Parece que en Colombia existe una silenciosa guerra de poderes, donde cada sector impone su ley para quedarse con el imperio económico que se mueve en las EPS. Por un lado, se mueven, con sus garras, los mercaderes de la salud allí pescan los poderosos de la salud (congresistas y políticos regionales) y ahora aparece un entramado de magistrados, jueces, abogados y trabajadores del sector judicial, en lo que hoy se conoce como el cartel de los embargos.
¿Qué hay de fondo en el oscuro sector de la salud en Colombia?
El pasado 17 de septiembre de 2021, el magistrado -ponente- de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, Jorge Eliecer Mola Capera, decretó la orden de suspensión del proceso de liquidación de la EPS Ambuq, y dictaminó la liberación de todos sus bienes y disposiciones. La EPS Ambuq desde hace 8 meses había sido cobijada por una medida de intervención forzosa para liquidar, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
El Fallo dividido del magistrado Mola, le ordenó al Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, que máximo en dos días, luego de la notificación de la providencia, suspendiera los efectos del acto administrativo de la Resolución 0012114 del 9 de febrero de 2021, por medio del cual, ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó, EPS Ambuq, hasta que la jurisdicción contenciosa administrativa emita una decisión definitiva.
Frente a la medida del magistrado Mola, el Superintendenta Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel se despachó en una entrevista que le concedió a la W radio, el pasado 7 de octubre de 2021.
El Supersalud, entre otros aspectos expresa, que lo ocurrido es una vergüenza, que tiene dolor de patria, ante la andanada de maniobras y triquiñuelas que se perpetran cada vez, que él hace una liquidación a una EPS.
Fabio Aristizábal Ángel, indicó que lo que hizo el magistrado Mola Capera, es aberrante y denunció que en medio de toda esta situación se arma un show mediático. Hemos librado una batalla de cuatro rounds para que los 700 mil afiliados a la EPS Ambuq no se mueran, expresó el Aristizábal al medio de comunicación.
Los usuarios vuelven a vivir esa pesadilla, la EPS Ambuq tenía la tasa de mortalidad en maternas más alta del país, aseguró Aristizábal, quien añadió que la EPS Ambuq llevaba cinco años en medida de vigilancia y seis prórrogas.
Mola Capera, concedió el mecanismo transitorio, a la tutela interpuesta y amparo al debido proceso, y los derechos a la igualdad y al trabajo y a la no discriminación, de las señoras: Cruz Leyda Córdoba, Yuleni Vergara Córdoba y Mercedes Mosquera Becerra. De la misma forma, el togado revocó, la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela, en mención.
La EPS Ambuq operaba en los departamentos de Chocó, Atlántico, Bolívar, Valle, Sucre, Magdalena, Cesar y Córdoba, y sus afiliados fueron distribuidos, en la migración de usuarios, entre 10 EPS de todo el país.
El magistrado del tribunal de Barranquilla obliga a la Superintendencia Nacional de Salud, revertir las medidas, decisiones, actuaciones y procedimientos y restituir la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de Ambuq y su intervención forzosa. De igual manera, le ordenó a la Supersalud, notificara de esta decisión al Ministerio de Salud, a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES- para que se reestablezca la migración de usuarios de la que fue objeto la EPS Ambuq.
La Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó se conformó el 27 de mayo de 1995, cuando un grupo de ciudadanos chocoanos afrodescendientes, provenientes de diferentes lugares del departamento del Chocó decidieron conformar lo que hoy se conoce como la EPS Ambuq.
Fabio Aristizábal Ángel, Superintendente Nacional de Salud, le dijo a la W radio que la EPS Ambuq, cuyo dueño opera desde Barranquilla (ciudad en donde toma la medida el magistrado Mola Capera) recibía 60 mil millones de pesos mensuales y perdía en su operación hasta 20 mil millones.
Fabio Aristizábal reconoció en la entrevista con la W, que, al sistema de salud en Colombia, se le infiltraron unos sinvergüenzas y está lleno de bandidos. Esto es aberrante lo que está viviendo la Superintendencia, puntualizó.
Vale advertir, que el Estudio Nacional de Evaluación de los servicios de las EPS en el Régimen Contributivo y Subsidiado que publica el Ministerio de Salud, a través de un ranking sobre las EPS que más vulneran el derecho a la salud, arrojó que las EPS Ambuq desde el año 2013 hasta el año 2021, obtuvo calificaciones favorables.
En el año 2020, en el estudio que hace el Estado, sobre operación, atención y funcionamiento en general de cada EPS, Ambuq EPS obtuvo una calificación de 72.44 puntos sobre 100 y la mejor calificada obtuvo un puntaje de 91.67 puntos. Ambuq quedó en el puesto 19 de 41 EPS, (información verificable en el enlace: https://adresfosyga.com/las-mejores-eps-de-colombia-2020).
Jorge Eliecer Mola Capera, magistrado ponente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, concluyó que está demostrado que existe una persecución de algunos funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud, contra la EPS Ambuq, lo cual se demuestra en el proceso penal que la Fiscalía le siguió a la hoy presa ex Superintendente Delegada, Eva Katherine Carrascal Cantillo, donde la médica santandereana aceptó que esa persecución contra Ambuq es cierta y por ello se acogió a un preacuerdo para sentencia anticipada con la fiscalía general de la nación.
Sostiene el magistrado Mola Capera, que es evidente el escape procesal que realiza la Supersalud a la suspensión provisional que dictó el Tribunal Administrativo del Chocó, como medida cautelar, de la resolución que revocaba la autorización de funcionamiento de la EPS en los departamentos del Valle del Cauca, Córdoba y Magdalena. Y objetó el raro proceso de la última resolución dictada a finales del año 2020, que fue notificada en enero de 2021, luego de tres meses de haberse proferido, esto para no permitirle al representante legal de la EPS Ambuq, que presentara otra solicitud de reorganización de la EPS.
Para el magistrado Mola, es evidente el trato desigual que recibió la EPS Ambuq, con respecto a su par la EPS Coomeva, una entidad quebrada que no tienen como atender a sus afiliados y sin embargo no se liquida, admite el togado.
Fabio Aristizábal Ángel, cree todo lo contrario. Reveló a la W radio, que tiene demandados, ante la justicia colombiana, a seis jueces de la República y agregó que él tiene un problema con unos actores que no se han querido dejan sacar, y admitió que desea excluir a los malos y dejar a los buenos.
Según el magistrado, desconoce el Supersalud, Fabio Aristizábal, que la liquidada EPS Ambuq estaba funcionando relativamente bien al carecer de insolvencia financiera y de paso vulneró el derecho al trabajo de sus empleados quienes con la decisión de Aristizábal quedaron cesantes.
El fallo concede la tutela como mecanismo transitorio para prevenir un perjuicio irremediable, garantiza el derecho a la defensa y confirma la decisión de abstenerse de decretar la nulidad invocada por la Superintendencia Nacional de Salud, además revoca la improcedencia de la acción de tutela, concede la misma y brinda protección constitucional de los derechos vulnerados: al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y a la no discriminación. La tutela plantea la presunta existencia de racismo, al ser los fundadores de la EPS Ambuq afrocolombianos, gente humilde de clase media y baja.
El magistrado, con su medida, determinó también el reintegro de los administradores, directores y personal administrativo de la EPS Ambuq, quienes habían sido retirados de sus cargos con la medida de la Supersalud. Igual suerte cobija a los directivos de la EPS Ambuq, suspendidos de sus cargos ejecutivos en virtud del acto administrativo 001214 de 2021.
La sentencia del magistrado Mola Capera echa para atrás el nombramiento del liquidador de la EPS Ambuq y el contrato del revisor fiscal. Además, ordenó que se comunique a los jueces de la República y a las autoridades de registro en donde opera la EPS Ambuq, dé la orden de suspensión del proceso de liquidación, y de la liberación de todos sus bienes y disposiciones de los mismos a la EPS, y deja sin efecto la designación del liquidador y la designación del contralor del proceso de intervención forzosa administrativa para liquidar a la EPS.
El magistrado Mola Capera viene siendo indagada por la Fiscalía por presuntas irregularidades dentro del caso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, investigación que mandó a la cárcel al exsenador Eduardo Pulgar.
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, frente a la situación del sistema de salud en Colombia ha manifestado que el ente de control está haciendo rastreo a las acciones de la Superintendencia Nacional de Salud, de cara al incumplimiento de las obligaciones de las Entidades Promotoras de Salud -EPS- y a la aparición del presunto cartel de los embargos y admite que le ha pedido a la Supersalud que dé cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control, exigiendo a las EPS el cumplimiento de sus obligaciones.
Margarita Cabello dijo que los fallos de la Supersalud tienen como base graves hallazgos de incumplimiento de las obligaciones y en muchos casos, irreversibles e irreparables daños a la salud de los afiliados de las EPS intervenidas.
La Procuradora Cabello considera que la migración de una EPS a otra está bien ejecutada y que se está garantizando los derechos a los afiliados. Le parece normal que un total de 6,4 millones de afiliados hayan sido trasladados de EPS como consecuencia de las medidas administrativas adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud.
Cabe indicar, que, frente a lo actuado, la Procuraduría tiene el deber de emplearse a fondo, y, por ejemplo, ahondar sobre las denuncias que hay en torno a la existencia de un posible cartel de los embargos. En ente de control debe entregar prontos resultados que esclarezcan el preocupante episodio.
Otro aspecto que deberán investigar las autoridades de manera urgente en el país es qué está pasando con los fallos judiciales que se están surtiendo, en el sector de la salud, en la ciudad de Barranquilla. Un ejemplo es el caso del fallo del magistrado -ponente- de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, Jorge Eliecer Mola Capera, en donde los magistrados; Demóstenes Camargo De Ávila y Jorge Eliecer Cabrera Jiménez, se declararon impedidos, el magistrado Jorge Enrique Luna Corrales hizo salvamento de voto total y al caso debió nombrársele un Conjuez, el doctor Teodoro Antonio Deyongh Salcedo.
Finalmente, el Superintendente Nacional de Salud, finaliza su entrevista con la W Radio conminando a la emisora para que les hagan un seguimiento a las actuaciones del magistrado de Barranquilla, Jorge Eliecer Mola Capera, de quién dijo, es uno de los magistrados más cuestionados del país.
Todo esto huele muy mal.