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El escándalo que sacudió a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en 2015, entidad a la que un grupo de empresas le presentaron garantías falsas para respaldar proyectos petroleros, tendrá un tercer tiempo. Aunque fue la misma ANH la que denunció la situación y en enero anunció la multa contra las firmas por estas irregularidades, los efectos de esta decisión se quedarían en el limbo. (Lea: Nuevas pistas sobre garantías falsas en la Agencia Nacional de Hidrocarburos).
Santa María Petroleum, una operadora canadiense a la que le fueron adjudicados contratos en las rondas de 2008 y 2012, y que, según la máxima autoridad contractual del sector petrolero colombiano, presentó documentos ilegítimos, solicitó el 23 de diciembre la admisión de un proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades. Es decir, la firma está en una situación financiera que de no corregirse, la llevaría a la quiebra.
La empresa, que durante los señalamientos que se hicieron el año pasado, aseguró haber sido víctima de un tercero que hizo el trámite por ellos, tiene obligaciones vencidas por más de 90 días y compromisos financieros no cumplidos que superan los $13 mil millones. De acuerdo con Santa María Petroleum, la caída de los precios del crudo, las regulaciones ambientales y las diferencias con las comunidades para poder avanzar en los proyectos se combinan en un coctel perfecto que afecta a la compañía y al sector.
El problema es que la mayoría de activos que tenía la canadiense en el país— la participación del 50% en el bloque Canaguaro (piedemonte llanero, los bloques Llanos 36 y Llanos 21— fueron vendidos, mientras que los restantes fueron devueltos a la ANH. “Deciden vender las participaciones de todos sus activos debido a los altos costos de producción, principalmente por el alto volumen de agua que se genera en la producción de crudo del pozo y la demora en los permisos ambientales ante el ANLA”, dice uno de los apartes del documento en el que se hace oficial la solicitud.
La gran apuesta de la compañía y la única con la que podrían generar recursos para cumplirles a sus acreedores es el Llanos 27, en donde han invertido más de US$20 millones, pero que su operación ha sido difícil por factores técnicos que por diversas razones no han podido ser resueltas o si son resueltas no hacen viable económicamente el proceso. En todo caso, Santa María quiere negociar el pago de sus deudas en diez años, con dos años de gracia.
A la ANH se le enreda la vida porque, a pesar de multar a la firma por un comportamiento que raya con lo ilegal y limitar la posibilidad de contratación con el Estado durante cinco años, recibir los recursos por la sanción son difícilmente recuperables en el mediano plazo, teniendo en cuenta que, en un panorama optimista, y pese a las buenas intenciones del superintendente Francisco Reyes, estas solicitudes no podrán ser atendidas antes de cuatro o cinco meses. (Lea: ‘ANH sancionará a tres petroleras por falsas garantías).
Este diario consultó a la ANH para saber su posición sobre la situación de la empresa en cuestión y el futuro del proceso que adelantan contra la misma. Explicaron que “el régimen de insolvencia no impide la imposición de sanciones. Así lo prevé la Ley 1116 de 2006. Conforme a lo anterior, los procesos e investigaciones que adelanta la ANH no se ven afectados por esa circunstancia. Los activos que tiene deben ser perseguidos para sufragar los perjuicios causados”.
Sin embargo, en este tipo de procesos, la Superintendencia debe determinar las prioridades y cuál es el orden en el que los acreedores deben ser atendidos. En caso de que no pagar la multa ante la agencia sea un motivo que afecte la actividad de la empresa y la generación de nuevos recursos, entonces, la multa, que todavía no ha sido determinada, tendría que estar entre las primeras a pagar.
Este caso no es de poca monta, porque el revolcón que Mauricio De La Mora le dio a la entidad también demostró lo vulnerable que era, pese a ser reconocida como uno de los organismos ejemplo en la región y porque la sanción que se le impondrá es millonaria.Lea: Agencia Nacional de Hidrocarburos sabía que le podían robar información).
El consorcio Óptima-Range, que presentó garantías falsas por US$11 millones, ya fue castigada con una multa de US$54 millones y la restricción de no poder contratar con el Estado durante cinco años. La gran pregunta es cómo una empresa prácticamente quebrada le va a responder al Estado colombiano por una multa cuando en este momento está tratando de negociar con sus acreedores para pagar más de $13 mil millones en diez años.
Lo que agrava este caso es que, a 30 de noviembre de 2015, Clean Energy Resources S. A. (Cerex Energy Group) era parte de la lista de proveedores a los que Santa María Petroleum no había podido pagar, tenía una deuda cercana a los $850 millones. Esta firma, a su vez, forma parte de las que la ANH multará también por haber presentado garantías falsas. El tercer round de este caso será entre morosos, firmas quebradas y autoridades tratando de poner la casa en orden.
Por Óscar Güesguán Serpa
