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Este viernes Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la aseguradora Mapre firmaron un contrato de transacción en la que la segunda se compromete a darle a la primera $2,4 billones (el remanente de un total de US$983 millones), por los daños generados en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, el cual debió entrar en operación en noviembre de 2018.
Este acuerdo se da luego de la ratificación del fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la República, en el que dictaminó que el lucro cesante y los retrasos por la no entrada a tiempo del proyecto llegaba a $4,3 billones, que debían asumir 26 personas entre naturales y jurídicas.Le puede interesar: Hidroituango: Contraloría dejó en firme fallo por $4,3 billones
Según Andrés Carrillo, gerente de EPM, el acuerdo con Mapfre representa la entrega de unos $2,4 billones (al cambio de peso-dólar de hoy), luego de descontar US$350 millones del monto total de la póliza (US$983 millones) que ya fueron pagados a la empresa de servicios.
En el documento Mapfre también se compromete a no pedir estos dineros de vuelta ante cualquier eventualidad en el futuro, mientras que EPM hace lo propio al no exigir más desembolsos. En suma, ambas partes acordaron que se sienten satisfechas con lo pactado.
En concreto, ¿qué significa esto para el proyecto? Carrillo lo dice de esta forma: “Hemos conversado con la Contraloría y esto nos despeja el camino contractual”. El gerente de EPM aseguró que las prórrogas de los contratos del proyecto, que originalmente se vencen este 31 de diciembre, están listas para el grupo diseñador asesor y con el interventor.
En cuanto al consorcio constructor CCC Ituango, Carrillo aseguró que ya están listas las minutas para prorrogar el contrato, pero aún se encuentran en el proceso administrativo de aprobación por parte de los constructores. “Esperábamos dar esa otra buena noticia hoy”.
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En pocas palabras, la megaobra puede continuar con las empresas que están actualmente trabajando en completarlo (si CCC aprueba la prórroga, claro está). El proyecto cuenta con un avance de más de 86 %, según las cifras de EPM).
Así mismo, Carrillo aseguró que “si bien es la finalización del pago y todas las situaciones de reconocimiento del siniestro, también da cumplimiento a la responsabilidad civil que tiene Mapfre dentro del fallo”.
El gerente de EPM aseguró que se esperan pagos de al menos tres aseguradoras más por los siniestros derivados de la contingencia que se presentó en 2018.
A su vez, el presidente Iván Duque, que también estuvo presente en la firma del contrato de transacción, aseguró que “se ha salvado el proyecto Hidroituango, que es vital para la seguridad energética del país. No existe razón, motivo o excusa para alterar los contratos de construcción, interventoría y gestión y así garantizar que las turbinas estén en los tiempos previstos”.
Y agregó: “Lo hemos dicho: los siniestros se tienen que atender a través del mercado del aseguramiento. Este proceso de activación oportuna del sistema de aseguramiento le pone fin a disputas y pendencias innecesarias que no sólo podían llevar a la parálisis del proyecto, sino a interponer problemas estructurales a las finanzas de EPM, de Medellín y a la soberanía energética del país”.
El mandatario también dijo que, a modo de recomendación, EPM debería pensar en volver a incluir al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el proyecto. “Insisto en que la presencia del BID es un sello de garantía contractual, ambiental y social. Esa es una decisión entre la empresa y el banco, pero como presidente hago esa llamada porque esa prenda de garantía no debería perderse”.
Aquí hay que recordar que el pasado 2 de diciembre, EPM aseguró que pagaría US$450 millones del crédito que tenía suscrito con el BID por Hidroituango (el total del préstamo iba hasta por US$900 millones, pero se habían desembolsado sólo US$450 millones).
El panorama energético
La firma del contrato de transacción entre EPM y Mapfre le da vía libre a la terminación de las primera dos unidades de generación de energía del proyecto, que tienen que entrar en funcionamiento en junio y en noviembre del próximo año.
Cuando la central esté terminada, con ocho unidades de generación, Hidroituango debe entregar entre 15 % y 17 % de la electricidad en el país.
La ratificación del fallo de la Contraloría disparó varias alarmas sobre qué pasaría con la seguridad energética del país. Sin embargo, varias voces del sector aseguraron en su momento que el sistema tiene cómo cubrir la demanda de electricidad en el corto y mediano plazo. “El país ha venido preparándose para cualquier contingencia en el proyecto Hidroituango. Desde 2019 se hizo una subasta de cargo por confiabilidad buscando nuevos proyectos, o ampliaciones, que dieran la energía firme que el sistema necesita si Ituango llegaba a retrasarse más allá del año 2021, 2022 e incluso 2023″, dijo en su momento Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).
Esta suerte de parte de tranquilidad fue ratificada por Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, al decir que “si hay retrasos, obviamente hay preocupaciones respecto a cuándo va a entrar en funcionamiento Ituango, pero no porque vayamos a tener una situación de desabastecimiento este año, en 2022 o 2023. Esa no es la preocupación. Pero, por supuesto, un proyecto de la naturaleza de Ituango garantiza tener mayor energía disponible y eso es más confiabilidad y también una oferta de competitividad para el sector”.