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La financiación de la fiebre amarilla está en vilo. Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara la alternativa de usar recursos de las concesiones viales 4G y 5G que, según él, permanecen inmóviles en fideicomisos bancarios para financiar 14 millones de vacunas contra la fiebre amarilla, la alarma se encendió para los gremios, las concesiones y la Contraloría General. Es dinero público, afirmó el mandatario, atrapado en contratos que no avanzan y que podrían tener mejor uso frente a una emergencia sanitaria.
Pero la respuesta del ente de control fue inmediata. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, no tardó en advertir los límites. Los recursos comprometidos en esas concesiones no pueden redirigirse de manera discrecional, porque tienen un destino pactado legalmente: financiar carreteras mediante contratos de largo plazo que comprometen vigencias futuras del Estado.
“Es perfectamente legítima la aspiración de modificar el perfil de aporte de vigencias futuras de la Nación pactado para un contrato de concesión vial, pero esto debe surgir de un acuerdo debidamente protocolizado entre las partes”, dijo Rodríguez. Y para lograrlo, debe cumplir los requisitos del Conpes, Confis y el DNP. No puede ser una decisión unilateral del Ejecutivo.
El meollo del debate radica en el modelo de Asociación Público-Privada (APP) que rige estas concesiones. Cada contrato prevé un flujo de recursos sostenido en el tiempo, para garantizar su ejecución más allá de los gobiernos de turno.
Por eso los fondos se reservan en patrimonios autónomos, gestionados por fiduciarias. Si una obra se detiene —como ha pasado con proyectos como Mulaló-Loboguerrero o Santana-Mocoa-Neiva—, el dinero no se libera, pero tampoco puede reasignarse sin reformular el contrato.
El mandatario, sin embargo, insiste en que hay una “distorsión presupuestal”: mientras la fiebre amarilla presiona al sistema de salud y no hay recursos disponibles, cerca de $8 billones están congelados en concesiones que no avanzan, muchas por disputas legales. “En mi opinión, esta es la mayor corrupción que existe, pero se viste de legalidad”, dijo Petro.
Desde la Contraloría se advierte que tocar esos recursos, sin los debidos ajustes contractuales, podría derivar en incumplimientos legales, sanciones fiscales y pérdida de confianza entre los inversionistas.
De hecho, la Cámara Colombiana de la Infraestructura ha alertado que poner en entredicho la seguridad jurídica del modelo APP puede agravar el rezago histórico en infraestructura vial del país.
Las concesiones 4G y 5G movilizan inversiones a largo plazo por $63,5 billones y $16 billones, respectivamente. Las primeras avanzan a un ritmo promedio de 89,1 %, mientras que las 5G, a 8,7 %, a corte de marzo.
El Gobierno recibió esas obras con 61,1 % de avance promedio y las ha priorizado, pero ahora enfrenta la paradoja de dinero “estático” de obras con enredos contractuales, pero no puede tocarse sin riesgo legal.
El Ministerio de Transporte espera recuperar los $2,2 billones que están congelados en Mulaló, ya que continúa en disputa entre la Agencia Nacional de Infraestructura y Covimar (de Proindesa, holding de Grupo Aval y Corficolombiana). A la fecha, la falta de acuerdos ahogan la conciliación, o incluso, la liberación de las vigencias, de modo que una vez liquidado el contrato se decida si obra concesión continúa la obra o la conexión al Valle del Cauca quedará con los planes en papel.
Pero esto último, por ahora, no es el plan del Gobierno, sino financiar las vacunas, para lo que estima un recaudo de $600.000 millones a $1 billón, lo que dejaría (si se logra), $1,2 billones en el aire.
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