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A pocos días del relevo presidencial, Colfecar aseguró que el nuevo gobierno recibirá un frente abierto en materia de infraestructura: litigios, contratos terminados y corredores que volverán al Estado sin recursos suficientes para garantizar su operación y mantenimiento durante lo que resta de 2026.
El gremio calculó que las contingencias asociadas a procesos de reversión y terminaciones anticipadas de concesiones podrían representar pasivos por COP 5,28 billones para la Nación. A ese monto se suman, según la organización, 1.424 kilómetros de carreteras que atraviesan distintos procesos contractuales y que, en varios casos, pasarán a ser administrados por el Instituto Nacional de Vías (Invías).
El gremio sostiene que, una vez las concesiones revierten al Estado, varias vías quedan sin recursos para servicios esenciales como grúas, ambulancias, atención a emergencias y mantenimientos periódicos, pese a que continúan soportando un alto flujo vehicular.
Entre los casos que menciona figura la concesión Cartagena-Barranquilla, operada por Autopistas del Caribe, cuya terminación se produjo el pasado 22 de julio tras una conciliación arbitral. También aparece DEVIMED, en el corredor Medellín-Oriente antioqueño, cuyo contrato vence el 31 de julio. Según Colfecar, Invías les manifestó que no tiene apropiados recursos para asumir la operación de esos corredores durante la vigencia 2026.
El gremio también puso el foco sobre el proyecto Ruta al Mar, entre Antioquia y Bolívar, cuyo proceso arbitral podría derivar, según sus estimaciones, en una reclamación cercana a COP 3,5 billones. Para Colfecar, mantener vigente esa concesión sería una alternativa para evitar una nueva carga fiscal y preservar las condiciones de operación de uno de los corredores estratégicos del Caribe.
La advertencia revive un debate que ha acompañado al sector durante los últimos años: qué ocurre cuando una concesión termina. Aunque la infraestructura regresa al Estado por diseño contractual, el desafío no termina con la firma del acta de reversión. A partir de ese momento comienza otra carrera, la de garantizar que las carreteras mantengan estándares de conservación y atención al usuario mientras se define su futuro.
La propia Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó en enero que el corredor DEVIMED iniciaría su proceso de reversión entre el 29 de enero y el 31 de julio de este año. Durante ese periodo, el concesionario seguiría prestando los servicios de operación, mantenimiento, ambulancias y grúas hasta la entrega definitiva de la infraestructura a la Nación.
Contexto: El corredor entre Medellín y el Oriente antioqueño avanza para ser entregado a la Nación
| Proyecto (Concesionario) | Longitud (km) | Reversión | Causa de terminación anticipada | Demanda | Indemnización (billones COP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogotá – Facatativá – Los Alpes (Concesiones CCFC S.A.S.) | 38 | 28-mar-24 | Vencimiento de plazo (20 años) | No | 0 |
| Córdoba – Sucre (Autopistas de la Sabana S.A.S.) | 177 | 30-abr-25 | Vencimiento de plazo (~18 años) | No | 이 |
| Perimetral Oriente (Cundinamarca) (POB S.A.S.) | 152 | 12-jun-26 | Terminación por laudo arbitral | Sí | COP 1,3 |
| Autovía Bucaramanga – Pamplona (Autovía B-Pamplona S.A.S.) | 134 | 30-jun-25 | Inviabilidad ambiental – mutuo acuerdo | Sí | 0 |
| Cartagena – Barranquilla (Autopistas del Caribe, IP) | 253 | 22-jul-26 | Terminación por conciliación arbitral | Sí | COP 0,48 |
| Antioquia – Bolívar (Ruta al Mar S.A.S., IP) | 498 | Feb-2027 (est.) | Laudo CIRD por incumpl. estatales | Sí | COP 3,5 |
| Oriente de Medellín (Devimed S.A.S.) | 172 | 31-jul-26 | Vencimiento de plazo (20 años) | No | 0 |
A principios de julio, la ANI defendió la gestión de los proyectos concesionados y aseguró que las iniciativas avanzan conforme a las distintas etapas de maduración técnica, jurídica y financiera. La entidad destacó, además, los avances de las concesiones 5G y explicó que cada proyecto enfrenta ritmos distintos debido a factores ambientales, prediales, sociales y regulatorios.
Sin embargo, el panorama de las reversiones ya venía generando inquietud en el sector. En los últimos años han regresado al Estado corredores como Bogotá-Facatativá-Los Alpes y Córdoba-Sucre, mientras otros contratos de primera generación entran en su fase final. Paralelamente, varios proyectos enfrentan procesos arbitrales derivados de controversias ambientales, incumplimientos o terminaciones anticipadas.
La propia ANI ha diagnosticado el incremento de los litigios alrededor de las concesiones. Durante el último Congreso Nacional de Infraestructura, la ANI reconoció que buena parte de las controversias contractuales se concentra en tribunales de arbitramento, aunque aseguró haber mejorado su tasa de éxito judicial y fortalecido mecanismos de conciliación para evitar que los conflictos escalen.
Los pleitos jurídicos se volvieron parte del paisaje. Entre 2020 y 2025, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) enfrentó 32 laudos arbitrales que tardan, en promedio, 651 días en resolverse.
A corte de diciembre de 2025, los litigios habían aumentado a 44 tribunales de arbitramento por COP 12,5 billones y más de 3.000 procesos adicionales por COP 2,8 billones. En total, COP 15 billones, una cifra equivalente a una reforma tributaria. Pese a que la tasa de éxito pasó de 33 % a 66 %, lo importante, finalmente, es que las obras se desarrollen y que beneficien a la sociedad.
Para Colfecar, la ausencia de recursos para conservar las vías revertidas puede traducirse en un deterioro progresivo de corredores estratégicos y en una reducción de los servicios que reciben los usuarios.
“Los usuarios de las vías nos sentimos abandonados en las carreteras administradas por el Invías, puesto que cada vía que es revertida a esta entidad queda de inmediato sin servicios de información del estado de las vías o acompañamiento de grúas y ambulancias”, señaló el gremio.
El llamado quedó dirigido al gobierno entrante.
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La organización pidió revisar el caso de DEVIMED antes de que concluya el contrato y buscar alternativas para Ruta al Mar, mientras advirtió que la transición entre concesiones y administración pública será uno de los primeros desafíos que enfrentará la nueva administración en materia de infraestructura.
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