 17.000 hectáreas en las que, aseguran, se encuentran cuerpos hídricos de los que depende el suministro de agua de 4.000 personas.
En medio de su lucha por la conservación se han tenido que enfrentar tanto con la minería legal como con la ilegal, lo que les ha valido amenazas. Los líderes dicen que los actores armados y las empresas se lucran de la explotación ilegal de carbón en ese sector. Cuentan que “los grupos armados cobran una parte de las ganancias por la venta del carbón y las empresas compran el mineral extraído ilegalmente”.
Las amenazas han obligado a varios líderes de Banco de Arena y Palmarito a abandonar la región. Por ejemplo, el vicepresidente de la JAC de Monte Verde está exiliado en Europa porque fue perseguido en Cúcuta. “Es un territorio donde no hay ningún tipo de garantía institucional”, dijo uno de los líderes.
Junto a la capital del departamento se encuentra el municipio más pequeño de Norte de Santander: Puerto Santander, que otrora sirviera de base de operaciones para Jorge Iván Laverde, conocido como el Iguano, exjefe de las Auc. Ningún líder de esa región acudió al taller, pero hay documentos que demuestran la situación de los defensores de derechos humanos de esa zona.
En septiembre de 2019, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que advirtió del “incremento del fenómeno de desaparición forzada, homicidios selectivos, amenazas contra la población civil en general y el riesgo para el ejercicio de defensa de los derechos humanos de los líderes sociales”.
Por las constantes amenazas y ataques, hay juntas de acción comunal que no están funcionando y otras lo hacen de manera muy intermitente. “Nadie quiere asumir el liderazgo porque es un problema para la seguridad”, dijo una persona del Ministerio Público que pidió no ser identificada porque no tenía autorización para hablar.
Villa del Rosario, otro municipio de la región, fue uno de los escenarios del horror paramilitar. Allí, el frente Fronteras, comandado por Laverde, incineró decenas de seres humanos en un horno crematorio. A pesar de que parte de esa estructura se desmovilizó hacia 2005, la situación de derechos humanos sigue siendo muy compleja. “Hay zonas donde la actividad comunal prácticamente está anulada”, dijo la misma fuente del Ministerio Público que se refirió a la situación de Puerto Santander.
Las agresiones en Villa del Rosario no solo han estado dirigidas contra los líderes sociales, comunales y víctimas que denuncian violaciones a los derechos humanos. También contra la población en general, particularmente contra la comunidad LGBTI. “Como líderes no podemos tener una reunión a campo abierto, porque estamos expuestos a que nos asesinen”, aseguró una lideresa, situación que la dirección de la Policía Metropolitana de Cúcuta dice desconocer.
En ese municipio hacen presencia un gran número de grupos armados, como los Rastrojos, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (o Clan del Golfo, como lo llaman el Ejército y la Policía), las guerrillas Eln y Epl, además de bandas como el Tren de Aragua, la Frontera y la Línea, entre otras.
En Los Patios han sido agredidos cinco líderes en 2019; dos de ellos se tuvieron que desplazar y los otros tres siguen en el municipio a pesar de las amenazas que han recibido. Hace ocho meses hubo un atentado con granada en contra de un líder social en el municipio. En el hecho resultó herido su hijo, un menor de edad. Hace cuatro meses, un líder huyó del municipio tras recibir amenazas; hace cuatro meses también, otro hizo lo propio. Dos líderes más están amenazados. La mayor preocupación son los grupos de delincuencia común que hacen presencia en el sector.
El casco urbano del municipio es escenario de microtráfico y, debido a su cercanía con la frontera venezolana, es usado como un sitio de tránsito para el contrabando de gasolina. Los líderes aseguran que no tienen garantías para denunciar.
Los líderes de todos los municipios mencionados en este artículo hablaron de un tema que parece intocable en la región: el contrabando de gasolina. Todos señalan que detrás de esa actividad hay intereses muy poderosos que reaccionan con violencia ante cualquier denuncia. Sin embargo, el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Luis Palomino, asegura que “ha estado entrando muy poca gasolina por dos situaciones: los controles han sido eficientes y también hay una disminución de la producción de gasolina en Venezuela”.
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Sobre la desprotección que han denunciado los líderes, Palomino dijo que “después de cada denuncia, la Policía Nacional de inmediato convoca el Comité Estratégico de Derechos Humanos y de inmediato se generan las acciones de coordinación con las instituciones con Defensoría, Procuraduría y sobre todo la acción correspondiente con la Unidad Nacional de Protección”.
Los líderes sociales piden que se respeten sus vidas y que el Estado llegue de manera integral al departamento para que les garantice la protección de sus comunidades y territorios, una labor que ellos han decidido hacer a pesar de que los amenacen todos los fuegos.
*La Paz en Terreno es una alianza periodística entre Colombia2020 de El Espectador y Rutas del Conflicto para hacerles seguimiento a los ataques contra líderes sociales y a la reincorporación de excombatientes. Cuenta con el apoyo de Fescol y Pnud.