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Hoy, tras 18 meses de negociaciones, la mina El Roble reescribe sus términos de existencia.
La Agencia Nacional de Minería (ANM) y la empresa Minera El Roble S.A. sellaron un nuevo pacto de 30 años para la explotación de sulfuros polimetálicos —entre ellos cobre y oro—.
La firma es el desenlace de reuniones técnicas y legales, junto a la voz organizada de 200 habitantes de El Carmen de Atrato, en Chocó, quienes participaron activamente en su renegociación.
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El contrato original se firmó en junio de 1987 y venció en enero de 2022. La ley, sin embargo, permitía su renovación, y la empresa invocó su derecho de preferencia conforme al marco jurídico vigente en 1986 y ratificado en el Código de Minas de 2021.
La negociación duró año y medio y giró en torno a la idea de los minerales estratégicos, como el Cobre, que deben generar no solo regalías, sino un valor social real medible. Por eso, además del pago habitual, el nuevo contrato incluye contraprestaciones económicas adicionales por concentración de minerales y precios altos, que podrían sumar $5.300 millones anuales. A esto se suma un “derecho económico social” destinado directamente a la comunidad.
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Cobre, oro y cuentas claras
El acuerdo establece que Minera El Roble S.A. deberá transferir $1.671 millones en el primer año exclusivamente para inversión social en Carmen de Atrato. Este monto, ajustado anualmente por el IPC, se dividirá en dos partes:
- 67 % será decidido por la comunidad, en conjunto con las autoridades locales.
- 33 % restante será ejecutado por la empresa en sus propios programas de gestión social.
Esta fórmula es una obligación contractual respaldada por la ley y la presión ciudadana.
Además, significa una ruptura con el modelo extractivista tradicional, donde los recursos salían del territorio sin dejar rastro alguno de prosperidad duradera.
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La comunidad, al centro del tablero
A mediados de julio de 2024, más de 200 habitantes se reunieron para escuchar, opinar y condicionar la renovación del contrato. Allí, en una sesión más ciudadana que técnica, se debatieron temas como empleo, desarrollo económico, impacto ambiental y sostenibilidad.
En marzo de este año, en un segundo encuentro, se presentaron los términos preliminares del nuevo contrato. Las observaciones de la comunidad fueron sistematizadas, entregadas a la empresa y algunas, integradas en la versión final.
Además de la comunidad, también participó la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, el alcalde Jaime Arturo Herrera y representantes de Codechocó. Fue, en efecto, una suerte de cabildo ampliado.
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La sombra de una deuda
Sin embargo, el pasado pesa y mucho. En 2021, la empresa fue acusada por la ANM de incumplir el pago de regalías y contraprestaciones. El conflicto terminó ante un tribunal de arbitramento, que en marzo de 2025 falló a favor del Estado: Minera El Roble S.A. deberá pagar $119.000 millones, de los cuales ya ha abonado $63.000 millones.
Gracias a un acuerdo previo, el resto podrá ser pagado en cuotas hasta 2026. La ANM ya ordenó el traslado de los recursos recaudados al Sistema General de Regalías, para ser distribuidos entre entidades como la Gobernación del Chocó y el mismo Carmen de Atrato.
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