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En la plenaria del Senado se realizó el debate de control político al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond. Quien encabezó la discusión fue el senador líder de la oposición Iván Cepeda, del Pacto Histórico.
Entre las alertas y denuncias, el senador hizo énfasis en que el Gobierno de Abelardo de la Espriella se encuentra adelantando un proceso de contrareforma agraria y que busca "acabar con los campesinos, las zonas de reserva campesina, Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y debilitar la producción de alimentos al usar la tierra para monocultivos agroindustriales y minería".
Cepeda sostuvo que la cartera se dedica a paralizar la restitución de tierras al campesinado y, en su lugar, agilizar la devolución de predios confiscados a redes del narcoparamilitarismo, modificando el mapa rural en favor de proyectos agroindustriales y de multinacionales minero-energéticas. Por lo que dicha operación en curso cerraría el proceso de un gobierno al servicio del narcotráfico.
Con lo anterior sostuvo que las entidades creadas "para quitarle la tierra al narcotráfico y al paramilitarismo y devolvérsela a las víctimas" están hoy dirigidas, "en buena parte, por quienes ayer defendieron, representaron o hicieron negocios con esos mismos sectores", y que en varios casos deciden también "en beneficio de su propio interés".
El senador cuestionó la decisión de la cartera de Agricultura de congelar COP 1.4 billones de pesos destinados a la compra de predios campesinos bajo el argumento oficial de que en el país "sobra tierra". Al mismo tiempo que frena la reforma rural, la gestión de Dangond recorta su presupuesto a la mitad, ordena borrar el término "campesino" y "campesinado" de la normatividad técnica y avanza en la derogación de un millón de hectáreas de protección alimentaria para abrir el suelo a la explotación minero-energética.
“Este proyecto pretende eliminar al campesinado, bien sea borrando su identidad o inicialmente tolerando la agresión en contra de los campesinos y campesinas”, afirmó Cepeda.
También fueron expuestos varios casos de presuntos nexos del Gobierno con el narcotráfico y el paramilitarismo, ubicando el engranaje operativo de esta captura institucional en el nombramiento de 14 funcionarios en puestos clave del sector agrario; servidores públicos cuya trayectoria registra relaciones profesionales, corporativas o de negocios previas con el bufete privado De La Espriella Lawyers y con el propio ministro Dangond Baquero, en palabras del congresista del Pacto Histórico.
Lea: Las soluciones del Gobierno para los arroceros y las preguntas que quedan.
Lo que responde el ministro de Agricultura
Tras la exposición de la oposición, el jefe de la cartera agropecuaria tuvo la palabra para responder el cuestionario con 23 preguntas que le había hecho llegar el Pacto Histórico.
El ministro aprovechó su intervención para criticar la labor del Gobierno de Gustavo Petro. "Estamos importando 16,4 toneladas de importaciones porque no hubo fomento a la producción nacional. Además, de cada 100 productores 89 no van a la banca y el 83 no tiene asistencia técnica ni maquinaria. Así nos lo están entregando. Hay un estancamiento productivo", aseguró Dangond.
También alegó que en el Gobierno Petro aumentó el cultivo de hojas de coca y arremetió con algunas disposiciones que se promovieron en dicho mandato.
"Enyesaron la tierra en Colombia en cuatro años. En mi trayectoria en el sector no he visto norma más disparatada que la de las APPA. Crearon 6 en 59 municipios. Ya derogamos la de Antioquia, La Guajira y Cundinamarca. Está lista la de Córdoba y seguimos con Tolima. Yo soy guajiro y allá no pasó nada, no sembraron ni una yuca. Empobrecieron el sur de La Guajira, la derogué y ahora sí vamos a comenzar a sembrar cacao", agregó el jefe de la cartera.
Respecto a la compra de tierras, el ministro dijo que el Gobierno anterior había comprado unas 1.840 hectáreas de las que solo pagó COP 2,9 billones y quedó debiendo COP 902 billones. Sin terminarlos de pagar, habrían hecho una adjudicación temporal, término que Dangond asegura que no existe.
"No vamos a girar un peso hasta hacer una auditoría de cada predio. Tampoco vamos a comprar ni una hectárea hasta hacerle una revisión a todo lo hecho por la Agencia Nacional de Tierras", expresó el funcionario.
El ministro también presentó la hoja de ruta de la actual administración, con un objetivo final: garantizar la alimentación de los 52 millones de colombianos. Para lograrlo, anunció la creación de dos viceministerios: uno dedicado a superar la pobreza rural y otro encargado de la agroindustria, la competitividad y la inversión. “El campo necesita menos ideología y más gerencia”, dijo el ministro Dangond.
El Gobierno llevará al Congreso cuatro iniciativas:
- Jurisdicción Agraria y Rural, para precisar competencias y asegurar decisiones fundadas en criterios objetivos.
- Código Único Agrario, para superar la dispersión regulatoria.
- Marco diferencial para la Orinoquia, una región distinta al resto del país, donde adecuar la tierra para ponerla a producir tiene costos muy altos.
- Modificación de la Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras.
La meta de expansión agrícola es sembrar 1,5 millones de nuevas hectáreas para producir más y depender menos de las importaciones. El Gobierno creará cinco zonas francas agroindustriales para transformar la producción en las regiones, y priorizará la ganadería regenerativa, que busca producir más carne y leche con más animales en menos área, con árboles alrededor de los potreros. También impulsará 100.000 hectáreas de coco, además de marañón, granada y plátano.
Otra de las medidas es la de simplificar el crédito para la producción, la transformación, la comercialización y el agroturismo. Planteó bajar la tasa de interés al 1 % mensual, con plazos de entre 10 y 15 años. “Sí se puede”, afirmó. El sistema estará articulado con la comercialización, las garantías y el mercado bursátil, con menos requisitos y formularios.
Por otro lado, el senador Jesús Omero Cuasapud, del partido AICO, le pidió respeto al ministro para los pueblos indígenas y los campesinos. También le pidió que, para el caso de la entrega de tierras, el deber del Gobierno es culminar los procesos de formalización y legalización de las entregas que se realizaron y no estigmatizar a la población.
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