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A los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) se les acabó el margen. Ayer venció el plazo de la Superintendencia de Transporte para corregir fallas en la revisión técnico-mecánica y, en paralelo, detalló las nueve conductas irregulares que siguen repitiéndose en el sistema.
La advertencia se apoya en la revisión de planes de mejora aplicados a 166 CDA entre 2023 y el primer semestre de 2025. El resultado es una lista concreta de incumplimientos en inspecciones, registros y controles.
“Las instrucciones contenidas en la Circular no crean obligaciones nuevas, sino que precisan y desarrollan deberes ya existentes”, señaló el superintendente Alfredo Enrique Piñeres Olave. El plazo venció “so pena de un posible cierre preventivo”, porque lo que está en juego es la seguridad vial.
La mortalidad por accidentes de transporte terrestre sigue dentro de las diez principales causas de muerte. Ocupa el noveno lugar. Debajo están pocas enfermedades; encima, casi todas las crónicas más frecuentes en Colombia.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial confirmó en el informe preliminar que 2025 fue el peor año desde que existe registro en 2017. Se contabilizaron 8.697 víctimas mortales y lesionadas valoradas por Medicina Legal. Cinco por ciento más que en 2024.
En 2017 la cifra rondaba las 6.490. El salto acumulado habla solo, con más de dos mil víctimas adicionales en menos de una década.
El paquete de fallas en los CDA va desde procedimientos básicos mal ejecutados hasta vacíos en la trazabilidad de las revisiones. La Supertransporte encontró, por ejemplo, que algunos centros no garantizan la “quema del PIN” antes de iniciar la inspección, una condición clave para validar el proceso en el sistema. También detectó problemas en las grabaciones: las evidencias fílmicas no siempre son completas, continuas o verificables.
Hay más. Vehículos que entran y salen sin registro claro de placas, inspecciones sensoriales hechas en distintos puntos sin control, formatos con información incompleta. En lo operativo, incluso fallas de iluminación: la norma exige un mínimo de 600 lux en las líneas de revisión, un estándar que no todos cumplen.
“El sistema estará parametrizado de tal manera que no se permitirá la aprobación ni finalización de procesos de inspección vehicular cuando no se haya realizado la quema del PIN”, precisa la circular. La idea es cerrar espacios a manipulaciones o atajos en el proceso.
El problema también pasa por las personas. La entidad encontró inconsistencias en la validación de inspectores y directores técnicos, y situaciones donde el personal no mantiene dedicación exclusiva durante la revisión.
Detrás de todo está el Sicov, el sistema que vigila y registra las revisiones. La Superintendencia insiste en reforzar controles tecnológicos y procedimentales para que cada inspección deje rastro verificable, desde que el vehículo entra hasta que sale.
Con el plazo vencido, los CDA que no ajusten sus procesos se exponen a sanciones que pueden llegar al cierre preventivo hasta por seis meses. La entidad anunció que hará seguimiento “al acatamiento estricto” de las instrucciones.
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