FECODE es una organización comprometida con la defensa de la educación pública como derecho fundamental y bien común, con una lucha histórica para garantizar que los dineros públicos se inviertan en lo público, que la educación corresponda a las necesidades y contextos de nuestras comunidades. Todo esto en profunda contradicción con los sectores y los partidos tradicionales que han gobernado este país y que buscan negar el derecho a la educación, con un claro interés por la privatización de la misma.
El proyecto conciliado por las diferentes bancadas en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, el pasado 5 de junio del año en curso, no corresponde con los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y FECODE. La enmienda presentada no fue consultada con la Federación, por el contrario, se hizo caso omiso a varias proposiciones que de manera oportuna radicamos en el desarrollo de los debates, con el propósito de ser discutidas e incorporadas, tal como lo reza el trámite parlamentario; sorpresivamente se incluyeron propuestas regresivas que desvirtúan por completo el reconocimiento del derecho fundamental a la educación, como las siguientes:
- Incorpora un enfoque mixto de la educación, aperturándola a las lógicas del mercado, habilitado claramente la privatización y mercantilización de la misma bajo el pretexto del mejoramiento de la calidad y la falacia de la participación, que plasma el interés de imponer la simbiosis entre el recurso público y el sector privado.
- Golpea los fines y objetivos de la educación, reafirman el enfoque basado en competencias, negando la posibilidad de abrir la discusión de una reforma curricular necesaria, debilitando el carácter y la función social que tiene la educación.
- Restringe el acceso a la educación superior de las amplias poblaciones con mas dificultades, al imponer como criterio la meritocracia.
- Sin la suficiente sustentación, ni debate con la comunidad educativa y académica, crea el nivel educativo terciario.
- Incluye el mandato de los organismos multilaterales de subordinar la evaluación docente a resultados que no dependen exclusivamente de la práctica pedagógica, sino de múltiples factores asociados a la educación que le corresponde garantizar al Estado, generalizándola y profundizando su interés perverso y punitivo, desconociendo su carácter pedagógico, transformador y constructivo.
- Niega el carácter obligatorio de los grados de transición, jardín y pre-jardín en las instituciones educativas públicas bajo administración del Estado, con planta docente titulada y vinculada por concurso, como debe corresponder a todas las áreas, niveles y modalidades educativas.
Por estas razones y ante el poco margen de tiempo, le planteamos al Gobierno Nacional que tome la determinación de no permitir la aprobación de este proyecto y se proceda a generar una amplia movilización alrededor de un nuevo diálogo social participativo, que consolide y garantice la educación como un derecho fundamental y bien común.
Manifestamos nuestro rechazo total a los conciliábulos a puerta cerrada, prácticas que invisibilizan las realidades territoriales, cercenan derechos adquiridos y las libertades democráticas, alimentan los apetitos de sectores y empresarios que ven en la educación una oportunidad de negocio, mercantilización y tercerización. Nos oponemos a toda iniciativa de privatización pretendida por la derecha y la ultraderecha de este país.
Llamamos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, a los sectores sociales, populares, culturales, ambientales, académicos, movimiento indígena, campesinos, estudiantil, universitario y otros, a cerrar filas para defender la Educación Pública Colombiana como bien común y derecho fundamental, la misma que debe ser gratuita, universal, atendida, garantizada y administrada directamente por el Estado.
Finalmente, declaramos en estado de alerta máxima al magisterio colombiano, convocamos a Junta Nacional de FECODE de manera virtual el lunes 10 de junio y a PARO NACIONAL para el día miércoles 12 de junio por el hundimiento de esta enmienda, que desdibuja el espíritu de la educación como derecho fundamental y bien común.
COMITÉ EJECUTIVO
DOMINGO AYALA ESPITIA - Presidente
LUIS EDGARDO SALAZAR B. - Secretario General