En 1995 se constituyó la EPS Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó (AMBUQ) que, bajo un sistema solidario, surgió como una opción para facilitar el acceso a la salud a las poblaciones vulnerables. Se formó como una asociación sin ánimo de lucro para tratar de brindar un adecuado aseguramiento de los riesgos en salud a las personas de los departamentos de Chocó, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Sucre, Cesar, Córdoba, Valle y La Guajira.
Para determinar la calidad de la prestación del servicio de salud e identificar cuáles son las EPS que más niegan servicios a sus afiliados, el Ministerio de Salud en conjunto con algunas universidades y, en cumplimiento de la orden impartida por la Corte Constitucional en la sentencia T-760 de 2008 y los autos 261 y 262 de 2012 realiza una evaluación anual, en donde se tiene en cuenta el acceso a los servicios de salud, la capacidad de respuesta de las EPS y la satisfacción de los usuarios, entre otros.
Entre 2013 y 2019, AMBUQ estuvo entre los diez primeros puestos de esta evaluación, que se realiza a 38 EPS de todo el país, y en 2020 ocupó el quinto lugar, lo que evidencia que la prestación del servicio por parte de AMBUQ es de buena calidad, según la evaluación del Ministerio.
David Palacios Bonilla, presidente de la junta directiva de la EPS, afirmó que “las (EPS) que sacan las peores calificaciones son las que se quedan con los recursos del sistema de salud y para 2021 AMBUQ sigue en el quinto puesto”.
Por calificaciones como esta, la junta directiva de AMBUQ no entiende por qué Fabio Aristizábal, superintendente de Salud, califica a la EPS como “la peor del país” y comenzara un proceso de liquidación que llevó a que sus afiliados fueran enviados a otras entidades prestadoras de salud, como Coosalud, Nueva EPS y Sanitas; las cuales ocuparon los puestos 37, 33 y 22, respectivamente, en la evaluación del Ministerio. “Mandaron a los afiliados de AMBUQ a las EPS con calificación mala, porque es un negocio que viene desde 2016″, resaltó Palacios.
De acuerdo con el presidente de la junta directiva de AMBUQ, la Supersalud ha realizado una presunta persecución desde 2016 cuando, según él, sin argumentos valederos, ordenó la liquidación parcial de AMBUQ en La Guajira. “Entre otras, por los hechos de Katherine Carrascal. Ahí nosotros fuimos afectados y comenzaron a quitarnos los más de 900.000 afiliados que teníamos. Como nos pusieron una medida de vigilancia con restricción de acceso, pues el número se empezó a reducir”.
En 2019, la Supersalud realizó la liquidación parcial en los departamentos de Córdoba, Magdalena y Valle, lo que generó que la EPS instaurara una medida cautelar ante el Tribunal Administrativo del Chocó, la cual fue fallada a favor. Sin embargo, Palacios destacó que la medida fue desconocida por Fabio Aristizábal al ordenar la liquidación total de AMBUQ.
El superintendente puntualizó que no podía cumplir el fallo porque él no sabía cómo reversar los pagos que ya había efectuado a exempleados y prestadores de salud, no obstante, el liquidador de la EPS, Luis Ochoa, aceptó que no se ha pagado a ninguna de las partes.
“Sobre este tema cursan varias demandas y una tutela que se encuentra fallada a favor. Posteriormente se toma la decisión de liquidar la EPS con los 850.000 afiliados que tenemos, y es por eso por lo que nosotros tenemos un amparo judicial y sobre ese amparo nos manda a cerrar la empresa. También tenemos un amparo judicial en La Guajira que tampoco lo ha cumplido, pero están los fallos”, dijo Palacios.
El superintendente Aristizábal afirmó que antes de iniciar el proceso de liquidación la EPS AMBUQ debía más de $312.000 millones a la Red de Prestación de Servicios; sin embargo, Palacios puntualizó que la deuda es de $212.000 millones y, la medida de vigilancia especial instaurada en 2016 y la gestión realizada por el contralor que supervisa los resultados financieros de la EPS (el cual es nombrado por la Superintendencia) ha permitido que desde hace dos años hayan comenzado a generar utilidades.
“Entonces miente el superintendente cuando dice que venimos generando pérdida. Venimos sacando utilidad y quien lo certifica es la misma Supersalud; se va en contravía de sus mismas actuaciones administrativas. Nosotros tenemos liquidados los contratos desde 2018 en un 97 % y los de 2019 ya los teníamos liquidados en un 87 %. Está certificado por la Contraloría y ahora por el liquidador. ¿De dónde va a aparecer una cartera tan alta como la que viene diciendo?”, cuestionó Palacios.
Ante esto, el presidente de la junta directiva de AMBUQ, David Palacios Bonilla, pidió al superintendente que “entienda que ha vulnerado los derechos de la compañía y que haga el proceso de resarcimiento, que nosotros seguimos trabajando”. Ahora, los dirigentes de la EPS esperan que con las tutelas y demás acciones jurídicas que han instaurado la entidad pueda volver a funcionar, pues, “lo único que hacemos es valer los derechos constitucionales porque estamos en condición en seguir con las demandas y recuperar la empresa”.