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Continúa la tensión entre el Gobierno y las administradoras de fondos de pensiones por el futuro de los recursos ahorrados por las personas que, aprovechando la ventana de traslado, decidieron pasar sus aportes a Colpensiones.
La posición que ha defendido el Gobierno —y que se ha aplicado bajo la Ley 100 durante los últimos 30 años— es que, cuando un cotizante se traslada de un fondo a otro, los recursos acumulados también deben moverse junto con él.
Sin embargo, el cambio que estaría revisando el Consejo de Estado surge a partir de la reforma pensional. En particular, el artículo 24 establece que esos recursos deberán ser trasladados al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que será administrado por el Banco de la República
Como lo explica el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, en la práctica lo que ahora establece la ley es que esos recursos deben permanecer ahorrados, en lugar de destinarse de manera inmediata al pago de pensiones. A su juicio, este mecanismo resulta más sostenible para el sistema pensional colombiano en el largo plazo.
Entonces, ¿qué pasará con el pago de las pensiones de los 25.000 afiliados que se trasladaron a Colpensiones? Para el Gobierno, esos pagos deberían financiarse con los COP 5 billones que hoy están en disputa.
Velasco, por su parte, sostiene —citando el marco normativo vigente— que dichos recursos no deberían utilizarse para ese fin, y que el pago de las pensiones tendría que salir de los aportes realizados por los otros 105.000 cotizantes que también se trasladaron al sistema público.
“De esta manera no se abre un hueco en Colpensiones. La lógica de ahorrar es mucho más poderosa y conveniente. Por eso recibimos con beneplácito la decisión del Consejo de Estado”, dijo en entrevista con Blu radio.
Definir quién tiene la razón es en lo que trabaja el Consejo de Estado (de allí la suspensión al decreto emitido por el Gobierno) pues aunque la reforma pensional se encuentra suspendida (lo que le daría la razón al Ejecutivo para que se aplique la Ley 100), la Corte Constitucional dejó con vida dos artículos: el que creó las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI) y el 76, que creó la oportunidad de traslado.
El artículo 76, el que está vigente, establece claramente que la plata de quienes usaron la oportunidad de traslado debe seguir en los fondos hasta que se cumplan los requisitos de pensión. Por eso, expertos consultados por este diario, como Kevin Hartmann, abogado experto en el tema y fundador de Hartmann Asociados, y Andrés Felipe Izquierdo, abogado experto en el tema y gerente general de Integral Soluciones Pensionales (ISP), habían advertido que el decreto del gobierno era ilegal.
Ahora bien, ¿qué pasa con quienes se trasladaron y ya cumplieron los requisitos de pensión? Ese es el centro del debate. La reforma pensional dice, en el artículo 24, que cuando los afiliados que se trasladaron se pensionen, los recursos pasarán al fondo de ahorro que administrará el Banco de la República. La diferencia es que ese artículo hoy está suspendido.
¿Dónde están los COP 5 billones?
El Gobierno ha señalado que quienes se estarían beneficiando de la presunta retención de estos recursos son las administradoras de fondos de pensiones, al considerar que estarían obteniendo réditos a través de las comisiones que cobran por la administración de esos dineros.
El presidente de Asofondos dice que “no se están ganando un solo peso por tener esos recursos” y que pueden transferirlos sin problema tan pronto lo indique el Consejo de Estado.
Explica que esos COP 5 billones hoy están invertidos en diversos activos, pero que más del 70 % de estos están en títulos de tesorería (TES) del Gobierno.
“El 95 % de esos dineros están en Colombia. Hacen parte del fondo conservador, como lo ordena la ley, que son los que pertenecen a las personas que están a menos de diez años de pensionarse”, puntualiza.
Velasco invitó al Gobierno a cesar los ataques y recuerda que el uso de los ahorros no depende netamente de la voluntad de las administradoras, dado que hacen parte de un sector altamente regulado y vigilado. “En 30 años no se ha perdido un solo peso en las AFP”, concluyó.
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