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La mayoría de países del mundo necesitan cambiar sus economías para cumplir con las metas establecidas en el Acuerdo de París. Los riesgos del cambio climático incluyen diferentes desastres naturales, desde huracanes hasta sequías y un posible aumento de la temperatura en dos o más grados centígrados.
Sin embargo, también existen otros riesgos y estos tienen que ver con la transformación de las economías para reducir su intensidad de carbono. Para lograrlo, es necesario convertir empleos y modificar la matriz energética, entre otras tareas.
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Este será un desafío difícil para los próximos gobiernos de Colombia, teniendo en cuenta que el 50 % de las exportaciones en el país provienen de sectores como el carbón, el petróleo y el gas. Sin embargo, es un reto urgente por las consecuencias del cambio climático y la probabilidad de que, en 2030, el planeta aumente su temperatura en más de dos grados centígrados.
Teniendo en cuenta la necesidad de definir con precisión esos riesgos para el sector económico, el Centro de Finanzas Sostenibles de la Universidad de los Andes está desarrollando —a través de alianzas con UK PACT y la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD)— proyectos de investigación y formación hacia el sector público y asegurador frente al riesgo de transición climática.
En esta entrevista, Clemente del Valle, director del Centro de Finanzas Sostenibles, habló sobre los riesgos de la transición tanto para las empresas como para el sector público y explicó por qué el rol del próximo Gobierno será crucial.
Teniendo en cuenta que la economía colombiana tiene una alta dependencia de sectores como el carbón, el petróleo y el gas, ¿cuáles son los pasos que habría que seguir para que la transición energética se haga efectiva sin afectar la economía del país?
Es inevitable que suceda una transición sin que se afecte el país, su economía, las fuentes de empleo, etc… Sin embargo, lo que estamos tratando de hacer es ayudar a que la transición sea de la manera más fluida y ordenada posible, disminuyendo sus impactos y riesgos. Los sectores público y privado pueden anticipar posibles escenarios de transición y a partir de allí tratar de que los cambios sean graduales y equitativos. Colombia, como otros países de la región, tiene una base exportadora muy fuerte en las economías extractivas y necesita hacer el cambio con responsabilidad.
¿Cuál sería esa transición ideal?
La transición debe ser ordenada, justa y equitativa. Estamos trabajando en la fase de cuantificar los riesgos y no hemos entrado en la fase de recomendaciones. La idea es presentarles al Gobierno y a las empresas posibles escenarios sobre evolución de precios y demandas de materias primas, entre otros impactos que se presentarán durante la transición hacia una economía baja en carbono. Los países desarrollados son grandes demandantes de recursos, y según vayan cambiando sus necesidades, la transición se puede acelerar o desacelerar. Esto también está ligado con los cambios de consumo, de tecnología, en las políticas y en el crecimiento del mercado que busca reducir la huella de carbono.
Para Colombia, estos cambios provendrán principalmente de choques externos y por eso se necesitan políticas públicas y estrategias en el sector privado para adecuarse a estos escenarios. En la medida en que los gobiernos se preparen con tiempo, los impactos serán menos inequitativos. Por ejemplo: la inflación que estamos viviendo en Colombia está castigando a las personas con menores ingresos y esto es algo que pasa cuando hay cambios abruptos; usualmente los que más resultan afectados son los menos favorecidos. Por eso es clave pensar en los impactos sociales y económicos que conlleva la transición.
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¿Ustedes cómo lo están estudiando?
La Agencia Francesa de Desarrollo financió al Centro un estudio sobre los riesgos en la transición del cambio climático para poder cuantificar y modelar los posibles escenarios que se pueden presentar en los próximos treinta años. Por otro lado, con UK PACT estamos trabajando en la formación de actores tanto del sector público como del asegurador, entendiendo estos riesgos y cómo gestionarlos.
¿Cuáles son algunos de los impactos de esta transición en Colombia?
Hay varios, por ejemplo el caso de las regalías, las cuales financian el desarrollo de varias regiones. Empresas vinculadas al sector del carbón o del petróleo, por ejemplo, tienen un peso muy importante en regiones como los Llanos Orientales, Santander, Cesar, La Guajira… Buena parte de la financiación de infraestructura pública en estas regiones proviene de las regalías, las cuales se verán afectadas por la disminución de exportaciones o por su pérdida de valor.
Y es justamente por estos riesgos que las empresas ya están buscando diversificar. Ecopetrol, por ejemplo, está buscando no depender solamente del petróleo y por eso invirtió en ISA; lo mismo están haciendo las grandes carboneras. Entre otras estrategias para diversificar el riesgo está el interés en minerales de gran demanda, como níquel y cobalto, entre otros que son claves para la energía solar. Lo importante aquí es ver las alternativas con suficiente tiempo y así ir suavizando el impacto de la transición.
¿Cómo financiar estos cambios tanto en las empresas como en el sector público?
Hay diferentes posibilidades. El Banco Mundial, por ejemplo, tiene líneas de créditos para proveer recursos financieros a los proyectos que están en la línea de la transición energética. Por otro lado, es cierto que hay que generar fuentes económicas propias y este es un gran desafío para el país. En la COP 26 se presentó un álgido debate sobre el rol que deberían tener los países desarrollados para ayudar a financiar a los países en vías de desarrollo en la transición, pues estos últimos son mucho más dependientes de las economías extractivas. En esta conferencia mundial finalmente se acordó aumentar los recursos para proyectos de sostenibilidad, pues los fondos para mitigar las consecuencias del cambio climático son todavía insuficientes.
¿Cómo ve la meta que se trazó Colombia para ser un país carbono neutral en 2050?
Hay muchas iniciativas y metas interesantes. También es positivo ver que en el país se está hablando sobre transiciones energéticas hacia el hidrógeno verde, por ejemplo, o que se está trabajando en planes de reforestación y de compensación de daños ambientales. Todos estos procesos son avances, pero requieren del acompañamiento del sector privado, si no quedarán incompletos. Para que la transición se genere de manera fluida, ordenada y equitativa, se requiere la acción colectiva de los diferentes actores de la economía y así asegurar que toda o la mayoría de la sociedad esté contemplada en los planes de transición. La meta que se trazó el Gobierno sobre neutralidad de carbono está aterrizando en políticas que por ahora están en fase de diseño, toca esperar la implementación de esas políticas. Todo está por verse.
¿Cuál será el rol del próximo Gobierno?
Bueno, como decía, este Gobierno deja unos compromisos y unas directrices importantes, como la Ley del Cambio Climático y los proyectos de electrificación del transporte. A la próxima administración nacional le tocará asumir la implementación de estas políticas, pues la actual dejará la hoja de ruta. Y otro reto es incluir al sector privado en la implementación de estas políticas y a participar en los cambios normativos. Será una tarea difícil, pero necesaria.