El último intento en la política pública que consideraba una reforma agraria se remonta al 2011 con la Ley 1148, denominada “Ley de tierras y desarrollo rural”, que fue el preámbulo del acuerdo de paz que se firmaría en el año 2016, el cual se comprometía a crear un modelo de desarrollo rural que beneficiaría al sector agropecuario y los campesinos del país. Sin duda, este hecho fue un primer paso para identificar la necesidad del cambio y se ha complementado con la disposición del gobierno actual por apostarle a una reforma agraria que garantice el desarrollo rural en el país. Sin embargo, para la academia, hay ciertos factores que son indispensables para que se implemente una reforma exitosa.
Antes de considerar los puntos clave, se debe tener en cuenta que la reforma al sector debe velar por la utilización eficiente de la tierra, “la reforma agraria se hace porque la tierra está concentrada en manos de los actores o agentes menos eficientes, que son los grandes latifundistas. Esa situación no le conviene a una sociedad, ni a un país, pero sí le conviene a los que tienen la mayor parte de la tierra que son quienes ejercen dominio, poder político y social sobre la población” advierte el profesor Wilson Vergara, docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle.
Ahora bien, también resalta que la reforma agraria es necesaria en Colombia puesto que generaría “crecimiento económico al pasar la tierra de los grandes a los pequeños, debido a la existencia de una relación inversa en Colombia que implica que las pequeñas explotaciones son más productivas que las grandes, lo cual aumentaría la productividad agrícola total. Segundo, porque incrementa la equidad, ya que ese mismo traspaso de tierras a las pequeñas explotaciones intensivas en trabajo va a generar más empleo, entonces esos dos objetivos se podrían lograr”.
En cuanto a las condiciones, Vergara puntualiza el carácter integral que debe tener la propuesta, es decir, no solamente tener en cuenta la tierra en sí misma, sino su localización, fertilidad y que exista el apoyo del Estado en esas zonas, además de asistencia técnica y de capital de trabajo.
Lo otro que debe haber son planes de desarrollo en los territorios para dar las condiciones necesarias para que estos pequeños agricultores puedan prosperar. Elementos importantes como “el catastro multipropósito, que es una parte de la reforma agraria que propone el gobierno actual, van a conseguir que se reconozca la titularidad de la tierra, que se sepa de quién es, pues se busca que los derechos de propiedad queden bien establecidos, se sepa cuánta tierra se tiene a partir de allí y se cobren impuestos progresivos a quien más tiene, con el fin de que esto desestimule la tenencia improductiva. Así que el catastro multipropósito será un elemento clave de la paz”.
Otro elemento importante que el académico menciona es la justicia agraria que se ha consolidado como un logro del proceso de paz, que ya ha destinado jueces encargados de mediar estos conflictos por la tierra para saber de quién es y devolvérsela a sus legítimos dueños. También puntualiza en que la reforma debe considerar la sostenibilidad ambiental y esto “implica un ordenamiento del territorio para que se den las condiciones”, afirma Vergara.
El último aspecto que el docente lasallista considera relevante para que esta reforma agraria sea viable es que los campesinos dueños de estas tierras puedan tener la capacidad de explotar la tierra, y para ello se necesita capital de trabajo y crédito. “A pesar de que siempre han existido líneas de crédito para ellos, difícilmente acceden a estos. El censo nacional agropecuario reveló que menos del 20 % de los agricultores pequeños acceden al crédito formal y el otro porcentaje, generalmente, usa el crédito informal, que es a unas tasas elevadísimas. Entonces, yo diría que la iniciativa que tiene el Gobierno de bajar las tasas de interés no es suficiente porque quizás el problema radica en que las instituciones de crédito no logran hacer presencia en las zonas donde están los pequeños agricultores, de tal suerte que este será otro reto de la política pública”, destaca el académico.
Sumado a esto, el crédito agropecuario es otorgado a una iniciativa o proyecto, mas no a las personas naturales, por eso se hace indispensable que los pequeños agricultores “tengan sus derechos de propiedad claros, pues no podrán presentar sus predios informales como garantías para acceder a los créditos”, puntualiza el docente.
Lo anterior requiere de profesionales con capacidades y conocimientos que formulen proyectos viables y factibles para los pequeños agricultores, quienes no tienen esa competencia. Por esta razón, y pensando en el compromiso hacia el desarrollo rural que tiene la Universidad de La Salle, ha lanzado la nueva Especialización en Gerencia de Proyectos Agropecuarios, un programa diseñado para enfrentar los desafíos del siglo XXI, que combina prácticas de vanguardia en agricultura sostenible con una formación sólida en gerencia de proyectos, garantizando la excelencia desde cualquier lugar del mundo.
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