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La verdad de las víctimas que se quedará en la selva por el rearme de Márquez

El anuncio de rearme que hicieron “Iván Márquez” y un grupo de mandos medios de la exguerrilla llenó de incertidumbre a sus víctimas, porque así se pierde la posibilidad de saber qué pasó con ellos y sus seres queridos. Les piden que cumplan su palabra empeñada en el Acuerdo.

Laura Dulce Romero @Dulcederomerooo
31 de agosto de 2019 - 12:00 p. m.
Acto de perdón y reconciliación entre las Farc, con Iván Márquez a la cabeza, y víctimas de la masacre de la Chinita perpetrada por la exguerrilla. Mucho antes de que Márquez tomara las armas. / Archivo.
Acto de perdón y reconciliación entre las Farc, con Iván Márquez a la cabeza, y víctimas de la masacre de la Chinita perpetrada por la exguerrilla. Mucho antes de que Márquez tomara las armas. / Archivo.

"Me senté con Iván Márquez en La Habana, Cuba. Me volví a sentar después de que el No ganara en el plebiscito. Reconstruimos el Acuerdo de Paz para darle respuesta a ese sector que quería modificaciones. Estuvimos seis horas sentados, él y yo, trabajando entre víctimas de El Nogal y victimarios. Lo que yo esperaba de Iván Márquez es que cumpliera con ese documento que construimos. Incumplió. Ahora le digo a él: no más armas, no más guerra, no más extorsión. Esa no es la manera”.

Bertha Lucía Fríes, víctima del atentado de El Nogal, ocurrido en Bogotá en 2003 y el cual dejó 36 muertos y cerca de 200 heridos, siente una profunda decepción al ver el video en el que un grupo de excomandantes de las Farc, entre ellos Iván Luciano Márquez Marín, Hernán Darío Velásquez, Seuxis Paucias Hernández y Henry Castellanos, conocidos en la guerra como Iván Márquez, el Paisa, Jesús Santrich y Romaña, anunciaban su regreso a la guerra.

También siente rabia. No quiere perder la posibilidad de encontrar la verdad y la reparación por el atentado que la dejó más de ocho años incapacitada. Pero ahora todo se tambalea porque su victimario, el Paisa, no volverá. ¿Qué reparación esperaba de él? “No quería plata. A mí con lo único que me podía reparar era con un compromiso: no repetir un solo acto de violencia”.

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Marta Ospina cree que se le escapa la esperanza de saber dónde está su esposo, Gerardo Arandia, un geólogo que fue secuestrado y posteriormente desaparecido por la columna móvil Teófilo Forero en el 2000. Recuerda: “El Paisa me dijo que me iba a contar qué pasó con él, pero se fue. Y ahora no sé qué va a pasar. Solo quiero que me responda: ¿qué pasó con mi esposo? ¿Está vivo o muerto? ¿Aún lo tienen retenido?”.

¿Qué tipo de reparación esperaba de él? Ospina piensa igual que Fríes: “La verdad. No hay otra reparación que pueda darnos. Eso calmaría muchísimo mi dolor”. Hoy está en el grupo de víctimas acreditadas por el caso 001, sobre secuestro, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y espera que los mandos medios o los que pertenecieron a este grupo de las Farc le den una razón, pero es escéptica. Hay verdades, dice, que solo sabe el Paisa y que, al parecer, se quedarán en la selva.

Quienes sufrieron el conflicto armado sienten temor, incertidumbre, rabia y tristeza. Pero eso no les quita las ganas de continuar trabajando por la paz. Las víctimas están acostumbradas a ver más espaldas que caras, y aun así siempre buscan la manera de ser escuchadas. El mensaje no ha cambiado y no cambiará: la guerra no es una opción para Colombia. Hay que cumplir con los Acuerdos de Paz que se pactaron hace dos años en Cuba.

“Hay desesperanza, pero tenemos que mantener la fe y confiar en las instituciones. Creo que podemos enderezar el camino. Hay mucho por trabajar. El proceso es largo, pero se necesita más apoyo y participación de las víctimas”, dice Ospina.

Fríes está de acuerdo y ve este momento como una oportunidad: “Esto es un llamado de atención. Después de leer con juicio el manifiesto de la segunda Marquetalia, con esto espero que no me malinterpreten porque no justifico el rearme por ningún motivo, Márquez sí plantea una pregunta importante: ¿por qué no se está cumpliendo con el Acuerdo Final?”.

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La misma pregunta se hace el sacerdote Antún Ramos, sobreviviente de la masacre de Bojayá, cometida en 2002 por las Farc. Y de ella, advierten ambos, se desprenden muchas más: ¿cuántas tierras han sido titularizadas y se han entregado a los campesinos? ¿Cuántos proyectos de sustitución de cultivos están funcionando? ¿Realmente los campesinos han mejorado sus condiciones de vida? ¿Qué pasó con las circunscripciones electorales para las víctimas?

Cuando le preguntan al padre Ramos cuál es la prioridad de los acuerdos, él advierte que, si bien las víctimas son las protagonistas, ahora es necesario rodear y proteger a los excombatientes que siguen apostándole al proceso de paz: “Hay que hacer lo imposible para que estos que se quedaron no se vayan. Hay que darles la garantía a todos los actores, de derecha o izquierda, que decidieron entrar a la vida civil. Que les respeten la vida y les cumplan con los acuerdos”.

El sacerdote recuerda que, después de los acuerdos con las Farc, hubo más tranquilidad en Bojayá. Por eso le asusta el rearme. Ellos, más que el resto del país, saben bien qué es correr para esconderse en medio de combates. Ahora no solo le preocupa que esta disidencia de Iván Márquez vuelva a la región, sino también la presencia de otros grupos que están reviviendo la zozobra y la angustia que vivieron en los noventa e inicios del 2000.

La guerra solo acaba con inocentes

Ni quienes han sido sus enemigos a muerte pueden entender la decisión de los excomandantes de las Farc. Darío Alfaro, soldado profesional del Ejército y víctima de la toma de Gutiérrez (Cundinamarca), en la que murieron 38 soldados, cometida por las Farc el 8 de julio de 1999, espera que Márquez, Santrich, el Paisa y Romaña, quien lideró la toma en la que salió herido, recuerden los muertos, la mayoría inocentes, que dejó una guerra deshumanizada y sin sentido.

“¿Por qué nos vamos a mentir? Al final nos estábamos matando y no hay nada que justifique eso. Ojalá recuerden que en los combates los más afectados eran los campesinos de a pie que se dedicaban a cultivar sus tierras, que luego les tocaba abandonar por razones ajenas a su voluntad. Debemos continuar con el proceso de paz. Hay que proteger las instituciones y estas a su vez cuidar a quienes ya se acogieron. No retrocedamos. No volvamos a la época en la que no podíamos salir de las ciudades”, expresa el soldado retirado.

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Pero la guerra no solo atenta contra inocentes por los combates, sino también por las prioridades que asumen los gobiernos. Sebastián Arismendi, hijo del diputado del Valle Héctor Fabio Arismendi, asesinado por las Farc, señala que lo más grave es que “la agenda política va a quedar otra vez impregnada por la palabra Farc”.

Arismendi cree que los líderes políticos ahora solo se enfocarán en este tema y evadirán, como lo hicieron durante décadas, otras necesidades: “Ahora se enfocarán en cómo tratar de atacar las disidencias y no en las cosas importantes que un país en vía de desarrollo como Colombia necesita: innovación, energía renovable, sostenibilidad, calidad de vida para sus habitantes. No olvidemos que al final de cuentas esto es lo que queremos la mayoría: que el país cambie su forma de pensar, que la sociedad trabaje por eso”.

Las víctimas de las Farc consultadas hacen tres peticiones. La primera está dirigida a la nueva disidencia: recapaciten y vuelvan, porque si las armas no solucionaron un conflicto en 60 años, mucho menos lo harán ahora.

La segunda, al presidente Iván Duque. Le insisten en que lidere la implementación de los Acuerdos de Paz, que no solo los aclama el país sino también la comunidad internacional. Finalmente, a los colombianos: esperan que no les den la espalda a las víctimas ni a la paz y les recuerdan que no hay mejor motor de la guerra que la indolencia.

Por Laura Dulce Romero @Dulcederomerooo

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