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A pesar de que la calidad del gobierno colombiano aumentó de 0,38 a 0,42 en el periodo 2005-2015, de acuerdo al Índice de Calidad de Gobierno, la confianza de los ciudadanos en el gobierno ha disminuido desde 2006.
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De acuerdo con el informe Perspectivas económicas de América Latina 2018, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Colombia logró un progreso importante en sus esfuerzos para aumentar la accesibilidad y disponibilidad de su información pública, y para fomentar la reutilización de los datos a fin de crear valor.
De acuerdo con el índice de datos gubernamentales abiertos, útiles, reutilizables (OUR por sus siglas en inglés) Colombia está por encima tanto del promedio de América Latina y el Caribe (0,44) como de la OCDE (0,56) con una puntuación de 0,76 sobre un total de 1.
Sin embargo, esto queda relegado ante la perspectiva de los colombianos de que la corrupción estaba extendida en el país (86 % de los encuestados). Esto representa un aumento de 13 puntos porcentuales con respecto a 2006, situando a Colombia arriba del promedio regional de 79%.
De igual manera, la proporción de la población que expresó confianza en el gobierno nacional cayó de 48% a 26% en el mismo periodo. Además, solo 25% de los colombianos expresaron confianza en los tribunales del país en 2016.
La OCDE destacó que en la última década el Gobierno colombiano ha fortalecido la integridad y la transparencia en el país, a través del Plan Nacional de Gobierno Abierto y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“Colombia ha reformado su marco legislativo para combatir la corrupción y fortalecer el Estado de derecho, aprobando un conjunto de normas en esta materia”, señala el organismo en el documento, mencionando específicamente la creación de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción y la ley que reglamenta la responsabilidad de las empresas por soborno internacional y otros actos de corrupción.
Finalmente, se reconoce las mejoras en la capacidad del Estado, entre las que está, principalmente, la centralización de los procesos de compra de los ministerios y dependencias públicas en un solo órgano (Compra Eficiente).
En su undécima edición (titulada Repensando las instituciones para el desarrollo), la Ocde se centra en el análisis “de la creciente desconexión entre los ciudadanos y las instituciones públicas en América Latina y el Caribe”, caracterizada por una caída de los niveles de confianza, la falta de buenos empleos y la cada vez menor satisfacción con servicios públicos clave como la salud y la educación.
El informe sostiene que esta desconexión creciente debilita el contrato social en la región, y que por ello se debe avanzar hacia un nuevo nexo Estadociudadanos-mercado. Para ello, es necesario repensar las instituciones para que impulsen un crecimiento incluyente y para construir Estados que cumplan y sean más confiables, más capaces, más abiertos y más innovadores para poder dar respuesta a las exigencias de los ciudadanos.
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A lo largo del estudio se analizan cuestiones relacionadas con el desarrollo económico y social en la región de América Latina y el Caribe (ALC) comparándolas con otros países y regiones de todo el mundo. También se presentan los principales retos para el desarrollo de la región y se plantean recomendaciones de políticas públicas, experiencias y buenas prácticas.
Por Redacción Economía.
