Contralor pide rigor técnico y da recomendaciones para el sector minero-energético

En su visita a la central Hidroituango, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, llamó la atención sobre la prudencia y el rigor técnico con el que deben asumirse los análisis de las medidas que se tomen sobre el sector minero-energético y, adicionalmente.

El funcionario también recomendó que la intervención a las Comisiones de Regulación de Servicios Públicos se realice de manera técnica, mirando las necesidades reales de los usuarios y respetando las leyes de libre mercado.

Respecto a la obra de Hidroituango, Rodríguez reconoció que es un activo estratégico para garantizar la oferta energética presente y futura del país y por esta razón se hace indispensable mantener el especial seguimiento y acompañamiento de la entidad.

“Hoy en este gran proyecto, vital para el presente y futuro energético, aprovecho para advertir que Colombia debe asegurar unas reservas probadas de petróleo suficientes para emprender una transición energética segura”, dijo Rodríguez.

Le puede interesar: Producción de petróleo y gas en Colombia: conozca las cifras de 2022.

Asimismo, estimó urgente que se tenga en cuenta la previsión por parte de las instituciones de facilitar la entrada de nueva oferta de energía tanto de generación, como de activos de transmisión de energía, frente a un fenómeno del niño prolongado previsto para el cuarto trimestre de 2023.

“Hoy hay una imperiosa necesidad de agilizar la construcción de las líneas Colectora-Cuestecitas y Copey-Cuestecitas, en La Guajira y El Cesar; activos que permitirían la entrada de 9 proyectos eólicos y solares, que aportan 1.577 mega vatios (MW) de oferta de electricidad y con ello mejorarían la seguridad energética”, resaltó.

El contralor también aprovechó la “visita para plantear a EPM, que es una empresa pública y uno de los principales actores del sector, si puede dar garantías al país de que no va a abusar de su posición dominante tanto en generación como en comercialización, y que no se justifique así la intervención que plantea Gobierno”, agregó.

Lea: El presidente Petro asumiría la administración de los servicios públicos.

Y resaltó que dicho sector representó, en 2022, el 56,1% de las exportaciones y aportó en el último bienio $33 billones en regalías a las regiones; recursos que se destinaron a proveer agua potable, salud, educación y alcantarillado. Además de generar alrededor de 90.000 empleos anuales, demanda bienes y servicios locales del orden de $11 billones anuales y destina $453.000 millones a inversión social.

“Es claro que Colombia tiene aún una gran dependencia de los recursos generados en el sector minero energético, por lo cual desde la Contraloría General de la República llamo la atención sobre la prudencia y el rigor técnico con el que se deben asumir el debate y los análisis de las medidas que se tomen sobre este importante sector de la economía”, subrayó.

Respecto a la transición energética, las reservas de hidrocarburos deben ser suficientes para cubrir el proceso de transición energética, de tal manera que no se ponga en riesgo la confiabilidad en el abastecimiento de energía, la soberanía energética y en general la economía del país, según el concepto del funcionario.

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En su visita a la central Hidroituango, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, llamó la atención sobre la prudencia y el rigor técnico con el que deben asumirse los análisis de las medidas que se tomen sobre el sector minero-energético y, adicionalmente.

El funcionario también recomendó que la intervención a las Comisiones de Regulación de Servicios Públicos se realice de manera técnica, mirando las necesidades reales de los usuarios y respetando las leyes de libre mercado.

Respecto a la obra de Hidroituango, Rodríguez reconoció que es un activo estratégico para garantizar la oferta energética presente y futura del país y por esta razón se hace indispensable mantener el especial seguimiento y acompañamiento de la entidad.

“Hoy en este gran proyecto, vital para el presente y futuro energético, aprovecho para advertir que Colombia debe asegurar unas reservas probadas de petróleo suficientes para emprender una transición energética segura”, dijo Rodríguez.

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Asimismo, estimó urgente que se tenga en cuenta la previsión por parte de las instituciones de facilitar la entrada de nueva oferta de energía tanto de generación, como de activos de transmisión de energía, frente a un fenómeno del niño prolongado previsto para el cuarto trimestre de 2023.

“Hoy hay una imperiosa necesidad de agilizar la construcción de las líneas Colectora-Cuestecitas y Copey-Cuestecitas, en La Guajira y El Cesar; activos que permitirían la entrada de 9 proyectos eólicos y solares, que aportan 1.577 mega vatios (MW) de oferta de electricidad y con ello mejorarían la seguridad energética”, resaltó.

El contralor también aprovechó la “visita para plantear a EPM, que es una empresa pública y uno de los principales actores del sector, si puede dar garantías al país de que no va a abusar de su posición dominante tanto en generación como en comercialización, y que no se justifique así la intervención que plantea Gobierno”, agregó.

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Y resaltó que dicho sector representó, en 2022, el 56,1% de las exportaciones y aportó en el último bienio $33 billones en regalías a las regiones; recursos que se destinaron a proveer agua potable, salud, educación y alcantarillado. Además de generar alrededor de 90.000 empleos anuales, demanda bienes y servicios locales del orden de $11 billones anuales y destina $453.000 millones a inversión social.

“Es claro que Colombia tiene aún una gran dependencia de los recursos generados en el sector minero energético, por lo cual desde la Contraloría General de la República llamo la atención sobre la prudencia y el rigor técnico con el que se deben asumir el debate y los análisis de las medidas que se tomen sobre este importante sector de la economía”, subrayó.

Respecto a la transición energética, las reservas de hidrocarburos deben ser suficientes para cubrir el proceso de transición energética, de tal manera que no se ponga en riesgo la confiabilidad en el abastecimiento de energía, la soberanía energética y en general la economía del país, según el concepto del funcionario.

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