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El Comité Olímpico Internacional (COI) renuncia a fijar los criterios impuestos a los deportistas transgénero e intersexo para poder competir, dejando en manos de cada federación internacional que fijen un “marco” para establecer sus propias reglas.
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Después de dos años de consultas a decenas de especialistas, la instancia olímpica admitió este martes que es imposible definir unas directrices uniformes, como hace desde 2003, ya que se trata de una cuestión muy compleja y que confronta el respeto a los derechos humanos y el mantenimiento de la justicia deportiva.
A partir de ahora será cada federación internacional la encargada de “determinar cómo un atleta puede tener una ventaja desproporcionada con respecto a sus rivales, teniendo en cuenta la naturaleza de cada deporte”, indicó el COI en un comunicado.
Frente a los apasionados debates en torno a deportistas hiperandróginas como la atleta sudafricana Caster Semenya o por mujeres transgénero como la haltera neozelandesa Laurel Hubbard, el COI ya modificó su política en dos ocasiones.
En 2003, la instancia condicionó la admisión en competición de las mujeres transgénero a que se hubiesen sometido a una operación de reasignación de sexo, un criterio muy criticado porque significaba imponer una intervención muy intrusiva sin justificación médica.
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Como consecuencia de las protestas, a partir de 2015 el COI se basó en los límites de la testosterona, pero “no hay consenso científico sobre la manera cómo la testosterona afecta al rendimiento deportivo”, explicó el martes la responsable de derechos humanos en el seno de la instancia olímpica, Magali Martowicz.
Falta saber cómo administrará cada deporte los 10 principios potencialmente contradictorios establecidos por el COI, que van desde la “inclusividad” a la ausencia de “ventaja competitiva injusta y desproporcionada”, pasando por la “primacía de la salud” y el “derecho a la vida privada”.
Para ayudar a las federaciones internacionales, a los recursos jurídicos y científicos muy variables, la instancia olímpica prevé una “fase de despliegue” a partir de marzo de 2022, con ‘webinarios’ y la puesta a disposición de un fondo de investigación.