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El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) encontró inconsistencias en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, radicado en los últimos días del gobierno de Gustavo Petro (el pasado 29 de julio).
A través de un pronunciamiento, el organismo determinó el gasto presupuestado no coincide con las metas del Plan Financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026 ni con las fuentes de financiación previstas, “lo que compromete el principio de sostenibilidad fiscal”.
Las cifras del Presupuesto de 2027
El PGN 2027, presentado por el entonces ministro de Hacienda Germán Ávila, asciende a COP 575,7 billones, equivalentes al 27 % del PIB. De ese total, COP 545,2 billones corresponden a recursos de la Nación y COP 30,5 billones a recursos de establecimientos públicos. Frente a la apropiación vigente de 2026, que con corte al 30 de junio llegaba a COP 555,8 billones, el presupuesto proyectado para 2027 crece 3,6 %.
El problema, según el CARF, es que las cifras no cuadran con las metas que el propio Gobierno fijó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo: hay diferencias en cuánto se va a gastar, en qué se va a gastar y cómo se va a financiar.
Se trata de “aspectos que merecen atención prioritaria en el marco del debate presupuestal con el Congreso de la República”, indicó el CARF.
El “hueco” de COP 20,7 billones
La principal inconsistencia identificada por el CARF está en el gasto primario (el total de lo que gasta el Estado, sin contar el pago de intereses de la deuda).
El organismo estimó que el gasto primario de 2027 quedaría en COP 402,1 billones, el 18,8 % del PIB. Para llegar a esa cifra, el organismo realizó cálculos basados en la conversión de las cifras del presupuesto a términos fiscales. A grandes rasgos, descontando la descuenta la plata que probablemente no se ejecutará (pérdidas de apropiación), sumando operaciones que no pasan por caja, excluyendo entidades que no deberían contarse y reclasificando algunos gastos según su naturaleza económica.
Así las cosas, el CARF afirma que el gasto primario es COP 20,7 billones más alto de lo que el Gobierno proyectó en el Marco Fiscal (COP 381,4 billones, o 17,9 % del PIB). La diferencia nominal es de 5,4 %.
De no corregirse, ese exceso tiene un efecto en cadena. El CARF calcula que, sin reducciones presupuestales ni ingresos ciertos adicionales, el déficit primario subiría a 1,5 % del PIB (COP 32,4 billones) y el déficit total a 5,4 % del PIB (COP 116,3 billones).
Ambas cifras se alejan de las metas del Plan Financiero, que apuntaban a un déficit primario de 0,5 % del PIB y uno total de 4,5 %.
Esas metas ya incorporaban una desviación de 0,8 % del PIB autorizada para 2027 bajo la cláusula de escape, el mecanismo que permite al Gobierno incumplir temporalmente la regla fiscal en circunstancias excepcionales, siempre que defina cuánto se desvía, por cuánto tiempo y cómo piensa volver a la senda original.
Esas metas ya incorporaban una desviación de 0,8 % del PIB autorizada para 2027 bajo la cláusula de escape, el mecanismo que usó el Gobierno Petro en junio de 2025 para incumplir temporalmente la regla fiscal en circunstancias excepcionales.
En contexto: Cláusula de escape bajo fuego: el CARF le baja el pulgar a plan fiscal de Hacienda
El Según el CARF, el exceso de gasto en 2027 profundizaría una tendencia que el organismo ya venía advirtiendo desde 2025, año en que el Gobierno también incumplió lo pactado bajo la cláusula de escape.
Sumadas las tres vigencias, esas desviaciones frente a lo que originalmente se había anunciado equivaldrían a casi 2,7 % del PIB. En 2025, el BPNE (balance primario neto, es decir, el resultado fiscal sin contar intereses de la deuda ni ingresos de rendimientos financieros, y descontando los ciclos económico y petrolero) se deterioró en 1,2 % del PIB frente a lo que el Marco Fiscal de 2025 había proyectado, llevando la desviación real a 3,3 % del PIB.
Para 2026, el propio Gobierno decidió cambiar la meta: amplió el margen permitido de 1,4 % a 2 % del PIB. Y ahora, para 2027, el gasto adicional que trae el proyecto de presupuesto generaría una desviación de 1 % del PIB frente a lo pactado.
El gasto supera al recaudo
Y es que, como lo resaltó el CARF, Por tercer año consecutivo, el presupuesto general incorpora gastos cuya financiación depende de ingresos que todavía no existen. Ya pasó con los proyectos de PGN de 2025 y 2026, que incluyeron recursos condicionados a leyes de financiamiento, y ahora se repite en 2027, lo que según el CARF evidencia un desequilibrio de fondo: el Estado no está recaudando lo suficiente para cubrir lo que gasta en funcionamiento, inversión y pago de la deuda.
Para cerrar esa brecha, el PGN 2027 necesitaría ajustes en los ingresos por cerca de COP 30,2 billones, equivalentes a 1,4 % del PIB, calculó el organismo.
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El problema es que la reforma tributaria que el Gobierno Petro dejó radicada en el Congreso solo estima un recaudo de COP 21,9 billones para 2027. Es decir que, incluso si el Congreso la aprueba sin cambiarle una coma y el recaudo sale exactamente como se calculó, seguiría faltando cerca de COP 8,3 billones, el 0,4 % del PIB.
“El CARF reconoce que el proyecto de reforma tributaria abre una discusión necesaria sobre el ajuste fiscal, pero sus medidas deben evaluarse por su recaudo efectivo y por sus efectos sobre la inversión, la productividad, la formalización y el cierre de las brechas sociales y territoriales”, dijo el organismo en su pronunciamiento.
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