En el Valle del Cauca, los excombatientes no renuncian a la paz

Los exguerrilleros asentados en Tuluá continuaron, en conjunto con la comunidad de la zona, la herencia que les dejó el excomandante de las Farc Wilson Saavedra, asesinado en mayo de este año. Ese proyecto es el centro de la implementación del Acuerdo Final de Paz en el departamento.

José Alonso Valencia (Izq.) y Harold Ordoñez (Der.), excombatientes de las Farc, trabajan de la mano con una asociación campesina de Tuluá, de la cual Edilberto Niño (Centro) es el representante.Iván Muñoz

En las montañas del centro del Valle del Cauca no termina de cerrarse la herida que dejó uno de los golpes más fuertes que ha recibido la paz en esa región del país. Más de tres meses han pasado desde que el excomandante del frente 21 y de la columna Víctor Saavedra de las Farc, Wilson Saavedra, fuera asesinado el 14 de mayo en el municipio de Tuluá. Era la cabeza visible de la reincorporación de la extinta guerrilla en este departamento y su homicidio sembró la incertidumbre entre quienes lo seguían en el proceso. Sin embargo, su herencia en el territorio continúa avanzando.

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José Alonso Valencia, exintegrante de las Farc, fue uno de los hombres más cercanos al excomandante Saavedra en los meses previos a su asesinato. Ese día estaba internado en la clínica San Francisco de Tuluá, para un procedimiento en el corazón, cuando ingresaron allí mismo al que había sido su compañero, luego de que fuera baleado por dos sicarios. Hoy, con la cabeza más fría, analiza el impacto que ese hecho ha tenido en ellos: “Nosotros muchas veces hablamos de que esto no iba a ser fácil. Recordábamos lo que pasó en los 80 con los líderes de la Unión Patriótica, y entonces para nosotros esto se veía venir, porque todavía algunos seguimos en pie y también venimos siendo hostigados”.

Valencia hace parte del grupo de excombatientes del frente 21 de las Farc que tras la firma de la paz, y siguiendo a Wilson Saavedra, se concentraron en un principio en la zona veredal de Marquetalia, en Planadas, sur del Tolima. Asimismo, pertenece a los más de 30 hombres que salieron de esa zona hacia la cordillera central del Valle del Cauca, de donde son oriundos, buscando otros horizontes para su proceso de reincorporación. Allí, en municipios como Tuluá, venían trabajando desde hace meses en un proyecto que ha ido consolidando la reconciliación entre los exinsurgentes y la comunidad de la zona.

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Se trata de una iniciativa que hace parte de los Territorios Productivos de Paz y Reconciliación, que pertenecen al Modelo Territorial para la Paz, impulsado por la Gobernación del Valle del Cauca en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Aunque el foco principal de esos territorios productivos eran las víctimas, en lugares como Tuluá se ha logrado vincular a quienes están en su proceso de reincorporación.

De hecho, el excomandante Saavedra fue uno de los interlocutores de los excombatientes con la Gobernación y el PNUD para tramitar la iniciativa, que básicamente consiste en proyectos productivos colectivos de seguridad alimentaria y producción agrícola. Edilberto Niño es un campesino de la zona rural de Tuluá, víctima de desplazamiento forzado en épocas de guerra, que viene trabajando mano a mano con los exguerrilleros, y reafirma el papel que jugó Saavedra en la gestión del proyecto. “Él nos reunió y nos dijo: ‘Hay un proyecto con la Gobernación. Ustedes verán si lo sacamos’. Él dijo: ‘Yo agilizo ese proyecto’”.

Harold Ordóñez es otro de los excombatientes de las Farc que hacen parte de este proceso que hoy está enfocado principalmente en la producción y comercialización de café. Es en esta última fase en la que los exguerrilleros desempeñan su rol: vendiendo el café producido en las fincas de los campesinos. Hoy reafirma su voluntad de seguir adelante, pese a los golpes que ha recibido la implementación del Acuerdo: “Como movimiento se buscó de todas las maneras posibles el triunfo por la vía armada, pero ya se hizo el balance y por eso fue que avanzamos en la firma del Acuerdo, porque no hubo la posibilidad de avanzar por esa vía, entonces estamos buscando la forma de que esos cambios que necesita el país se puedan hacer de otra manera”.

Ante la pregunta de si se le ha pasado por la cabeza alguna vez apartarse del proceso de paz en razón, por ejemplo, del asesinato de Wilson Saavedra, José Alonso Valencia es firme en su defensa de lo avanzado: “No, nunca. Porque es que uno también ha puesto su gotica de sangre, uno también ha perdido amigos, ha perdido seres queridos. Hasta ahora no lo he pensado ni lo pensaré, porque esto ha costado mucho, y así estemos con las tempestades encima, hermano, siempre hemos surgido”.

Pero el proyecto en el que avanzan ese grupo de excombatientes y la comunidad en Tuluá es en realidad solo una pieza de la estrategia que ha venido construyendo paz en este territorio desgarrado por la violencia de los paramilitares del bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y diversas columnas y frentes de las Farc.

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Fabio Cardozo es el secretario de Paz de la Gobernación del Valle y está al frente de la implementación del modelo de paz territorial en el departamento. Según explica, es un esfuerzo por aterrizar la paz en la región que empezó poco antes de la firma definitiva de la paz entre las Farc y el Estado colombiano. Particularmente, con la iniciativa de los territorios productivos se busca “llevar hasta esos lugares profundos del departamento que fueron escenario de guerra, la acción del Gobierno en favor de la recomposición de las economías campesinas fracturadas por la acción de la guerra. El desafío más grande es lograr que esos territorios se copen con la institucionalidad, no solamente con la presencia de la Fuerza Pública, sino que se mejore la conectividad, se habilite esas economías, se fortalezca el tejido social debilitado”.

Son 14 municipios los que fueron priorizados por la estrategia, con principal énfasis en aquellos ubicados sobre la cordillera central del departamento, entre ellos Pradera, Florida, Palmira, Buga, Tuluá y Sevilla. En varios de ellos hay asentamientos importantes de excombatientes de las Farc (pese a que en el Valle del Cauca no hay un espacio territorial de reincorporación como tal), y en total en el departamento hay cerca de 400 exguerrilleros, la mitad de ellos en Cali.

“Frente a los nubarrones que se han cernido en contra del Acuerdo, por parte de los opositores a nivel nacional, reducidos pero poderosos, la respuesta debe ser desde los territorios”, asegura Cardozo.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, explica que este modelo impulsado por su administración surge por la necesidad de implementar el Acuerdo de Paz según las realidades de la región. “La paz no se construye desde Bogotá, la paz se hace desde los territorios. Entonces, a lo que le dimos más importancia era a recuperar el campo, lograr que esas personas que habían sido tan agobiadas por el conflicto armado, por el sufrimiento, las que se habían desplazado, volvieran a tener o pudieran tener por primera vez unas condiciones de vida mejores”.

Gran parte de la estrategia significó en un principio ajustar toda la institucionalidad en favor de la paz. Así, por ejemplo, se reactivó el Consejo Departamental de Paz y se crearon los consejos municipales de paz, que hoy son 26 en el departamento.

Jamundí, el foco de la violencia

En la realidad territorial de lo que viene sucediendo con la implementación de la paz en el Valle, capítulo aparte merece la situación de Jamundí, en el sur del departamento. Varios llamados ha elevado ya la Defensoría del Pueblo sobre la confluencia de actores armados en ese territorio, sobre el que incluso se ha llegado hablar de la presencia de carteles mexicanos de la droga.

En una alerta temprana emitida el 22 de enero de este año, la Defensoría documentó que en este municipio había presencia del Epl, del Eln, de estructuras disidentes de las Farc y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). “A esta compleja presencia de grupos armados en la zona se suman las ya insistentes versiones relacionadas con la visita que estarían haciendo sujetos foráneos ‘con un acento raro, como el de las novelas mexicanas’, de acuerdo a los comentarios aportados por habitantes con los cuales han interactuado”, se lee en el documento.

La situación fue reafirmada por varios líderes del territorio con los que dialogó Colombia 2020 en la zona, que dieron cuenta del temor que se vive en la zona alta de Jamundí. “El temor está. En la zona es constante la presencia del narcotraficante sometiendo y obligando a muchas personas a cultivar (coca)”, dijo Lina Tabárez, defensora de derechos humanos en esa parte del territorio.

Sobre este panorama, la gobernadora Toro atribuye la escalada de violencia al aumento de cultivos de uso ilícito en el municipio. “Lo que hay en Jamundí es un aumento en las hectáreas sembradas de coca, en la zona alta particularmente, y es una zona muy estratégica porque es el paso del norte del Cauca hacia Buenaventura, hacia el Naya, y, por supuesto, el narcotráfico utiliza esos pasos fáciles para llegar hasta Buenaventura y sacar la droga. Entonces eso nos ha generado unos procesos de violencia en el sector”.

Precisamente, los cultivos de coca en la zona alta de Jamundí son en este momento la piedra angular del diálogo entre las comunidades y las autoridades locales y nacionales. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en Jamundí hay poco más de 100 hectáreas sembradas de coca, con corte a 2018, pero en el territorio aseguran que es una medición que refleja la cifra de hace dos años. El secretario de paz asegura que se trata de más de 1.000 hectáreas en esa zona.

La instrucción del Gobierno Nacional era iniciar acciones de erradicación forzada, pero por la resistencia de los campesinos, e incluso de la gobernadora Toro, la decisión se frenó. Sin embargo, el Gobierno ya señaló que no hay recursos para implementar allí el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), por tanto esa alternativa por el momento ha quedado descartada. Se ha buscado, entonces, realizar un proceso con recursos de la Gobernación que permita que los campesinos hagan el tránsito de la coca a economías legales.

“Nosotros estamos sujetos a una decisión del Gobierno central. El Gobierno central dice: ‘Se acabó la plata del PNIS, vamos a erradicar’. Nosotros decimos: ‘Bueno listo. Esa es una decisión del Gobierno central, pero intentemos con las comunidades construir un modelo que permita esa erradicación de carácter voluntario’”, explica el secretario Cardozo.

Sin embargo, la gobernadora es clara en su rechazo a la permanencia de los cultivos en Jamundí. “No podemos tener siembra de coca en el territorio. No puede haber, y eso es clarísimo, porque da pie al narcotráfico, al microtráfico y a la violencia que estamos viviendo. Eso es una política nacional que ellos definirán cómo la hacen, pero sí nos tienen que terminar los cultivos en el Valle del Cauca”.

Eso implicaría, dice la gobernadora, estrategias como la fumigación con glifosato, aunque con estándares distintos, “por ejemplo, hacer la fumigación a menos metros de altura o con menor concentración, es decir, que no genere daños a la salud”. También la erradicación forzada, aunque, dice, en un proceso concertado con los campesinos. “Eso no quiere decir que la erradicación no se haga en algún momento”, afirma.

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2019-09-02T06:00:47-05:00

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Sebastián Forero Rueda / @SebastianForerr

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