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¿Cómo vio desde la Alcaldía el acuerdo al que se llegó con las aseguradoras?
Desde EPM, una vez se dio el fallo en segunda instancia de la Contraloría, enviamos a un equipo a Madrid para avanzar en la negociación y buscar que se aceleraran los pagos. Hay que recordar que entre 2018 y 2019 Mapfre solo había pagado US$100 millones, en nuestro gobierno pagó US$150 millones más. Pero las expectativas de pago estaban lanzadas hacia 2023 y 2024 incluso. Por tanto, esos recursos, si no se hubiera dado el fallo de la Contraloría, no hubieran entrado hoy, que es cuando los necesitamos. Es un acuerdo muy importante porque permite recuperar parte de los recursos perdidos en Hidroituango. Estos US$983 millones pagarán los errores constructivos y de diseño por parte de los contratistas, y, adicionalmente, hemos avanzado en negociaciones con Sura, SBS y Axxa, aseguradoras que cubren a los directivos y los miembros de junta que han sido hallados responsables por el fallo fiscal. Ahí esperamos recuperar unos US$108 millones, que se sumarían al pago de Mapfre. Estimamos que por cambios de tasa y para completar los $4,3 billones del fallo de la Contraloría harán faltan unos $116.000 millones, en principio, que deberán ser asumidos por el resto de los responsables fiscales, contratistas y personas naturales. Esperamos en una segunda etapa sumarle los deducibles; el acuerdo que se firmó entre contratistas, EPM y aseguradoras en su momento implica que este deducible debe ser pagado por los contratistas, y eso está entre $400.000 y $800.000 millones. En total podríamos estar hablando de una recuperación de recursos para EPM por alrededor de $5 billones, lo cual es gran noticia y nos permite ganar el primer tiempo. Tenemos que ganar el segundo tiempo, que es sacar Hidroituango adelante.
Lea más sobre esto en: Luz en el caso Hidroituango: Mapfre y EPM logran acuerdo por US$983 millones
¿En dónde queda entonces el pleito por $9,9 billones que habían emprendido EPM y la Alcaldía?
Ese proceso se vuelve más importante todavía porque ya no vamos a tener a las aseguradoras, con las que llegamos a un acuerdo de punto final, que incluso supera las expectativas que tenía EPM. Estimamos que todavía hay por recuperar $5 billones aproximadamente; estamos modificando la demanda que tenemos en el Tribunal Administrativo para presentarla de nuevo. Estaba por $9,9 billones, restaremos los $4,3 billones que paguen entre aseguradoras y contratistas, y la demanda continuará su proceso en el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Se dice que las aseguradoras ya habían manifestado su intención de pagar y que entonces por qué la Alcaldía ahora “saca pecho” en el acuerdo alcanzado…
Estaban pagando muy despacio. Algunos de los pagos estaban a 3 o 4 años. El fallo obliga a pagar de forma inmediata y así EPM tiene los recursos para sacar Hidroituango adelante.
¿Qué sabor le deja que el futuro de Hidroituango esté sostenido sobre la prórroga con los contratistas que Ud. ha criticado tanto?
Es un hecho de contrato y del proyecto, que es de difícil modificación por los tiempos que tenemos para poner la empresa a funcionar. Seguro en otras condiciones EPM hubiera hecho cambio de contratista sabiendo que ellos son ya sancionados por su responsabilidad. Lo más relevante es que recuperamos los recursos y podemos avanzar en la continuación del proyecto.
¿Y en qué van las investigaciones por las otras denuncias que usted había hecho, por ejemplo, sobre el informe que usted dijo que se mantuvo oculto, el de Advanta?
Presentamos las denuncias a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. Ya hay fallo de la Contraloría y seguramente los órganos de control siguen avanzando en el resto de las investigaciones.
En las últimas semanas exmiembros de junta volvieron a manifestar su preocupación por el manejo de EPM, por el gobierno corporativo y, además, por el informe de la Superservicios, pidieron al Gobierno decidir si debe tomar el control de la empresa… ¿Qué dice frente a esto?
Hace unos seis meses el expresidente Uribe empezó una campaña, con gestiones y lobby, para que a través de un proceso de intervención les quiten EPM a los antioqueños. Eso estuvo avanzando, hubo varios movimientos en ese sentido, pero afortunadamente no lo pudieron materializar y la solidez que nos da el fallo de la Contraloría y los pagos que se deben hacer ahora les hace muy difícil a estos intereses políticos intervenir a EPM y quitársela a los antioqueños.
Lea más en: Exmiembros de junta piden determinar si el Gobierno debe tomar control de EPM
¿En qué queda ahora el proceso de desinversión en UNE?
En términos financieros no sería ya una prioridad la venta de UNE. Por lo mismo hemos enviado un par de cartas en que EPM propone a Millicom que nos venda el control de la empresa, que está en manos de Millicom. Esa primera carta fue rechazada por Millicom diciendo que no estaba interesado, y solicitamos en otra carta que extendiera la cláusula de protección del patrimonio público, que permite que la plata pública que hoy administran no pierda valor. Vamos a hacer un esfuerzo adicional en este último sentido, de modo que se extienda esa cláusula hasta el final del próximo gobierno. Dicha cláusula obliga la venta de UNE, pero esperamos que eso no ocurra en nuestra administración, sino que sea la próxima la que tome la decisión.
¿Hasta cuándo está vigente la cláusula?
Agosto de 2024, pero tiene unos tiempos de ejecución que hacen que, si en el primer semestre de 2022 no se ha iniciado el proceso de venta, EPM pierda $2 o $3 billones de valor en la inversión que tiene.
¿Y entonces qué sigue con el proceso en el Concejo de Medellín?
Estamos esperando la respuesta de Millicom sobre la extensión de la cláusula hasta el final del próximo gobierno. Si logramos eso, retiraríamos el proyecto del Concejo. Si no, lamentablemente tendríamos que avanzar en el proceso de venta. Preferiría que EPM retomara el control de UNE.
Cuando salieron a vender UNE el argumento era que ese negocio no está en el “core” de EPM. ¿Por qué ahora sí le interesa?
No es del “core” de EPM, pero sí de Medellín. Hoy las ciudades para ser ciudades inteligentes requieren altas capacidades tecnológicas, y en los últimos años Medellín ha visto cómo se queda atrás en cobertura en fibra óptica y otras variables, y eso retrasa el progreso. Retomar el control permitiría que las inversiones que hace Tigo Une en la ciudad fueran más potentes y permitirían avanzar en el proceso de hacer de Medellín un valle de software. La última palabra la tiene Tigo Une a través de Millicom. Siendo así, EPM no tiene la alternativa de comprar si ellos no quieren.
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