Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
De los 33.000 kilómetros que el Gobierno prometió intervenir con Caminos Comunitarios, solo 4.087 han sido mejorados.
Caminos Comunitarios para la Paz Total nació en septiembre de 2022 con una meta ambiciosa: intervenir el 23 % de la red vial terciaria del país, cerca de 33.000 kilómetros, mediante inversiones superiores a COP 8 billones durante el cuatrienio.
Sin embargo, a menos de dos meses de que el gobierno Petro entregue el poder, el programa reporta 4.087 kilómetros mejorados, equivalentes al 12,4 % de la meta. Según el Instituto Nacional de Vías, en ese periodo el programa invirtió COP 685.846 millones y ejecutó más de 2.390 proyectos en 31 departamentos que han beneficiado a cerca de 873.000 personas.
La apuesta del programa fue distinta a cualquier cosa que Colombia había intentado antes en vías terciarias. En lugar de licitaciones con grandes contratistas, el Gobierno decidió firmar convenios directamente con Juntas de Acción Comunal. La lógica era sencilla: quienes conocen los caminos pueden repararlos; quienes viven en el territorio también saben cuáles son las prioridades. El Estado aportaba los recursos y las comunidades, la mano de obra y el conocimiento local.
Para hacer posible esa contratación directa, el presidente Petro creó por decreto el Instituto Nacional de Vías Regionales, el Invir. El problema llegó en octubre de 2024, cuando la Corte Constitucional tumbó el decreto por extralimitación de competencias presidenciales. El Invir quedó sin piso jurídico y los procesos tuvieron que retornar al carril licitatorio convencional, el mismo que el programa había intentado evitar desde el principio.
La decisión alteró el modelo original y frenó buena parte de la ejecución.
Recomendado: La trampa del barro: el eterno problema de las vías entre el olvido y la pobreza
Lo que encontraron la Contraloría y la Procuraduría
En la vigencia 2023, la Contraloría General revisó 121 de los 1.035 convenios suscritos con organizaciones de acción comunal en ese año, por un monto de COP 233.853 millones. Los hallazgos contrastan con el balance presentado por el Invías.
Más de la mitad de los convenios no habían sido publicados en el SECOP II, el sistema de contratación pública. También hubo desembolsos sin soportes suficientes, prórrogas sin justificación técnica, y la interventoría, el mecanismo que debía verificar que las obras se hicieran bien, operó de manera deficiente en la mayoría de los casos revisados. El resultado fue un posible detrimento patrimonial de COP 1.513 millones, además de obras terminadas con fallas estructurales que comprometían su vida útil desde el primer año.
En 2024, la situación empeoró. De 1.125 convenios suscritos ese año, 883 estaban suspendidos por falta de asignación presupuestal. Cinco fueron terminados sin ejecutar ni un peso. De los 237 que seguían vigentes, 209 no reportaban ningún avance. Solo 28 convenios (el 2,49 % del total) mostraban ejecución real.
A finales de ese año, la Procuraduría anunció investigaciones disciplinarias contra directivos y exfuncionarios del Invías por las irregularidades en Caminos Comunitarios. Entre los investigados aparecen tres exdirectores del instituto (Mercedes Elena Gómez Villamarín, Juan José Oyuela Soler y Juan Carlos Montenegro Arjona) y el gerente del programa, Luis Fernando Sepúlveda Ortiz, además de directores territoriales e interventores por determinar.
Los cargos que investigó la Procuraduría incluyeron violaciones a los principios de publicidad, transparencia y planeación, desembolsos sin soportes y deficiente gestión de la interventoría. Es decir, las mismas deficiencias documentadas previamente por la Contraloría.
El Invías respondió entonces que los atrasos obedecían a factores externos y que la responsabilidad de la supervisión recaía principalmente en los interventores. Una respuesta que el programa de auditoría de la Contraloría no aceptó: “Tampoco se encontraron evidencias de que la interventoría o el Invías hubiesen hecho requerimientos formales a las JAC para corregir fallas”, dice el informe.
El problema estructural que el programa intentó resolver
Nada de lo anterior significa que Caminos Comunitarios no haya tocado una necesidad real. La radiografía de las vías terciarias en Colombia es devastadora con o sin este programa.
El país tiene cerca de 142.000 kilómetros de red terciaria. Solo el 6,4 % está pavimentado. El resto es tierra, piedra o barro, según la temporada de lluvias. Los costos logísticos en Colombia representan el 15,6 % del valor de los productos, casi el doble del promedio de la OCDE. Solo en Putumayo, uno de los departamentos con mayor extensión de vías terciarias, el presupuesto disponible alcanza para invertir COP 35.200 por metro de vía, el precio de un almuerzo corriente en cualquier ciudad. Sin embargo, el Plan Maestro de Transporte Intermodal estima que intervenir un kilómetro de vía terciaria cuesta COP 750 millones. De modo que la brecha entre lo que existe y lo que se necesita no la cierra ningún programa en un solo gobierno.
Lo que Caminos Comunitarios intentó (y en parte logró) fue demostrar que el modelo de contratación directa con comunidades podía funcionar donde los procesos licitatorios convencionales habían fallado durante décadas.
En los proyectos que se ejecutaron bien, el impacto fue real: cosechas que llegaron al mercado, niños que caminaron menos barro para llegar al colegio, mujeres embarazadas que alcanzaron el centro de salud a tiempo.
Intervenir 4.087 kilómetros no es un resultado menor. El problema está en la proporción frente a la meta planteada.
El avance general del 88,49 % del Invías corresponde al porcentaje de proyectos terminados o en ejecución frente al total de convenios suscritos, y no frente a la meta original de 33.000 kilómetros.
En materia presupuestal, el Invías ejecutó COP 235.776 millones a junio de 2026, frente a los COP 573.204 millones registrados un año antes, una caída nominal del 59 %, de acuerdo con las cifras de Hacienda. Caminos Comunitarios, además, no contó con apropiación presupuestal durante 2025. Aunque este año volvió a recibir recursos, revertir cuatro años de retrasos en apenas ocho meses resulta improbable. Como ha advertido el economista Fabián Osorio, de Corficolombiana, una transformación institucional de esa magnitud suele requerir mucho más tiempo.
El avance de los programas de mejoramiento de vías regionales y caminos ancestrales aún está por debajo de la meta trazada para el cuatrienio. De los 88.342 kilómetros previstos, el Gobierno reporta la intervención de 65.356 kilómetros, según la plataforma Sinergia del Departamento Nacional de Planeación. Pese a ello, la cifra supera el resultado del gobierno de Iván Duque, que entre 2019 y 2022 mejoró y mantuvo 55.240 kilómetros. Es decir, la administración actual registra cerca de 10.000 kilómetros más intervenidos, aunque esa comparación debe leerse teniendo en cuenta que el cuatrienio anterior estuvo marcado por el impacto de la pandemia.
El gobierno Petro entrega en agosto a su sucesor con 4.087 kilómetros mejorados sobre 33.000 prometidos, con investigaciones disciplinarias abiertas sobre los funcionarios que condujeron el programa, con un modelo de contratación comunitaria que la Corte Constitucional anuló a mitad de camino y con una deuda de conectividad rural que ningún cuatrienio, solo, puede saldar.
Al final, el balance cabe en una imagen sencilla: algunos caminos dejaron de ser barro; muchos otros todavía esperan convertirse en carretera.
💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.
