Banco Agrario responde a hallazgo de la Contraloría en caso Estraval

El pasado 24 de julio, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió un detrimento patrimonial de más de $19.000 millones a causa de un contrato suscrito entre el Banco Agrario de Colombia y la firma de libranzas Estraval, cuya liquidación judicial fue ordenada por la Superintendencia de Sociedades el año pasado, a causa de la captación ilegal de dinero del público que realizaba la compañía. (Lea: Ordenan liquidación de Estraval S.A. por captación ilegal de dineros).
  
Entre otros aspectos, de acuerdo con la CGR, el banco no cumplió con su manual de políticas de crédito, cartera y garantías ni con las normas de la Superintendencia Financiera. Tampoco, dice el órgano de control, se verificó la experiencia de Estraval en operaciones de libranzas, y, una vez esa empresa fue sometida a control por la Supersociedades, “el banco no adoptó ni ejecutó acciones o medidas eficaces y oportunas frente a tales situaciones”, según el comunicado de la Contraloría.
 
El Banco Agrario respondió, también a través de una comunicación oficial. Explicó que la entidad financiera “celebró contrato de compra de cartera a descuento con Estraval en junio de 2014. Estas operaciones tuvieron lugar hasta abril de 2015, cuando decidió realizar la suspensión de compras a esa empresa, y posteriormente, en junio de 2016, procedió a efectuar revocatoria del mandato de administración de cartera que tenía con Estraval”.
 
Asimismo, el único banco público del país aseguró que se constituyó como víctima dentro del proceso penal que cursa en contra de los socios de Estraval, “para buscar el resarcimiento de la inversión, y entró al proceso administrativo de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, entidad que intervino a Estraval desde el mes de mayo de 2016”.
 
El 21 de octubre del año pasado, además, luego de que se iniciara el proceso de liquidación judicial, “presentamos nuestra reclamación ante dicha Superintendencia, solicitando ser reconocidos como acreedores y subsidiariamente como afectados. Las anteriores reclamaciones están pendientes de ser decididas por parte de la Superintendencia de Sociedades”, dice la entidad. En contraste, la CGR había reprochado que, con miras a recuperar los más $19.000 millones, el banco pidió ser reconocido como acreedor y afectado. “No obstante, no fue reconocido como afectado”, resalta la Contraloría.
 
El banco, en su plan estratégico de 2011, decidió participar en el mercado de libranzas, que en el sistema financiero asciende a unos $40 billones. “La cartera de Estraval, que llegó a un máximo de $24.125 millones, está representada en 5.097 pagarés de libranza, que ascienden a un saldo aproximado de $15.000 millones, que representan el 0,12% dentro de la cartera total del Banco y el 0,06% dentro de sus activos”, dijo el Banagrario.
 
Concluyó afirmando que “está evaluando los recursos a que haya lugar, los planes de acción que podrían implementarse y las demás acciones legales que se establezcan, tanto para recuperar el dinero, como para dar respuesta a los hallazgos de la Contraloría”.

El pasado 24 de julio, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió un detrimento patrimonial de más de $19.000 millones a causa de un contrato suscrito entre el Banco Agrario de Colombia y la firma de libranzas Estraval, cuya liquidación judicial fue ordenada por la Superintendencia de Sociedades el año pasado, a causa de la captación ilegal de dinero del público que realizaba la compañía. (Lea: Ordenan liquidación de Estraval S.A. por captación ilegal de dineros).
  
Entre otros aspectos, de acuerdo con la CGR, el banco no cumplió con su manual de políticas de crédito, cartera y garantías ni con las normas de la Superintendencia Financiera. Tampoco, dice el órgano de control, se verificó la experiencia de Estraval en operaciones de libranzas, y, una vez esa empresa fue sometida a control por la Supersociedades, “el banco no adoptó ni ejecutó acciones o medidas eficaces y oportunas frente a tales situaciones”, según el comunicado de la Contraloría.
 
El Banco Agrario respondió, también a través de una comunicación oficial. Explicó que la entidad financiera “celebró contrato de compra de cartera a descuento con Estraval en junio de 2014. Estas operaciones tuvieron lugar hasta abril de 2015, cuando decidió realizar la suspensión de compras a esa empresa, y posteriormente, en junio de 2016, procedió a efectuar revocatoria del mandato de administración de cartera que tenía con Estraval”.
 
Asimismo, el único banco público del país aseguró que se constituyó como víctima dentro del proceso penal que cursa en contra de los socios de Estraval, “para buscar el resarcimiento de la inversión, y entró al proceso administrativo de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, entidad que intervino a Estraval desde el mes de mayo de 2016”.
 
El 21 de octubre del año pasado, además, luego de que se iniciara el proceso de liquidación judicial, “presentamos nuestra reclamación ante dicha Superintendencia, solicitando ser reconocidos como acreedores y subsidiariamente como afectados. Las anteriores reclamaciones están pendientes de ser decididas por parte de la Superintendencia de Sociedades”, dice la entidad. En contraste, la CGR había reprochado que, con miras a recuperar los más $19.000 millones, el banco pidió ser reconocido como acreedor y afectado. “No obstante, no fue reconocido como afectado”, resalta la Contraloría.
 
El banco, en su plan estratégico de 2011, decidió participar en el mercado de libranzas, que en el sistema financiero asciende a unos $40 billones. “La cartera de Estraval, que llegó a un máximo de $24.125 millones, está representada en 5.097 pagarés de libranza, que ascienden a un saldo aproximado de $15.000 millones, que representan el 0,12% dentro de la cartera total del Banco y el 0,06% dentro de sus activos”, dijo el Banagrario.
 
Concluyó afirmando que “está evaluando los recursos a que haya lugar, los planes de acción que podrían implementarse y las demás acciones legales que se establezcan, tanto para recuperar el dinero, como para dar respuesta a los hallazgos de la Contraloría”.