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En nombre de la lucha contra la pandemia de coronavirus, varios gobernantes aprovechan no sólo para ampliar sus poderes sino que dan órdenes que socavan todos los derechos. Es el caso de Filipinas con el presidente, Rodrigo Duterte, famoso por sus tentaciones autoritarias y frases polémicas.
No sólo logró que el Congreso le otorgue "poderes especiales" bajo la emergencia nacional, lo que le permite actuar sin contar con el Legislativo, modificar los presupuestos a su antojo e intervenir empresas privadas, sino que ha dado amenazado con "matar" a las personas que den problemas durante la cuarentena.
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Duterte dijo que no dudará a la hora de dar este tipo de órdenes a la Policía o el Ejército, "es una advertencia para todos”. “Sigan las instrucciones del Gobierno en este momento porque estamos en un momento crítico”, aseguró antes de insistir en la importancia de "no provocar daños a los trabajadores sanitarios ni médicos”, una cuestión que considera un “grave delito”.
Y luego dijo: "mis órdenes a la Policía y al Ejército, en caso de que alguien dé problemas es clara: mátenlos de un disparo", según registran la cadena de televisión CBS-CBN y el periódico El Filipino. Lo dijo, luego de que decenas de personas protestaran en un distrito de la ciudad de Quezón por no recibir la comida y ayudas prometidas durante la cuarentena.
Las fuerzas de seguridad les pidieron que volvieran a sus casas, pero la población se negó, tal y como asegura la Policía, que acabó deteniendo a una veintena de personas.
Otras polémicas medidas durante la pandemia
No es lo único excesivo que ha hecho Duterte. De acuerdo con una denuncia de Human Rights Watch, "hay personas confinadas en jaulas de perros o castigadas a permanecer a pleno sol durante horas" como parte de los castigos que las autoridades en Filipinas imponen a quienes violen la cuarentena."La policía y los funcionarios locales deben respetar los derechos de las personas arrestadas por violar el toque de queda y otras regulaciones de salud pública", advirtió en un comunicado el subdirector de HRW para Asia, Phil Robertson.
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El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, impuso el cierre y cuarentena estricta en la isla de Luzón -la mayor del país donde se encuentra Manila- el pasado 16 de marzo y desde entonces la policía ha arrestado a cientos de personas. Las autoridades locales de la ciudad de Santa Cruz, provincia de Laguna, al sur de Manila, admitieron haber encerrado toda una noche a cinco jóvenes en una jaula el 20 de marzo, acorralados por perros callejeros, por "haber violado el toque de queda y agredirles verbalmente".
En Parañaque, dentro del área metropolitana de Manila, las autoridades obligaron a los infractores del toque de queda a sentarse bajo el intenso sol del mediodía después de su arresto.
En la provincia de Bulacan, al norte de Manila, un agente mató a un hombre que supuestamente se saltó un puesto de control, aunque la policía esgrime que el hombre disparó primero al escapar.
HRW también advirtió de que la detención indiscriminada durante la cuarentena abarrotará aún más los centros de detención del país -los más densamente poblados del mundo- propiciando la rápida expansión del coronavirus.
Filipinas ha confirmado 636 casos positivos y 38 muertes por COVID-19, aunque solo el 0'0018 % de la población ha sido sometida a la prueba de diagnóstico, por lo que se sospecha que haya muchos más casos sin detectar.