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La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ordenó a la Aeronáutica Civil publicar la totalidad de las licitaciones que adelanta actualmente la entidad y abrir todos esos procesos a la libre competencia.
La decisión llega en medio de semanas de cuestionamientos a la Aerocivil por millonarios contratos, denuncias de presuntas irregularidades y actuaciones de los organismos de control.
El Ministerio señaló que la instrucción contempla que todas las empresas que cumplan los requisitos puedan participar en igualdad de condiciones y busca reforzar la transparencia en la contratación.
“La Aerocivil debe garantizar procesos abiertos, transparentes y con plena participación. Todas las empresas que cumplan los requisitos deben tener la oportunidad de competir en igualdad de condiciones”, afirmó Rojas.
En abril, la cartera ordenó una auditoría integral a la Aerocivil tras los incidentes registrados en el sector aeronáutico y solicitó el acompañamiento permanente de la Contraloría General para vigilar la ejecución de los contratos relacionados con la infraestructura y los servicios aeronáuticos.
A comienzos de julio, la Contraloría desplegó una comisión con funciones de policía judicial en las oficinas de la Aerocivil para recaudar documentos, testimonios y demás elementos probatorios dentro de las actuaciones que adelanta por presuntas irregularidades contractuales.
La inspección se produjo después de que diferentes medios revelaran denuncias de funcionarios sobre procesos de contratación que comprometían miles de millones de pesos y luego de que la entidad expidiera una resolución que declaró hábiles varios sábados para adelantar trámites presupuestales y contractuales durante el empalme entre gobiernos, y que quedó en el limbo desde la semana pasada.
Uno de los casos que más controversia ha generado corresponde al Sistema de Gestión Documental (SGDA). Según una investigación de la Unidad Investigativa de El Tiempo, un contrato que inicialmente rondaba los COP 400 millones habría terminado proyectándose por más de COP 12.000 millones, situación que dio lugar a cuestionamientos internos sobre los estudios previos del proceso.
En ese contexto también se produjo la renuncia de la asesora Narda Duperly Roa Ibarra, quien denunció presuntas presiones para firmar documentos relacionados con esa contratación y aseguró haber dejado constancia de sus reparos mediante comunicaciones internas. Semanas antes ya había renunciado otro alto funcionario en medio de observaciones sobre un proceso para la adquisición de pólizas y seguros.
Contexto: Asesora de la Aerocivil renunció tras denunciar presunto acoso laboral
A las alertas se sumó esta semana la Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada (Fedeseguridad), que denunció un supuesto direccionamiento en una licitación superior a COP 78.000 millones para la vigilancia de aeropuertos. El gremio aseguró que uno de los requisitos habilitantes favorecería únicamente a un posible oferente y limitaría la competencia.
La Aerocivil rechazó esas afirmaciones y sostuvo que los nuevos procesos buscan precisamente ampliar la participación de empresas interesadas, rompiendo la concentración histórica de algunos contratos.
En la lupa de la Procuraduría
Los cuestionamientos no se limitan a la contratación. El pasado martes, la Procuraduría también llamó la atención sobre los retrasos en los proyectos de modernización de la infraestructura tecnológica que soporta la navegación aérea del país.
El Ministerio Público pidió explicaciones sobre el estado de radares, radioayudas, estaciones ADS-B y otros equipos estratégicos, además de solicitar información sobre las medidas para enfrentar el déficit de controladores aéreos.
Con la decisión anunciada este jueves, el Ministerio de Transporte busca enviar una señal de mayor control sobre la Aerocivil. “La transparencia no solo fortalece la confianza ciudadana, sino que permite obtener las mejores soluciones para el país”, dijo la ministra Rojas.
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