En busca de una reforma integral a la Policía Nacional

El uso excesivo de la fuerza en el paro dejó varias personas asesinadas.

Foto: Juan Herrara - @juansa_he_ - cortesía Amnistía Internacional

“El 28 de abril la Policía Nacional me quitó un ojo, pero sigo teniendo una voz. La reforma policial es necesaria para que todas las personas podamos reclamar nuestros derechos sin miedo a ser ultrajadas, torturadas, asesinadas o exiliadas. La Policía Nacional debe protegernos y actuar acorde con la defensa de los derechos humanos”, asegura Leidy Cadena, sobreviviente de trauma ocular.

Este es solo uno de los relatos de las decenas de casos que hay en Colombia de individuos que han sido víctimas de violencia policial. Pensando en esto, 20 organizaciones de la sociedad civil colombiana y más de 160 víctimas de uso excesivo de la fuerza le entregaron al gobierno del presidente Gustavo Petro una propuesta integral para la reforma policial en Colombia.

El documento es fruto de un trabajo colaborativo de discusión y participación de más de un año liderado por la Mesa por la Reforma Policial, una coalición constituida en 2021 para proponer soluciones a la respuesta represiva y violenta del Estado en contra de quienes se manifestaron pacíficamente durante el paro nacional en ejercicio legítimo de sus derechos a la reunión y la protesta.

El pliego de propuestas para una reforma policial integral está basado en seis temas que consideran especialmente sensibles y necesarios para una reforma policial que limite y restrinja el accionar violento, prohibicionista e injerencista de la Policía Nacional, que asegure el respeto por los derechos humanos, que se subordine al orden constitucional vigente, al poder civil y a la normativa nacional e internacional sobre derechos humanos. Estos temas son:

1. Doctrina y desmilitarización de la Policía Nacional.
2. Estructura general y funciones de la Policía Nacional.
3. Ingreso a la carrera policial, formación y ascenso de miembros de la Policía Nacional.
4. Uso de la fuerza por parte de integrantes de la Policía Nacional.
5. Mecanismos de control de la actividad policial y veeduría ciudadana.
6. Verdad, justicia y reparación de la violencia policial.

Asimismo, este pliego pretende ser una hoja de ruta para que la Policía Nacional reconstruya la confianza con la ciudadanía a partir de cinco líneas generales:

1. La Policía debe ser un servicio público al mando de instituciones civiles.
2. La Policía debe formarse por y para los derechos humanos.
3. La Policía debe respetar y garantizar la protesta social.
4. La Policía debe rendir cuentas a la sociedad.
5. El Estado colombiano debe garantizar justicia para las víctimas y erradicar el abuso policial.

Cada temática se desarrolló en mesas de diálogo por las que circularon los distintos actores participantes, posibilitando la escucha y la participación de múltiples voces y enfoques en cada una de las mesas.

Una necesidad urgente

En los últimos años, según relata Amnistía Internacional, “se ha demostrado que en Colombia la Policía Nacional usa regularmente la fuerza de manera excesiva en contra de las personas que protestan. El uso excesivo de la fuerza dentro del paro nacional dejó un saldo de decenas de personas asesinadas, cientos de desaparecidas, miles heridas y decenas de mujeres y LGBTIQ+ víctimas de violencia basada en género. A estas se suman las muchas que prefieren no denunciar por temor a ser estigmatizadas, perseguidas y criminalizadas”.

“Una reforma policial integral permitirá a Colombia acercarse al cumplimiento de sus obligaciones internacionales y constitucionales de proteger los derechos humanos de todas las personas”, sostiene el grupo diverso de organizaciones sociales que acompañan a víctimas de violencia policial, académicos y académicas, así como colectivos de defensa de los derechos humanos de Colombia.

“Ninguna institución debe movilizarse para impedir a las personas alzar la voz para reclamar por sus derechos. El Gobierno colombiano debe escuchar a la sociedad civil colombiana, a las organizaciones de defensa de derechos humanos y a las víctimas de violaciones a derechos humanos e iniciar una reforma policial integral con enfoque de derechos humanos”, agrega la coalición.

La metodología y las discusiones técnicas estuvieron atravesadas por dos enfoques que las organizaciones y las víctimas consideran esenciales: el diferencial y el interseccional.

A través de la aplicación de enfoques diferenciales, dicen, reconocen la existencia de violencias e injusticias históricas asociadas con las características como la raza, el género, la clase social, la posición política, la religión, entre otras, que la sociedad ha hecho recaer sobre personas y comunidades específicas. A partir de ese reconocimiento exigen que las instituciones y la sociedad, especialmente la Policía Nacional para lo que interesa el pliego, adopten medidas afirmativas concretas, tanto internas como proyectadas hacia la sociedad, para hacer cesar la violencia, reparar sus efectos y garantizar su no repetición.

Mientras tanto, el enfoque interseccional ayuda a reconocer la presencia de dos o más características diferenciales simultáneas que producen experiencias desiguales y, en un contexto histórico, social y cultural determinado, incrementan desproporcionadamente las cargas y las vulneraciones que el sujeto que las posee debe soportar. Estos conceptos han sido desarrollados jurisprudencialmente, entre otras, en la Sentencia T-141 de 2015 de la Corte Constitucional.

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