Créditos para reinsertados

Uno de los retos que tendrá la banca nacional en un escenario de eventual posconflicto es garantizar el acceso al sistema financiero de las personas reinsertadas a la vida civil, a quienes quieran ingresar a la sociedad mediante emprendimiento y generación de pequeñas y medianas empresas, principalmente en el sector agrario, pero que por sus antecedentes se les puede dificultar.

Según Liz Marcela Bejarano Castillo, directora de asuntos y riesgos financieros de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), los bancos deberán buscar mecanismos para acercar a esta nueva población, pero con nuevas fuentes de información. “Estos nuevos datos permitirían que los bancos confirmen si estas personas son sujetos de crédito o no, para que no se eleve el nivel de incumplimiento y se pueda garantizar que pueden pagar. Además, un tema importante es poder verificar que estas personas no estén incluidos en actividades que afecten la reputación del banco, como por ejemplo el lavado de activos o el financiamiento al terrorismo”. Sobre este particular, según las últimas estimaciones disponibles de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), el lavado de activos en el país representa alrededor de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, es decir $20 billones anuales aproximadamente.

Dairo Estrada, asesor de la presidencia de Finagro, va más allá y considera que el Gobierno deberá reglamentar por ley el acceso de los reinsertados a los bancos. “El Ministerio de Hacienda puede emitir un decreto en el que diga que las personas involucradas en el conflicto tendrán un tratamiento de reinsertados, por ejemplo, y de esta forma, cuando se hagan los controles por parte de la Superfinanciera, se verifique que un banco realizó una operación con un reinsertado”.

Agregó que los diálogos de paz que se adelantan en La Habana podrían dar autorizaciones especiales a estas personas para que cuando los bancos realicen los controles de información no les nieguen el acceso al crédito. “Esto se podría hacer bajo una caracterización especial, para que no los pongan al mismo nivel de un narcotraficante y que la Superintendencia avale a estas personas y el banco no tenga conflictos con la regulación”.

Un informe elaborado por la firma Colombia Lozano Consultores e Infolaft revela que 61% de los establecimientos de crédito reconocieron que el sector bancario tiene un nivel de preparación regular para enfrentar los retos que en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo traerá la eventual firma de un acuerdo, mientras el 33% sustentó que el nivel de preparación es bueno. Entretanto el 77% manifiesta que se tendrá que ajustar el sistema antilavado interno de su banco, particularmente en lo relacionado con el proceso de vinculación de clientes y en el seguimiento de cierto tipo de operaciones.

De acuerdo con Bejarano, las entidades están trabajando en la creación de productos específicos, tanto para víctimas del conflicto como para los excombatientes al margen de la ley. “Lo más probable es que generemos productos a las medidas de estas personas que de seguro no han tenido un historial crediticio y se podrán otorgar préstamos de bajo monto y a plazos también cortos, buscando generar hábitos de pago para que a la vuelta de un par de años se puedan acoger a un producto tradicional”, dijo. Añadió que buscarán acuerdos de intercambio de información con la Fiscalía para no otorgar servicios bancarios a personas que aún tienen nexos con el terrorismo.

María Clara Hoyos, presidenta ejecutiva de Asomicrofinanzas, considera que es necesario crear un fondo especial agropecuario para apoyar a los nuevos emprendedores, quienes han sido víctimas y actores del conflicto armado en el país.

“El Gobierno tiene unos mecanismos para apoyar los microcréditos a través del Fondo Nacional de Garantías para microfinanzas urbanas y rurales y el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), pero Finagro, que fondea recursos para proyectos agropecuarios y rurales, no puede dar recursos de redescuento a entidades no vigiladas por la Superfinanciera, y estamos impulsando con el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional la reglamentación de un decreto para que se puedan recibir recursos nacionales e internacionales y que este fondo pueda fondear recursos a estas entidades mediante créditos que permitan hacer un acompañamiento a esta nueva población, aclarando que no es plata regalada”, manifestó.

De igual manera dijo que a los reinsertados hay que apoyarlos con herramientas que les permitan generar ingresos, a través de unos apoyos transitorios en las diferentes regiones del país, “no sólo para lograr la paz, sino para prevenir la continuidad del conflicto, convirtiendo las microfinanzas en una herramienta fundamental, aportando en la superación de la pobreza y la disminución de la inequidad”.

Un estudio de Finagro, Asomicrofinanzas y la Fundación Citi ha revelado que para alcanzar la sostenibilidad de la paz en el posconflicto se recomienda un apoyo a las pequeñas y medianas empresas, las cuales por sus características son las mejores opciones para que los reinsertados y víctimas de la guerra inicien proyectos productivos.

Para los bancos en las zonas de conflicto es muy riesgoso hacer operaciones de crédito con variables como daños a terceros, homicidios y desplazamiento, que afectan su rentabilidad. El reto es no esperar el posconflicto para garantizar el acceso a nuevos recursos con el fin de apoyar ideas productivas. Teniendo en cuenta que el 40% del sistema está concentrado en Bogotá, es clave que no sólo en época de paz los bancos eleven el acceso a estos servicios.