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La justicia brasileña obligó al club brasileño Corinthians, a la constructora Odebrecht, a la empresa Arena Itaquera -que gestiona el estadio del equipo- y al expresidente del banco estatal Caixa Económica a devolver 400 millones de reales (unos 124,1 millones de dólares) a la entidad financiera, informó el 15 de febrero el tribunal.
La sentencia fue proferida por una jueza de un tribunal de Porto Alegre, tras una acción popular promovida en 2013 por un abogado que cuestionó la legalidad de una línea de crédito realizada por Caixa.
Según la jueza federal Maria Isabel Pezzi, la entidad realizó una transferencia millonaria de dinero público con garantías inciertas y que benefició al Corinthians y a Odebrecht sin ninguna licitación para la construcción del estadio ubicado en el barrio de Itaquera, en San Pablo.
El dinero del préstamo que era de 400 millones de reales fue captado por una empresa privada especialmente creada para este fin que se llama SPE Arena Itaquera S.A. y cuyo capital social al momento de su creación era de 1.000 reales (unos 310 dólares).
La jueza le ha ordenado a la constructora y al club, que jugará la próxima Copa Libertadores con Millonarios, a cancelar la deuda de 475 millones de reales (USD 147 millones) que corresponden al precio del préstamo, con el ajuste temporal. (Lea aquí:Los rivales de los equipos colombianos en la Copa Libertadores)
De acuerdo con la denuncia, en 2009 fue creada una línea de crédito del banco de fomento brasileño (BNDES) de 4.800 millones de reales (unos 1.500 millones de dólares) para la construcción y la reforma de estadios de la Copa del Mundo de 2014.
Los otros 11 estadios que acogieron la Copa del Mundo de Brasil 2014 y que se modificaron o construyeron fueron realizados bajo el BNDES, con la excepción del estadio Arena Itaquera, de Sao Paulo debido a la ausencia de las garantías exigidas por la entidad.
La Caixa, sin embargo, habría aceptado financiar el proyecto del estadio del club Corinthians, asumiendo los riesgos de contratación como agente financiero que transfirió los recursos, de acuerdo con el tribunal. (Lea también:La Copa Libertadores 2018 se pone en marcha)
Para el abogado que movió la acción popular, la operación cerrada en 2013 fue lesiva al patrimonio público y, a su juicio, la decisión del banco "fue tomado bajo influencia política". La jueza Pezzi detalló varias irregularidades y determinó el resarcimiento del valor del préstamo.