Recientemente se dio a conocer un proyecto de ley que fue radicado en noviembre del año pasado por el representante a la Cámara Silvio José Carrasquilla, mediante el cual se busca establecer un ingreso salarial mínimo para los técnicos y profesionales del país.
Según su autor, en Colombia quienes obtienen este tipo de grados académicos se enfrentan a la realidad de ganar sueldos “que no corresponden con su preparación académica ni con la inversión que realizaron al momento de ingresar a la universidad. Esta problemática lleva consigo a que los egresados no aspiren a aumentar su nivel académico, ya que por un lado su trabajo no les otorga os ingresos suficientes para costearse un posgrado, viéndose obligados a recurrir a créditos y, por otra parte, encuentran que aumentar su nivel académico no es garantía de un mayor ingreso salarial”.
Lea también: Pensionados califican de “política discriminatoria” el anuncio de Iván Duque
Además, asegura que la aprobación de este proyecto aumentaría la competitividad del país, pues se traduciría en un estímulo para que la población se capacite en competencias técnicas y profesionales.
En suma, lo que se propone es que los egresados de un programa de estudios profesionales no ganen menos de tres salarios mínimos, que en 2022 equivalen a $3 millones; mientras que quienes tienen un título técnico, no reciban menos de dos salarios mínimos, que para este año son $2 millones.
Le puede interesar: OPA de Sura y Nutresa: los Gilinski se abren paso hacia las juntas directivas
El documento radicado en el Congreso también establece que el incremento salarial que se dé cada año se fijará con base en lo acordado en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que es la que intenta negociar la subida del salario mínimo.
De igual forma, se deja claro que en ningún caso se podrá desmejorar la condiciones laborales de los actuales trabajadores, es decir que si hay un profesional que gana más de tres salarios mínimos, el empleador no podrá reducir su salario a tres, alegando la eventual aprobación de este proyecto de ley.
Aunque este proyecto de ley apenas arranca su rumbo en el Congreso, desde ya se anticipa una serie de peros en el debate. Sin lugar a dudas uno de los más marcados será el del punto de vista empresarial.
Por un lado porque las empresas acostumbran a calcular los incrementos anuales de los salarios de sus trabajadores con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo general le suman unos pocos puntos porcentuales para garantizar el poder adquisitivo de su nómina. Sin embargo, que se establezca que ahora los incrementos se tienen que calcular con base en la subida del salario mínimo, presupone un reto importante, pues este año dicho incremento fue casi que el doble del IPC.
Por otro lado, y esto es algo que se ha visto en las negociaciones del salario mínimo, podrían decir que la aprobación de esta ley demandará un considerable incremento en los costos de operación por concepto de nómina, por lo que se verían con menos margen de contratación y, por consiguiente, aumentaría el desempleo o sería más complejo recuperar esas plazas laborales que destruyó la pandemia.
Más allá de esto, lo que busca defender el representante Carrasquilla es la dignidad de los trabajadores, pues no deja de ser cierto que en muchos casos el ingreso salarial no corresponde al esfuerzo y conocimientos que tiene el personal contratado.