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En rueda de prensa, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, denunció un “cartel de la insolvencia”.
La insolvencia es una figura legal que pueden usar quienes tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones. Pero, según el gremio, el mecanismo se está usando de manera fraudulenta para evadir el pago de obligaciones con entidades financieras, del sector solidario, fintech y empresas.
El gremio ha documentado varios casos y ya hay procesos penales en curso. Según Malagón, consultores se acercan a grupos de personas para proponer el “negocio” de declararse en insolvencia falsificando deudas o incluso sugieren pedir créditos para no pagarlos.
Los miembros del “cartel de la insolvencia”, dijo la cabeza del gremio, se están acercando a los ciudadanos por redes sociales y les venden “sueños”: la oportunidad de acceder a vacaciones o carros, por poner dos ejemplos, con la promesa de que la deuda será condonada. Además, garantizan “conciliaciones exprés” tras la creación de deudas falsas. A cambio, los “asesores” reciben beneficios económicos.
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La estructura criminal estaría integrada por grupos de abogados, asesores y centros de conciliación. También “prestanombres” o “quiroamigos”, personas naturales que prestan su nombre (algunos desde la cárcel) para aparecer en documentos de créditos y así ayudar a simular deudas que permitan cumplir los requisitos de insolvencia y conseguir acuerdos ante centros de conciliación.
De acuerdo con Asobancaria, hace 10 años había 400 casos de insolvencia, pero el año pasado se registraron 20.000 procesos de insolvencia y este año serían más de 30.000. En términos de montos, estarían comprometidos más de COP 1 billón.
El abogado penalista Iván Cancino explicó que la responsabilidad disciplinaría puede recaer sobre los abogados, pero también sobre los centros de conciliación. Incluso, aseguró que quienes promueven esta práctica podrían estar incurriendo en los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad de documento.
Los ciudadanos también podrían tener consecuencias judiciales por estas prácticas.
La abogada Diana Talero, presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, explicó que la ley de insolvencia protege al ciudadano, pero que la actual “tergiversación” del sistema afecta a todos, tanto por las consecuencias penales, como por el endurecimiento de las condiciones de crédito para frenar el fraude.
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