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Esta semana, la firma Standard & Poor’s le quitó a Colombia el grado de inversión, al rebajar la calificación crediticia del país un escalón (aunque manteniendo una perspectiva estable para la economía colombiana).
Esto reanudó la presión para que el país pase una reforma tributaria que, claro, confronte los problemas fiscales del país, pero que también responda a las expectativas sociales que estallaron con el paro nacional, un movimiento que arrancó como oposición al proyecto de ley que fue retirado por el Gobierno, pero que hoy es un crisol de reclamos, agravados por la pandemia.
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Por estos días, la reforma tributaria es un tema que, por su naturaleza, se ha abordado principalmente desde dos perspectivas: recaudo (o sea, de dónde saldrá el dinero faltante) y el gasto social (cómo apoyar a los más vulnerables en medio de la peor crisis económica en la historia del país).
Una perspectiva que no se suele examinar tanto es cómo el estatuto tributario puede impulsar la generación de más y mejor empleo. Este es un asunto central en la recuperación económica del país, tanto en el corto como en el largo plazo.
Desde varios sectores han emergido propuestas de cómo debería ser la próxima tributaria. La más reciente de ellas, diseñada después del retiro de la llamada Ley de Solidaridad Sostenible, fue redactada por la Red de Trabajo Fiscal, una alianza de varios centros académicos de pensamiento. La iniciativa, que incluye un articulado modelo, pretende recaudar más de $20 billones sin tocar el bolsillo de los colombianos que ganan menos de $6 millones mensuales, pero sí profundizando la tributación de los ciudadanos con ingresos altos, así como eliminando exenciones y gabelas otorgadas a las empresas.
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Una cosa que preocupa a algunos expertos es que, al sonido de crisis económica, el coro suele responder con las palabras austeridad y flexibilización laboral. Dos términos que, dicen analistas, suelen tener impactos negativos de largo plazo sobre la creación y calidad del empleo, asuntos que a su vez terminan golpeando la productividad y el crecimiento de la economía en general.
“Esta es una fórmula que ya se ensayó, no en una crisis en el año 1700, sino hace apenas diez años, en la de 2008. Y vemos sus malos resultados en las economías de países como España, Grecia y Portugal, que guardan muchas similitudes con nosotros”, opina Iván Daniel Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, quien añade que los llamados a la austeridad y la flexibilización laboral son respuestas “casi emocionales”, pero que terminan “vulnerando los estándares de trabajo decente y la generación de demanda agregada, lo que impide el crecimiento económico”.
Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, también se une a este llamado, al decir que para crear empleo desde el escenario tributario “se pueden hacer varias cosas, una de las más importantes sería reducir los costos de contratación, sin que por eso se desmejore la calidad de vida de los trabajadores”.
En un sentido similar, Luz Karime Abadía, directora de posgrados en Economía de la misma universidad, señala que para recuperar el empleo hay que tomar acciones por el lado de la oferta y la demanda. Sobre esto último, dice que “son necesarios incentivos monetarios temporales a las empresas, que reduzcan los costos laborales de contratación, a aquellas que empleen de manera formal a jóvenes y mujeres”.
Entre otras razones, uno de los argumentos que esgrimen los analistas para defender la creación de empleo desde el escenario tributario es impulsar la capacidad de adquisición y el consumo, dos factores poderosos en una economía que suele girar mucho más alrededor del mercado interno que de la producción para exportar.
Jaramillo habla de hacer un tránsito hacia “fórmulas de adaptación de los sistemas de formación para el trabajo, que hoy son más demandantes porque requieren competencias digitales y resolución de problemas complejos, entre otras habilidades”.
Refiriéndose a la oferta, Abadía asegura que “se deben identificar aquellos jóvenes que no trabajan y no tienen estudios superiores y capacitarlos en educación para el trabajo de alta calidad en áreas u oficios de alta demanda por parte del sector productivo, por ejemplo, en habilidades digitales. Así mismo, aumentar la oferta de becas y subsidios de sostenimiento para el acceso de jóvenes a carreras técnicas y tecnológicas en áreas relacionadas con las vocaciones productivas de las regiones”, dice.
Ahora bien, Colombia tiene estímulos en impuestos para la formación de capital humano y la producción de innovación y tecnología. Y, sin embargo, estas gabelas no parecen haberse traducido, necesariamente, en más o mejor creación de empleo (que a su vez impulsa la competitividad y la productividad de las empresas y la economía). Según un análisis hecho por el propio Reyes, en conjunto con Camilo Gallego, “el sistema tributario cuenta con incentivos tributarios a algunos de los sectores que nuestro análisis indica que son claves para el desarrollo productivo, y sin embargo es difícil argumentar que esté teniendo un éxito rotundo”.
Ya que estos incentivos parecen no haber tenido el efecto deseado en la creación de empleo, se plantea, entonces, enfocarse en la formación de capital humano. “Lo que debe haber son políticas activas y pasivas de generación de empleo. En las activas está el fortalecimiento del servicio de empleo para que su estructura permita liderar un crecimiento hacia la formalidad en el trabajo. Y en las pasivas sería tener una sustitución de ingreso por el tiempo de desempleo para impedir que la gente vaya al subempleo. Pero esta debe estar condicionada a formación del capital humano, por ejemplo. No tiene nada que ver con las cesantías, que es el contraargumento que algunos esgrimen. Y, sobre todo esta última es una medida que puede emerger del ambiente tributario”, opina Jaramillo.
Reyes asegura que los costos de contratación, sin lesionar a los trabajadores, se podrían bajar “separando, de una vez por todas, la seguridad social del trabajo; es decir, que los aportes a pensiones y a salud no vengan de un tributo que se cobra sobre el trabajo actualmente, sino que vengan de impuestos generales recaudados de una forma más progresiva. Esto reduciría los costos de contratación y generaría más empleo, salarios más altos y menos informalidad”.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, cree que en la reforma tributaria que se discuta se pueden dar alivios para las mipymes, como menores tarifas para el impuesto de renta. Esto tendría un impacto, por ejemplo, en la inversión, importante para la reactivación. Sin embargo, para incidir sobre la creación de empleo, Mejía dice que son más adecuadas las medidas tributarias que apuntan directamente al asunto. Así, cree que la extensión del subsidio a la nómina para la segunda mitad del año es “importante para mantener el empleo formal”.
Otra propuesta más reciente es la de crear empleos públicos de emergencia para jóvenes (menores de 28 años), una idea ya mencionada por economistas como Cecilia López Montaño y que respalda Fedesarrollo. Mejía explica que pueden ser labores de reparación y mantenimiento de infraestructura vial, servicios de tutoría para la niñez o cuidado de adultos mayores, lo cual podría ejecutarse a escala territorial (alcaldes y gobernadores) a través de ONG y fundaciones privadas, entre otros. Esto, agrega el director de Fedesarrollo, “tiene una fuente importante de financiamiento que son las regalías”.
Es importante destacar que se ofrecerían alternativas laborales en sectores con alta participación femenina, como la educación, el cuidado y la cultura, algo indispensable teniendo en cuenta que el desempleo ha afectado más a las mujeres. El desempleo juvenil es casi el doble para ellas que para los varones. Por esa razón, Mejía también destaca el anuncio reciente hecho por el Gobierno de subsidiar la nómina de las empresas que contraten jóvenes de manera formal.
Luz Karime Abadía, por otro lado, si bien resalta esa medida como positiva, agrega que no es suficiente. “Se requiere al tiempo acelerar la vacunación, que cesen las protestas y el paro, y que no se decreten más cuarentenas, pues si las empresas no pueden abrir o producir no contratarán más personas por más que haya incentivos; por el contrario, varias tendrían que cerrar”.