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La decisión del Gobierno de imponer un arancel de 35 % a importaciones de hierro, acero y productos metalmecánicos abrió un debate sobre sus efectos en diferentes cadenas productivas.
De un lado, están las alertas por su posible efecto sobre los costos de construcción y de vivienda; del otro, la defensa de la medida como un mecanismo para resguardar la industria nacional.
Daniel Rey, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Productores de Acero de la ANDI, defendió la firma del decreto y sostuvo que este tipo de instrumentos de defensa comercial han sido usados por una larga lista de países.
Este pronunciamiento llegó después de los reparos de Camacol, que advirtió que la medida puede encarecer la vivienda. El gremio constructor ha sostenido que el hierro y el acero representan cerca del 16,3 % de los costos directos de construcción y que, con incrementos arancelarios de hasta 35 %, ese componente podría encarecerse alrededor de 3,9 %.
En consecuencia, según los cálculos de Camacol, el precio final de la vivienda podría subir cerca de 2,2 % por cuenta del nuevo arancel, que entrará en vigencia la próxima semana.
Producción nacional Vs. Costos de la construcción
Rey argumentó que la adopción de instrumentos de defensa comercial es una práctica extendida en el mundo. Según dijo, más de 40 países han implementado más de 200 medidas en el sector siderúrgico. Entre los ejemplos que citó están Estados Unidos, con aranceles de hasta 50 %; la Unión Europea, con salvaguardias sobre 23 categorías de productos siderúrgicos; México, con tarifas de entre 20 % y 50 % en más de 250 fracciones arancelarias, y Sudáfrica, que impuso derechos antidumping al acero estructural importado desde China y Tailandia.
El directivo de la ANDI también cuestionó la idea de que un aumento en el costo del acero se traslade de forma lineal, automática y proporcional al precio final de la vivienda.
Para Rey, en la estructura de costos de la construcción influyen múltiples variables, como el suelo, la financiación, el licenciamiento, el urbanismo, la mano de obra, los costos administrativos, la dinámica de demanda y otros materiales.
Incluso, de acuerdo con los datos citados por la ANDI, el acero incide en menos del 1 % del precio final de la vivienda.
En contexto: Arancel al acero: la razón por la que Camacol va a demandar el decreto del Gobierno
Y, en defensa del decreto, la Cámara Colombiana de Productores de Acero de la ANDI también puso sobre la mesa el peso económico de la industria siderúrgica. Según sus cifras, el sector aporta cerca de COP 12 billones anuales en actividad económica y pagó aproximadamente COP 561.000 millones en impuestos en 2024.
La industria local del acero tiene capacidad instalada para producir 2,6 millones de toneladas al año, por encima de los 1,66 millones de toneladas que registró en 2025. La ANDI también destacó que cerca del 80 % del acero producido en Colombia proviene de chatarra reciclada y que cada año se reaprovechan alrededor de 1,3 millones de toneladas de ese material.
El ABC del decreto
El decreto del Gobierno fijó un arancel de 35 % para 14 subpartidas de productos de los sectores siderúrgico y metalmecánico provenientes de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales.
Entre los bienes cobijados están barras de acero, alambres, alambrón, tubos soldados, alambre de púas, clavos, puntillas, grapas, manufacturas de alambre y tornillos.
La medida entrará en vigor el 1 de abril y tendrá una vigencia inicial de un año. Según el Gobierno, la decisión busca proteger a la industria nacional frente al aumento de importaciones desde países con alta capacidad productiva, como China, Rusia, Turquía e India. Al término de ese periodo, el impacto será evaluado para definir si el arancel se mantiene, se ajusta o se desmonta.
El decreto del Ministerio de Comercio destaca que el sector siderúrgico y metalmecánico es un eslabón estratégico de la economía, pues suministra insumos esenciales para sectores como construcción, infraestructura, energía y transporte. Además, representa cerca del 10 % del PIB industrial, generando aproximadamente 45.000 empleos directos e indirectos.
Camacol ya anunció que demandará el decreto, en medio de un panorama en el que el sector de la vivienda completa 33 meses consecutivos de caída en las iniciaciones y ha vuelto a niveles de actividad comparables con los de 2012.
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Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
