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Comenzó a tramitarse en el Congreso de la República el proyecto de ley estatutaria para regular el derecho fundamental a la educación en todos sus niveles, una iniciativa del Gobierno Nacional presentada por la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, que ha generado toda una marea de opiniones y análisis en el sector educativo y la sociedad en general. Sin duda, se trata de un espacio trascendente y virtuoso de equidad e inclusión que permitirá superar las grandes brechas sociales que mantienen a muchos colombianos sumidos en la desigualdad.
La propuesta del Ministerio de Educación Nacional define la educación como “un derecho fundamental, un bien común y un deber”. Así mismo, establece que el sistema educativo está integrado por “un conjunto articulado de principios, valores, programas, recursos y normas, en el que concurren políticas públicas territoriales, nacionales y globales, sectores, instancias, entidades, establecimientos, instituciones, órganos y demás personas naturales y jurídicas, públicas, privadas y mixtas para la materialización del derecho fundamental a la educación”. También le asigna las características de abierto, dinámico, incluyente, solidario, cooperativo y participativo, y responderá a los procesos, cambios, retos y necesidades de la sociedad.
Igualmente, en el proyecto se establecen los principios que regirán el derecho a la educación, a saber: equidad, universalidad, igualdad, inclusión, pertinencia, autonomía escolar, interculturalidad, identidad cultural, protección a las comunidades campesinas, eficiencia, progresividad, sostenibilidad, gratuidad, enfoque territorial, transparencia, enfoque de género, perspectiva de diversidad, democracia y libertad de cátedra.
En educación inicial, el Estado garantizará a los niños menores de seis años sus dos ciclos de forma progresiva, cubriendo prejardín, jardín y transición. Se buscará también que los nueve grados de primaria y secundaria consoliden la formación integral y el desarrollo del ser. La educación media —correspondiente a 10.° y 11.°— se articulará con la posmedia, que comprende la educación para el trabajo y el desarrollo humano, la formación para el trabajo y la educación superior. Incluiría el 12.° y el 13.° en escuelas normales e instituciones de educación posmedia.
Así mismo, contempla que la educación superior comprende el acceso, permanencia y graduación en los programas de nivel técnico profesional, normalista superior, tecnológico y universitario, derecho que también será garantizado de forma progresiva. Para ello, las Instituciones de Educación Superior (IES) oficiales y no oficiales han ratificado, al unísono, su compromiso serio y firme con el desarrollo del sistema de educación superior mixto. Para ello, no solo tienen una amplia oferta educativa, sino también con condiciones de calidad, infraestructura e investigación científica.
Al asegurar la educación como derecho, se tendrá que aumentar ostensiblemente la cobertura y se hace necesario que las nuevas ofertas y oportunidades de estudio sean de calidad, ya que la educación que logra transformar al ser humano es la de calidad. Todo esto podrá ser realidad con el trabajo mancomunado, en una sinergia en la que coincidan el Gobierno Nacional, los entes territoriales, el sector educativo, el empresariado y la sociedad, que permita atender a toda a la población, auspiciar el proyecto de vida de cada colombiano y promover el desarrollo social.
*Rector de la Universidad Simón Bolívar.