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En papel quedaron las esperanzas de levantar 149 casas rurales en Fonseca, La Guajira. Estaban pagadas, según el proyecto. Pero el terreno quedó a medias, con únicamente polvo, tierra batida y un hueco fiscal de $33.000 millones. En un nuevo informe, la Contraloría General de la República destapó 52 hallazgos fiscales en la región Caribe por $223.998 millones.
La promesa de la letra en blanco mermó los recursos del sistema de regalías: más de la mitad de los 106 proyectos auditados, que suma $1 billón, tiene irregularidades fiscales. Cada peso perdido, vale recordar, es una carretera sin asfalto y personas sin acceso a agua potable.
Las denuncias ciudadanas, atendidas entre 2020 y 2024, fueron la mecha. La Contraloría activó un “Plan de Choque de Denuncias” y encontró que el mal uso de los recursos públicos era sistemático.
La Guajira, una de las regiones más pobres del país, lidera el ranking de hallazgos con nueve casos por $69.000 millones. Le siguen Sucre, con $56.000 millones; Bolívar, con $26.000 millones; Cesar, con $24.000 millones, y Atlántico, con $23.000 millones.
De fondo, se trata de hospitales sin dotación, carreteras inconclusas, vehículos abandonados en parqueaderos públicos y subsidios otorgados a quienes no los necesitaban.
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| Sector | Hallazgos fiscales |
|---|---|
| Transporte | $76.000 millones |
| Vivienda y territorio | $70.000 millones |
| Salud | $25.000 millones |
| Deporte y recreación | $23.000 millones |
| Agricultura y desarrollo | $16.000 millones |
El uso de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) recae en los entes territoriales (gobernaciones, alcaldías y sus respectivas secretarías de planeación e infraestructura), pero con participación y supervisión de varias entidades del orden nacional.
Esto se debe a que, en primer lugar, luego de que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) define los lineamientos y prioriza los proyectos, el Ministerio de Hacienda distribuye los recursos. Pero el foco alumbra a las gobernaciones y alcaldías, ya que formulan, contratan, ejecutan y supervisan los proyectos. Tienen autonomía para decidir con obligación de cumplir los requisitos técnicos, legales y financieros. La Contraloría, por su parte, vigila la ejecución.
Los proyectos, el desperdicio
En la Mojana sucreña, la vía El Portón – La Y de los Arrastres debió pavimentarse en concreto a lo largo de 17 kilómetros. Se invirtieron $30.000 millones y solo se construyeron cinco. Ni siquiera se logró mejorar el transporte agrícola en tiempos de lluvia.
En Sincelejo, 27 unidades móviles destinadas a prevenir el consumo de sustancias psicoactivas quedaron parqueadas y con su dotación sin estrenar. Costaron $25.000 millones. Nunca recorrieron los municipios ni atendieron a nadie.
En Atlántico, una vía entre Tubará, Guaymaral y Paluato costó $23.000 millones y dejó una estela de deficiencias técnicas, mala planeación y obras de calidad cuestionable. Apenas se conoció el informe de la Contraloría, la Gobernación se vio obligada a activar las pólizas.
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Los problemas de agua potable
Como si no bastara con los proyectos de regalías mal ejecutados, la Contraloría también reveló esta semana que entre 2020 y 2024 se detectaron 122 hallazgos fiscales adicionales, por $94.579 millones, en el Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico.
En Bolívar, por ejemplo, fallas técnicas en acueductos de Santa Rosa de Lima y otros municipios dejaron sin agua potable a miles de familias.
En Uribia, Montería, Puerto Escondido y Sabaneta, se usaron recursos del sistema para comprar gasolina, arreglar calles o comprar materiales de ferretería. Todo ilegal.
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¿Qué muestra todo esto?
Un patrón. El mismo que se repite en cada hallazgo: mala planeación, ejecución deficiente, supervisión nula. Obras sin estudios técnicos, subsidios mal asignados por bases de datos desactualizadas, proyectos inconclusos.
A principios de abril, el contralor Hernán Penagos pidió revisar de manera urgente el modelo basado en estratificación y avanzar hacia un esquema que realmente atienda a la población más vulnerable.
“La ausencia de sistemas adecuados y un seguimiento efectivo comprometen la transparencia y la efectividad de los subsidios”, dijo el funcionario.
El problema central, según el informe, es la inadecuada focalización. En teoría, los subsidios están destinados a los estratos 1, 2 y 3, pero el método de asignación basado en estratificación no es suficientemente preciso. El sistema actual permite errores de inclusión y exclusión: algunos hogares que no los necesitan reciben la ayuda, mientras que otros en condiciones críticas quedan por fuera.
La propuesta de la Contraloría es reemplazar este esquema por el Registro Universal de Ingresos (RUI), administrado por el DNP. Este registro permitiría un análisis más detallado de la situación económica de cada hogar, asegurando que los subsidios lleguen a quienes realmente los requieren.
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