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La Contraloría advirtió los posibles riesgos de usar el dinero en fiducias de las megaobras viales estancadas, una propuesta del presidente Gustavo Petro por la presión al sistema de salud y la falta de recursos para financiar la fiebre amarilla. La iniciativa vio luz en abril, cuando el mandatario señaló que hay $8 billones congelados en concesiones que no avanzan, muchas por disputas legales.
Pero el ente de control fue claro en que estas obras “no pueden quedar sin respaldo económico para su ejecución por las gravísimas consecuencias económicas”. El documento, firmado por el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, alertó que si la Nación o la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no cumplen con los aportes presupuestados, se expondrían a sanciones contractuales y demandas que podrían poner en jaque la ejecución de miles de kilómetros de vías críticas.
Para la Contraloría, la desviación de fondos, aunque nacida de la presión fiscal o recortes imprevistos, no es una opción legal ni técnica.
En 2020, la ANI firmó acuerdos de concesión para la construcción y operación de obras viales bajo los esquemas 4G y 5G. Cada contrato incluye obligaciones sobre las vigencias futuras, un término que se traduce en asignaciones presupuestales año tras año, depositadas en un fideicomiso llamado Patrimonio autónomo, para pagar al concesionario una vez la obra sea entregada y certificada.
Sin embargo, el Gobierno evaluó redireccionar esos fondos. Pero ¿qué podría desencadenar?
- Intereses moratorios y remuneratorios, que no estaban contemplados inicialmente.
- Potenciales incumplimientos que abran la reparación de millones a los concesionarios.
- Parálisis de proyectos viales y la amenaza de su desfinanciación.
- Demandas legales por el uso inadecuado de recursos públicos.
El Ministerio de Transporte espera recuperar los $2,2 billones que están congelados en Mulaló, ya que continúa en disputa entre la Agencia Nacional de Infraestructura y Covimar (de Proindesa, holding de Grupo Aval y Corficolombiana). A la fecha, la falta de acuerdos ahogan la conciliación, o incluso, la liberación de las vigencias, de modo que una vez liquidado el contrato se decida si obra concesión continúa la obra o la conexión al Valle del Cauca quedará con los planes en papel.
¿Qué dice la norma y el contrato?
Entre otros asuntos, el documento revisa con precisión los capítulos 2.2 (“Valor del Contrato y Aportes Presupuestales”) y 5 (“Acta de Terminación de Unidad Funcional”) de estos acuerdos. En ellos se define la mecánica de pago: solo una obra lista, recepcionada y cumpliendo los indicadores de servicio activará el desembolso.
El uso de recursos en otra cuenta o sin los condicionantes adecuados, viola directamente el marco legal y fiscal colombiano (Decreto 403/2000, Resoluciones REG‑ORG‑0762 y REG‑ORG‑0062).
La Contraloría no descarta la posibilidad de ajustar los perfiles de aporte, siempre que sea mediante acuerdos formales (otrosí o modificatorios) y con luz verde vía CONPES, CONFIS y DNP, así como sucedió en el origen del contrato. De lo contrario, desviar estos fondos implica riesgo, daño patrimonial y responsabilidad penal, fiscal o disciplinaria.
“Se reitera que, en caso de atrasos o incumplimientos del concesionario, el propio contrato de concesión establece, clara y explícitamente, las acciones conminatorias y/o sancionatorias que corresponden”, advierte el ente de control.
Si el Gobierno decide continuar con la iniciativa sin estos acuerdos previos, una vía 4G o 5G desfinanciada generaría un efecto negativo en la productividad, las finanzas públicas, y por supuesto, la confianza institucional.
La Contraloría insta a los ministerios de Transporte y Hacienda, así como a la ANI, a adoptar medidas proactivas para que el riesgo quede neutralizado.
Cabe señalar que la advertencia no impone sanción inmediata, pero marca una advertencia firme en la política de control fiscal.
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