Cámara Colombiana de la Infraestructura respalda el pago de obras de Ruta del Sol

Imagen de referencia. / Pixabay

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) aseguró que el pago de acreencias por parte del Estado con aquellas entidades que financiaron la Ruta del Sol tramo II “garantiza, ni más ni menos, los recursos de todos los ahorradores de las entidades bancarias que desembolsaron los dineros para la construcción de las obras recibidas por la Nación”.

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Así lo manifestó el gremio en un comunicado en el que llamó a la opinión pública a hacer un análisis “con ecuanimidad, objetividad y, sobre todo, velando por la guarda del interés público involucrado en los proyectos de infraestructura”.

También dijo que no se puede pasar por alto el hecho de que el Estado había apropiado desde antes de la adjudicación del proyecto las correspondientes vigencias futuras para el reconocimiento de las obras, “todo ello dentro de las programaciones previstas en el contrato y en la ejecución presupuestal” y que se trata de obras que “en efecto, fueron entregadas al Estado por parte del concesionario”.

La CCI hizo un recuento en el que dijo que los criterios, rubros y el modo como ha de darse la liquidación en casos como el del contrato de concesión de la Ruta del Sol II, fueron definido por el legislador y avalados integralmente por la Corte Constitucional, haciendo referencia a que recientemente la entidad judicial declaró la exequibilidad del artículo 20 de la Ley 1882 de 2018 y “con ello la obligación del reconocimiento de los derechos de los terceros de buena fe que hubieren participado en la ejecución de proyectos de infraestructura, entre los cuales se encuentran trabajadores, proveedores, financiadores e inversionistas”.

Incluso recordó que el Ministerio de Transporte informó a la opinión pública que, en el curso del proceso arbitral que culminará el próximo 6 de agosto, un peritaje independiente a cargo de una firma internacional determinó que el valor de las obras y prestaciones del tramo II de la Ruta del Sol es de $1,9 billones.

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El gremio refirió que de acuerdo con el Ministerio, el mismo análisis pericial determinó que el saldo por pagar, de los recursos aportados por entidades financieras para apalancar el mencionado proyecto es de $1,2 billones. “Lo anterior, en pocas palabras, significa que el monto por pagar -a cargo de la ANI, que es la dueña de la obra- de las prestaciones que beneficiaron al Estado, sería superior al saldo de la deuda con las entidades bancarias que aportaron recursos para financiar la ejecución del megaproyecto”, señaló.