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El primer año del próximo Gobierno será una cuesta empinada en materia económica. El equipo Duque tendrá que esforzarse para pedalear y hacerlo con eficiencia. Pero, aunque no está en riesgo de quedar por fuera de tiempo en la etapa, sí tiene un margen de tiempo corto, porque el país que recibe tiene una situación fiscal delicada.
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Este es el escenario económico que pintan dos analistas económicos: Jorge Humberto Botero, desde el gremio de los aseguradores Fasecolda (y actual presidente del Consejo Gremial Nacional), y Sergio Clavijo, desde ANIF, el centro de estudios de las entidades del sistema financiero.
Favorece que el gabinete que acompañará al nuevo inquilino de la Casa de Nariño es altamente técnico, con un buen equilibrio de género y con gente relativamente joven, pero con experiencia.
Hablamos con los dirigentes gremiales durante una conversación citada para discutir las necesidades y realidades del panorama económico nacional.
Para Botero y Clavijo, la situación fiscal es delicada. El recaudo enero-junio está cayendo en términos reales 6 % respecto de la meta. La presión tributaria estará por debajo del 14 % y el escalamiento de los pagos en pensiones, salud y vigencias futuras son materia de preocupación.
El presidente de ANIF considera que la apurada reforma tributaria que ha anticipado el presidente electo Duque va a ser para buscar entre uno y dos puntos de recaudo adicional en el curso de los cuatro próximos años.
“Lo que conocemos, hasta ahora, sobre propuestas en materia fiscal de la administración entrante no permite vislumbrar, para usar una expresión coloquial, por dónde van los tiros”, admite Botero. De acuerdo con las propuestas de la campaña hay ambiciones grandes de gasto, pero sin fórmulas para aumentar el recaudo. Se sabe que su fuerte será la factura electrónica, reforma a la DIAN y la lucha contra la corrupción. “Van a tener que dejar atrás el discurso de campaña y, ojalá, este empalme les deje claro que, dadas las dificultades de recorte del gasto, habrá que tacar por el lado del mayor recaudo”, insiste Clavijo.
El presidente Duque anuncia que una vez se posesione llevará un portafolio de propuestas al Congreso. En ese menú legislativo sobresale la reforma tributaria, dadas las afugias fiscales del país, presionadas por el déficit fiscal acelerado, la deuda y el gasto público.
Aumento del recaudo
La propuesta de Duque de aliviar la carga tributaria de las empresas no tiene mucho futuro. Clavijo considera dejar neutro el recaudo corporativo, golpeado por la desaceleración económica. “No vemos mucho espacio para bajar y probablemente hay que dejar la tasa en 33 % o en 35 % corporativo, jugar con el IVA y con el poco espacio que queda”, señala Clavijo.
La reforma fiscal debe ser defendida por el designado ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien va a encontrar un ambiente enrarecido por su pasado durante la administración Uribe: una reforma tributaria se le hundió y la otra salió bastante ‘peluqueada’. Y con una propuesta de salario mínimo no tan clara.
Clavijo advierte, además, sobre lo inconveniente que es gravar el 30 % de la canasta familiar. “No se metan a gravar el 30 % de la canasta básica que hoy no lo está. Primero porque eso rinde muy poco y segundo porque los esquemas de devolución que han sido exitosos en países pequeños, en Colombia serían una invitación a la corrupción”, anota el presidente de ANIF.
A Botero le sorprende la recomendación de Sergio Clavijo. “Lo de no tocar el 30 % de la canasta me parece un tanto sorpresivo”, dice. “Creo que obedece a una visión desencantada, derivada de la observación de las realidades institucionales del país”, resalta el presidente de Fasecolda.
Botero explica que tener una sola tasa del IVA sin excepción o exclusión alguna “es una buena idea”. Para darle progresividad al impuesto, en otros países se usa el mecanismo de devolución a los estratos más pobres. “Si no somos capaces de manejar eso, tal vez la solución adecuada sea no intentar expandir a todos los productos de la canasta familiar el gravamen, y la razón es que el esfuerzo es muy grande, pero el recaudo es muy poco”, sostiene Botero.
El presidente de ANIF, por su parte, sostiene que si no se toca el 30 % de la canasta y simplemente se suben algunas partidas que están en cero y 5 % a la tasa del 19 %, bastaría con incrementar entre 0,1 % y 0,2 % el programa de apoyo a las familias de bajos estratos. “Pero el 30 % de la canasta que hoy está exenta nosotros la dejaríamos como está, porque eso es comprar un lío adicional en el Congreso sin tener los mecanismos de devolución para morigerar su impacto inflacionario”, señala Clavijo.
Hay muchas cosas que, en caso de intentarlas, tendrían costos políticos muy altos y, en términos de recaudo, no aportan mayor cosa. Gravar los dividendos en cabeza de las personas naturales es bueno y progresivo, por ejemplo. “Nosotros estamos a favor siempre y cuando se evite el tema de la doble tributación. En ese sentido, la Comisión Tributaria de hace cuatro años dio un muy buen expediente de gravar hasta el 15 % teniendo en cuenta el mecanismo de evitar la doble tributación”, advierte Sergio Clavijo.
Y por este camino vuelve a la palestra el tema de gravar las pensiones altas. Hay que llevar al Legislativo el proyecto de pensiones con la propuesta de que no serán tocadas las pensiones inferiores a $5 millones/mes, que es lo que hoy se extrapola del impuesto de renta. “Esto implica que una pensión dentro del rango de cinco a diez millones de pesos pasaría a ser gravada entre el 1 % y el 3 % con tasa efectiva”, explica Clavijo.
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Una buena reforma tributaria
El presidente del Senado, Ernesto Macías, señaló que una vez se posesione el presidente Iván Duque llevará el proyecto de reforma fiscal. Varios gremios esperan que sea una verdadera reforma tributaria estructural, para evitar que cada año y medio, en promedio, se sigan presentando iniciativas fiscales. “Si hace todo lo que estamos diciendo la tendrán en bajada y cómoda para el año 2022”, sostiene el presidente de ANIF.
Botero y Clavijo hicieron sus propuestas para lo que sería una buena reforma fiscal. Comenzaron por proponer gravar las pensiones altas. “Afecta a un conglomerado reducido de pensiones altas y eso me parece que es razonable”, explicó Botero.
Una segunda propuesta está relacionada con que muchas tarifas de insumos están con gravámenes entre cero y 5 %. “La propuesta nuestra es llevarlos al 19 % siempre y cuando no tengan que ver con la canasta familiar. Sabemos que las grasas y muchos insumos están a tasas preferenciales. Nosotros, siguiendo el ejemplo de Chile, que prácticamente tiene el doble de eficacia en lo que tiene que ver con el recaudo del IVA, proponemos llevarla a la tasa general. Me parece razonable”, considera Botero.
Un tercer elemento tiene que ver con acabar la devolución del IVA para la importación o adquisición de bienes de capital. Esto implicaría perder en recaudo cerca de un punto del PIB si se hace con la técnica internacional. “No estaríamos recomendando eso porque sería un salto al vacío, salvo que alguien nos dijera que vamos a sustituirlo con un gravamen adicional que no se si sea revivir el impuesto a la riqueza”, señaló Clavijo.
“No siempre lo deseable, lo correcto desde el punto de vista de eficiencia económica, es lo posible. No hay ninguna razón para que gravemos la incorporación de bienes de capital al proceso productivo, porque esos bienes de capital pueden ser fuente de generación de renta”, argumenta Botero. “Ahí habría que establecer un compromiso de desgravación absoluta de esos bienes, que se cumpla en un horizonte que sea compatible con el impacto fiscal, para que el fisco pueda absorber esa pérdida de recaudo con otro tipo de fuente y en eso he pensado una idea que es jurídicamente posible: tomar disposiciones de reducción de tarifas o de beneficios sobre elementos que condicionen las medidas al comportamiento del recaudo en el tiempo”, según explica el presidente de Fasecolda.
“A mí no me gusta esa idea”, replica Sergio Clavijo. Explica que “cuando se den los hechos pasamos otra nueva ley, pero desde ya decir y prometerle a la gente que si se dan determinadas condiciones se le devolverá, me parece que es un compromiso que la gente no va a entender, que estaba condicionada”.
El impuesto a las transacciones financieras también entró en esta conversación entre los analistas. Este es un modelo de tributo que se creó en la administración Pastrana para ser temporal y se enquistó en el estatuto tributario. Y aquí hay una cuarta propuesta. El pernicioso impuesto a las transacciones financieras es nefasto para los propósitos de formalización de la economía colombiana y “llevamos años proponiendo que se desmonte el cuatro por mil, que esta administración Santos II acaba de cometer el gran error histórico de dejarlo de forma permanente”, dice el presidente de ANIF.
Las transacciones por fuera del sistema financiero no dejan huella, por lo tanto es un beneficio que aprovechan desde los narcotraficantes hasta la gente que quiere eludir el pago de sus obligaciones. “La propuesta que hacemos es la siguiente: si quiere deje el mecanismo de cuatro por mil, pero en su totalidad será deducible del impuesto de renta y aquellos que no están por encima de la mesa no tienen cómo desmontarlo. Si usted lo desmonta como un elemento de gravamen adicional, más gente entrará al sistema y en la medida en que entre dejará más huella”, sostiene Clavijo.
La propuesta que plantea el dirigente de ANIF es una manera inteligente de ir desmontando este tributo y generando recompensas para la formalidad y castigos a los sectores informales, sostiene el presidente de Fasecolda. Sin embargo, propuestas como estas tienen dos problemas. Primero, el de recaudo: “La fórmula que plantea Sergio resuelve ese problema”, dice Botero. Pero el segundo es político: “Como por años la propuesta ha sido defendida por el sector financiero, la gente erróneamente cree que el desmonte del cuatro por mil lo beneficia y no es verdad. Beneficia a la gente que lo paga, desmontarlo no beneficia a los bancos”, recalca Botero.
Clavijo reitera que dos terceras partes del recaudo, entre 0,6 % y 0,8 % del PIB, lo paga la gente de a pie. Botero considera que el desmonte de este impuesto acaba beneficiando al sector financiero y a la economía con el incremento del ahorro financiero. “Pero decir que al aumentar el ahorro financiero de la economía se beneficia sólo a los bancos es decir una verdad incompleta. Beneficia al conjunto de la sociedad; hay una alta correlación entre profundidad financiera y crecimiento económico”, reseña el presidente de Fasecolda.
La quinta propuesta de los analistas tiene que ver con la eliminación de los contratos de estabilidad jurídica y la tributación de las zonas francas. En este punto, Clavijo está totalmente de acuerdo y Botero con reservas por presidir el Consejo Nacional Gremial, en donde hay dirigentes gremiales que se benefician.
ANIF le dice no a más contratos de estabilidad jurídica o de estabilidad tributaria, que protegen anticipadamente a unos empresarios pagando el 10 %, cuando el país sabe que requiere más recaudo y no más gabelas improductivas en el tema de zonas francas. “No más tratamientos preferenciales que no están ayudando a la economía y que están enriqueciendo a focos muy particulares de gente lobista especialista en este tipo de artimañas tributarias”, remarca Sergio Clavijo.
Botero considera que las zonas francas tienen sentido en el contexto de países con economías cerradas que deciden abrirse. “Como yo soy presidente del Consejo Gremial, debo decir que hay gremios que favorecen la continuidad de los beneficios asociados a las zonas francas, pues yo soy respetuoso de esas posiciones que no son las mías, pero que son de gremios muy importantes a los que represento”, dijo.
Edad para pensiones
En materia pensional, ANIF considera elevar la edad de pensión para hombres de los actuales 62 a los 67 años. “Tomará cerca de una década llegar a tal meta replicando lo que se conoce en la literatura como el pacto de Toledo. El error que cometió la Ley 100 es que como era algo urgente nos tomamos 20 años de vacaciones antes de incrementar la edad tan sólo de 60 a 62 años”, explica Clavijo.
Botero asegura que Colombia se ha venido envejeciendo y esa es una realidad demográfica que hay que tener en cuenta en el diseño de las reformas pensionales.
En cuanto al salario mínimo, lo que puede funcionar y que ya tiene una prueba fehaciente jurídica y estable en Colombia es una diferenciación de salario mínimo temporal para un enganche de jóvenes en formación, dice Clavijo. Los gobiernos deberían mirar de acá en adelante con lupa cómo se está incrementando la productividad laboral, para no exceder el reajuste en términos reales del salario mínimo. “Este Gobierno se equivocó en una proporción del orden del 2 % de reajuste en promedio por encima de la inflación, cuando la productividad laboral ha estado en cero”.
Botero considera que el camino expedito de aumentar el salario mínimo por encima de la productividad de la economía lo que hace es generar desempleo e informalidad.
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En la financiación de la paz, un tema que le compete mucho a la siguiente administración, Botero y Clavijo coinciden en que como están hoy las cosas no hay ni dividendo de paz, porque la fuerza pública continúa presionada y no hay beneficios de crecimiento, porque la expansión está por debajo del 3 %. Ojalá la administración Duque tenga más focalización en el imperio de la ley, en evitar el escalamiento del narcotráfico; sólo de esa manera podríamos ver dividendos y beneficios de paz en el futuro, dicen.
Por Jorge Sáenz v.
