El que no trabaja no come: la desigualdad de ingresos ante el COVID-19

Getty Images.

El Covid-19 vino para hacer imposible nuestra rutinaria convivencia con los elevados niveles de desigualdad en el país. Con el avance del virus, las cuarentenas y el cierre de las actividades económicas se han desnudado las diferencias en la calidad de la vivienda entre barrios ricos y barrios pobres, la falta de acceso de muchos a agua corriente, el privilegio que constituye el teletrabajo, la asimétrica disponibilidad de camas de cuidados intensivos, la falta de acceso a internet para educarse, entre muchos otros aspectos de la vida cotidiana en los que se palpa la inequidad.

Le puede interesar: ¿Cómo va la reactivación económica?

Pero tal vez la desigualdad que ha quedado más expuesta es la de los ingresos. Esa que determina quién está comiendo y quién no, quién tiene ahorros y quién se aferra desesperado a una bandera roja en el marco de su ventana, quién mantiene su flujo de caja en casa y quién se ve ante la imperiosa necesidad de arriesgar la vida con tal de trabajar, comer y seguir viviendo.

En este texto queremos poner la lupa en este tipo de desigualdad. Es decir, en las diferencias en la plata que nos ganamos y la forma como la ganamos, para así vislumbrar mejor las consecuencias de la pandemia e identificar caminos para atender la coyuntura más humanamente y con sentido de equidad.

Arranquemos hablando la generalizada precariedad de los ingresos de los colombianos. Según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares realizada en 2018 —la última disponible— el 80 % de las personas tiene un ingreso per cápita por debajo del salario mínimo y el 70 % de estos ingresos son laborales. En otras palabras, la mayoría de la gente gana poco y sus ingresos dependen en su mayoría del trabajo.

Los salarios de los más pobres son muy bajos. Los que trabajan en el 10 % más pobre tienen salarios en promedio de $169.185 pesos. Si expandimos la mirada y vemos lo que ganan, en promedio, los ocupados del 40 % más pobre, la cifra asciende apenas a $348.847. Estas cifras son muy inferiores a los del 10 % más rico, que en promedio tenía salarios de $2.674.780 para ese mismo año. En otras palabras, los más ricos ganan por su trabajo 8 más veces que los más pobres.

No sólo los salarios son drásticamente desiguales. Las condiciones de trabajo también lo son. En el 40 % más pobre, el 88,7 % se ocupa en actividades informales, mientras que en el 10 % más rico los informales son el 24 %. Es probable que con las medidas de contingencia durante la pandemia los informales se hayan visto desproporcionadamente afectados y es imperioso dar cuenta que estos constituyen la mayoría de los más pobres.

La probabilidad de que las personas hayan mantenido sus empleos después del cierre por la cuarentena también son drásticamente diferentes para los más pobres y los más ricos. Por ejemplo, sólo el 14 % de los trabajadores más pobres tienen un contrato de trabajo, y aún así el 90 % de ellos son de forma verbal. Es muy diferente la situación de los trabajadores de ingresos altos, pues alrededor del 70 % tiene un contrato de trabajo y el 83 % de esos contratos son escritos. ¿Cuántos de esos contratos a palabra se lograron mantener? Probablemente muy pocos.

Lo anterior indica que en los hogares ricos el 14 % de los ingresos mensuales están asegurados gracias a la pensión pese a la coyuntura y el cese de actividades. Ésta es una de las razones por las que se considera a las pensiones como uno de los rubros en donde más se acentúa la desigualdad entre los hogares colombianos.

Otra fuente de ingresos que pesa más en los hogares más pobres son las ayudas que provienen de otros hogares y de instituciones públicas y privadas. Sin embargo, apenas el 12 % del ingreso del 40 % más pobre proviene de esta fuente y es de esperar que se reduzca en los próximos meses porque los hogares dejarán de enviar ayudas a otros hogares. Y si bien el nuevo “ingreso solidario” compensará esta pérdida, la realidad es que éste apenas logra a cubrir la mitad de los ingresos laborales que muy probablemente se vieron disminuidos.

En resumen, la mayoría de los colombianos gana muy poco y casi todos sus ingresos vienen de su trabajo. Las condiciones de los más pobres son más críticas porque experimentan mayor informalidad, no tienen contratos de trabajo, no tienen pensiones y las ayudas como Familias en Acción constituyen apenas una pequeña fracción de sus ingresos.

La clase media y media alta

Con el cese temporal de actividades la clase media es la que más estaría siendo afectada pues es la que más depende de su ingreso laboral en comparación con los demás. El 74 % de los ingresos de los deciles 5 al 9 depende de su trabajo. Las otras fuentes de ingreso aportan mínimamente: 6 % de pensiones, 4 % de ayudas, y un 3 % de las ganancias causadas por inversiones realizadas en el pasado.

Las condiciones laborales del grupo de trabajadores ocupados de clase media son mejores frente a los de ingresos bajos pero de todos modos siguen siendo precarias. Seis de cada diez ocupados pertenecientes al grupo de deciles del 5 al 9 tienen un contrato de trabajo, el 63 % de ellos lo tiene de forma escrita, y se caracterizan por desempeñarse principalmente como empleados del sector privado (46,3 %) e independientes (39 %). El salario promedio de este grupo de trabajadores era de 782 mil pesos mensuales en 2018, sin embargo, en ellos persiste el problema estructural de la informalidad laboral pues alrededor del 57 % trabaja de manera informal.

La diferencia entre trabajadores formales e informales de la clase media y media alta es abismal. El promedio del ingreso laboral dentro de estos dos grupos de trabajadores es de 1 millón en el caso de los formales y 590 mil en los informales. Los informales, por más altos sean sus ingresos dentro de la clase media, no llegan a un salario mínimo. Ahora bien, si la clase media se queda sin trabajo, quedaría en un estado de vulnerabilidad, pues estarían sin ingresos y además no cumplirian las condiciones necesarias para recibir ayudas por parte del Estado.

Por eso, cuando se plantean estrategias como la de subsidiar nóminas y reducir costos laborales para las empresas, es necesario reflexionar que este tipo de medidas afecta a una porción menor de la economía y excluye a los más pobres. Entre el 40 % más pobre apenas una de cada diez personas que trabajan está en la formalidad, y entre la clase media y media alta los formales son sólo cuatro de diez. Parte de la clave será identificar estrategias para que la población informal no tenga una contracción crítica en sus ingresos o regrese a trabajar de forma segura.

Las medidas que se adopten también deberán tener en cuenta que los ingresos de casi todos los colombianos son bastante bajos y recaen en el trabajo. La gran mayoría recibe menos que un salario mínimo, y los trabajadores informales ganan aún menos. Las transferencias de emergencia como Ingreso Solidario deberán llegar a muchas más familias, ya que incluso entre la clase media y media alta se necesita trabajar para vivir y la informalidad afecta a la mayoría. Los ingresos de casi todos los colombianos son tan bajos en tiempos normales que ante la pandemia se necesitará asegurar una renta mínima cuasi-universal.

Y finalmente, la profunda crisis que envolverá al país a raíz del Covid deberá servir para transformar la profunda desigualdad que nos afecta. Es hora de buscar la forma de extender los beneficios del Sistema de Seguridad Social a ese 63 % que está en la informalidad. En una población que envejece rápidamente, las pensiones tienen que dejar de ser el privilegio de una minoría. Si los informales del 40 % más pobre ganan en promedio 310 mil pesos y los informales de la clase media y media alta ganan en promedio 590 mil pesos, es absurdo pretender que logren por su propia cuenta ahorrar para casos de enfermedad, desempleo, vejez y desamparo.

Si el coronavirus llegó a evidenciar que convivimos con niveles insoportables de desigualdad, que la crisis que se avecina nos conduzca por el camino de corregirla. De no atenderse todos los frentes, el proceso de reapertura económica en el país acentuará la precariedad de los ingresos, pues se dejaría por fuera a trabajadores informales y a nuevos desempleados del sector formal que tendrán la necesidad de participar en el mercado laboral para obtener unos mínimos de ingresos de subsistencia.

*Investigadores de la Universidad del Rosario.