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La adjudicación de los 10.000 centros rurales conectados a internet permanecerá suspendida hasta el próximo miércoles, mientras se entrega un informe de lo sucedido en el proceso sobre el que distintas veedurías denunciaron un presunto conflicto de interés.
Este lunes se retomó la audiencia suspendida la semana pasada como consecuencia de una recusación en contra de la ministra TIC, Karen Abudinen, y de la secretaria general de la cartera, Adriana Meza. La razón de dicha recusación: en medio del proceso se supo que uno de los asesores jurídicos de la ministra era también apoderado de uno de los proponentes en la licitación.
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El supuesto impedimento, vale la pena recordar, fue rechazado por la ministra TIC y por el consejo de ministros (instancia competente según el Código de Procedimiento Administrativo). No obstante, casi en simultáneo, la Procuraduría inició indagación preliminar contra funcionarios del Mintic por determinar a raíz de lo sucedido para concluir si hubo o no un proceder indebido.
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En la sesión de hoy, lunes 7 de diciembre, intervino la ministra TIC, quien aseguró que desde que se denunció el presunto conflicto de interés ordenó una “una revisión verificada, minuciosa y detallada de todo el proceso”. La audiencia, entonces, se suspendió hasta el miércoles, cuando se tendrá dicho informe “a primera hora”, según la funcionaria.
En su intervención, la ministra calificó de “desconcertante” y “desafortunado” el proceder del asesor en cuestión, Camilo Valencia, quien, a su vez, fue acreditado como apoderado de la Unión Temporal SES Inred, conformada por SES Telecomunicaciones de Colombia y Red de Ingeniería, uno de los 10 proponentes en la licitación.
Insistió, sin embargo, que Valencia no tuvo ninguna función relacionada con los procesos de contratación del Ministerio, sino que sus obligaciones eran “netamente jurídicas”. Añadió que el abogado no accedió de forma privilegiada a información ni documentos sobre la licitación de los 10.000 centros, así como tampoco tuvo relación “directa ni indirecta” con los estructuradores o evaluadores del proceso.
A los proponentes les dijo que “es vergonzoso” que se haya generado toda esta discusión cuando saben que en este proceso “la mejor propuesta es la que tenga más centros, más tiempo y más velocidad”.
Recordó que el contrato con Valencia fue termina de mutuo acuerdo y que se dio traslado a las autoridades competentes.
Este proceso de licitación, vale la pena recordar, busca adjudicar la operación de 10.000 centros, principalmente, escuelas conectadas a internet durante mínimo 10 años.
