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El pasado domingo 11 de marzo se adelantó en el país la jornada de votación mediante la cual los colombianos eligieron a sus representantes en el senado y congreso. Adicionalmente, se tuvo la oportunidad de participar en las denominadas ‘consultas interpartidistas’ que sirvieron para elegir Gustavo Petro e Iván Duque como candidatos presidenciales.
No obstante, en algunos de los más de 103.000 puestos de votación escasearon tarjetas electorales, razón por la cual se recurrió a tomar tarjetones de otras mesas que sí tenían, e incluso, fotocopiar estos documentos para permitirle a la ciudadanía ejercer su derecho al voto.
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Ante tal problemática esta mañana el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, afirmó en entrevista a Blu Radio que para garantizar dicho derecho sería necesario imprimir un número de tarjetones equivalentes al total de votantes por cada consulta.
“El país debe entender que la garantía para que esto no vuelva a suceder es imprimir el número de tarjetas equivalentes al censo electoral y así garantizar el derecho a votar a todos los colombianos”, dijo el registrador.
En otras palabras, si actualmente el número de votantes en Colombia, también llamado censo electoral, se estima en 36 millones de personas, en las anteriores elecciones, como hubo dos consultas, se hubiera requerido un total de 72 millones de tarjetas electorales.
Una de las principales preguntas que genera dicha propuesta es ¿cuánto dinero puede llegar a costar?
Para la anterior consulta interpartidista la Registraduría recibió del Ministerio de Hacienda recursos por $26.450 millones, dinero que sirvió para imprimir 30 millones de tarjetones, es decir, que si se hubiera necesitado imprimir 72 millones la inversión hubiera superado los $63.000 millones. La anterior estimación se hace sin tener en cuenta factores que puedan encarecer o abaratar dichos costos.
Hay que tener en cuenta que en el futuro probablemente estas consultas se hagan más populares, razón por la cual ya no se hable de dos, sino de cuatro o cinco, es decir que la impresión de tarjetones aumente, incrementando así la inversión económica.
¿Por qué no ahorrar costos implementando el voto electrónico?
El registrador, en la misma entrevista, explicó que el voto electrónico si bien tiene unas ventajas también tiene otros factores que pueden ser perjudiciales en materia de inversión y seguridad, motivos por los cuales sigue pensando que la mejor alternativa sea el sistema de elecciones convencional.
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Sin embargo, hay una entidad que piensa que el problema de la escasez de tarjetones no es un asunto de falta de inversión sino más de distribución. MinHacienda asegura esto ya que, de los 30 millones del total de los documentos impresos, sobraron 20 millones.
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“De acuerdo con estimaciones preliminares, las consultas utilizaron alrededor de 10 millones de tarjetones, aproximadamente el 33% de los que se imprimieron. De esta manera, el presupuesto solicitado y aprobado fue suficiente para atender las necesidades de dichas consultas, prueba de ello es que se registró un sobrante de 20 millones de tarjetones frente a lo presupuestado y aprobado”, manifestó la cartera hacienda.
El anterior argumento le permite a MinHacienda afirmar que el problema no fue un asunto presupuestal sino de distribución, a la vez que aclara que como cartera no tiene injerencia en el proceso electoral más allá de la destinación de los recursos, razón por la cual reconoce la autonomía de la Registraduría para la administración de los mismos.
Vale la pena aclarar que el registrador precisó que la distribución de los tarjetones fue totalmente equilibrada en los más de 103.000 puestos de votación que hubo en el país, esto a raíz de que los organizadores de las consultas no solicitaron una entrega especial que beneficiara en número de documentos a una región a comparación de otra.
¿Invertir en más tarjetones o distribuirlos mejor? esa es la pregunta.