Alternativas económicas para enfrentar la emergencia por el COVID-19

Se han generado múltiples propuestas desde la academia para mitigar y atender las consecuencias de la pandemia. Están orientadas hacia la protección de los sectores más vulnerables y aquellos que han sido invisibilizados social y políticamente.

Paula K. Triviño-Gaviria / Santiago Castaño / Manuel Rubio*
11 de mayo de 2020 - 01:28 p. m.
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Frente a esto, se ha generado un debate público en sectores de la academia, con múltiples propuestas para mitigar y atender las problemáticas. Estas propuestas están orientadas hacia dos puntos: proteger a los sectores más “vulnerables” y aquellos que han sido invisibilizados social y políticamente, y reconstituir la estructura económica del país para aumentar la oferta agrícola y para producir internamente mercancías con mayor valor agregado. 

En el primer caso, ha regresado el debate sobre la renta básica, es decir, un ingreso mínimo de ciudanía. El ingreso mínimo básico busca aumentar la cobertura de la población que reciben algún tipo de transferencia monetaria que debería complementarse con sistemas de protección social públicos que hagan un uso no especulativo de los ahorros generados por los ingresos laborales. 

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En segundo lugar, en lo inmediato, se plantea el apoyo a las mipymes y a la economía campesina, a partir de líneas estratégicas de créditos de costo cero a estos sectores claves de la economía (sobre todo la canasta familiar). En general, se pone de relieve levantar la infraestructura en producción, distribución y redes de comercialización agrícola y manufacturera, superar la especialización productiva (minero-energética, monocultivo) y la concentración de la propiedad agraria. 

En este escenario de declive de la economía en varios países y de presiones en las empresas y en los hogares ante la propagación del virus, se ha promocionado la idea de asumir el Estado como pagador de última instancia, para aliviaría la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas para pago de nómina dar aliento a los sectores más vulnerables donde domina la informalidad. 

Para la financiación, se propone repensar los lineamientos y la orientación de las políticas públicas desde inicios de los años noventa y el uso de medidas heterodoxas que aumenten el margen de maniobra. En primer lugar, se ha puesto en discusión la necesidad de emisión monetaria, esto es, un mecanismo articulado entre el Banco de la República y el Gobierno nacional para la emisión y circulación de dinero, mediante la creación de bonos de deuda de “emergencia social y económica” a tasas menores a las del mercado de deuda pública. 

En segundo lugar, se ha puesto en la discusión pública la condonación y moratoria de la deuda: La liberación del dinero presupuestado por pago de la deuda exterior, podría significar hasta $19 billones, teniendo en cuenta el valor del dólar al mes de marzo. Ante esto, parte del Congreso de la República, el FMI, BM, el CELAG y otros perfiles públicos y políticos han manifestado la necesidad de condonación de la deuda externa, así como de comenzar la reestructuración y la moratoria de las deudas privadas de los hogares y las Mipymes. 

En particular, se llama la atención que las propuestas anteriores tienen que venir acompañadas de medidas complementarias como control de precios y control de capitales. Esto con el fin de que la liquidez que se genera a través de emisión o de uso de reservas, no termine en usos especulativos, y en cambio, tenga como finalidad usos productivos y sociales.

Se necesita lograr ampliar la capacidad de producción de alimentos y bienes básicos, tanto en el corto como en el mediano plazo, para evitar la escasez que provoca el alza de precios en los mismos. Así también, se necesita hacer seguimiento de las cadenas de producción y distribución para evitar un efecto de acaparamiento que termina por elevar aún más el incremento inicial de estos bienes. La estabilización de los precios en la coyuntura que vive el país termina siendo esencial para que las ayudas propuestas por los diferentes gobiernos territoriales, alcancen a suplir la canasta básica de los más afectados. 

*Triviño-Gaviria es socióloga y estudiante de maestría en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Castañeda y Rubio son economistas y estudiantes del doctorado en Ciencias Económicas de la misma institución. 

Por Paula K. Triviño-Gaviria / Santiago Castaño / Manuel Rubio*

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