Crisis económica y cambio de rumbo

Ventas informales en el barrio El Restrepo, en Bogotá.

Foto: Bloomberg - Agencia Bloomberg

Un panorama económico positivo en los próximos años es posible, pero depende claramente de lo que hagamos hoy. Tenemos en frente un desafío sin precedentes en la historia económica del país, que nos obliga a cambiar el rumbo conocido de falta de competitividad de nuestro aparato productivo, altas tasas de desempleo y elevados niveles de informalidad laboral, pobreza y desigualdad. Las propuestas de reactivación deben partir de un buen dimensionamiento del impacto de la crisis, tanto en la coyuntura como en el largo plazo. Y todos debemos unirnos para salir de la crisis fortalecidos, haciendo los grandes cambios que son necesarios.

Contracción y desempleo

El año 2020 cerrará con una contracción económica que superará la de 1999, hasta hace poco la peor crisis económica del país. Comparado con otros países, Colombia no ha sido un caso exitoso de recuperación a lo largo del año, a pesar de que se ha intentado presentar el rebote de la economía (luego de tocar fondo) como reactivación.

Con esa contracción económica aparece el impacto coyuntural más adverso: la pérdida de empleo. El escenario laboral prepandemia era desalentador. Ahora es peor. En este momento podemos contar la pérdida de 1,5 millones de puestos de trabajo. El número de desempleados asciende a 3,7 millones de personas y la informalidad ha aumentado. Esto representa una tragedia para los desempleados y los trabajadores informales, para sus familias y para la sociedad en general. El país ve afectados sus ingresos y su bienestar de manera severa, en el corto plazo y también en los próximos años, ya que se han afectado también las oportunidades de educación y formación para el trabajo en las que miles de colombianos ponen sus esperanzas de salir adelante.

En ese escenario sobresalen los efectos devastadores de la crisis sobre las mujeres y los jóvenes. Para dar una idea del impacto sobre las mujeres, su tasa de desempleo es 20,1 %, mientras el promedio nacional es 14,7 %. La crisis le sumó 5 puntos porcentuales a la diferencia de género ya existente en la tasa de desempleo el año anterior. El desempleo femenino es ahora 10 puntos mayor que el de los hombres. Definitivamente, se amplió una brecha inaceptable (https://compromisociudadano.com/las-3-razones-de-por-que-promover-la-igualdad-con-las-mujeres/).

En el caso de los jóvenes, la tasa de desempleo estuvo cerca al 30 %, sin mostrar signos sólidos de recuperación. Este indicador es particularmente preocupante porque los jóvenes han enfrentado por largo tiempo la doble crisis del desempleo y la falta de oportunidades de educación. Además de desaprovechar capacidades valiosísimas del país para su desarrollo social y productivo, se están creando nuevas fisuras en el tejido social, que son aprovechadas por la ilegalidad y por otras amenazas a la sociedad. La mayoría de los efectos del desempleo se vuelven persistentes y cada vez más difíciles de afrontar.

Fallas estructurales

No se trata solamente de un asunto coyuntural. El país tiene fallas estructurales en su propósito de generar empleo, de aumentar de manera estable el ingreso de los colombianos y de reducir la pobreza y la desigualdad. Estas fallas no surgen con la pandemia, pero es cierto que la crisis las ha hecho más evidentes y agudas. La reactivación de corto plazo no será suficiente para resolverlas.

Las fallas se dan en diferentes niveles: escasa eficiencia y transparencia en el gasto público; débil ambiente para los negocios; bajas competitividad y rentabilidad de las empresas en los mercados nacionales e internacionales; desindustrialización y falta de diversificación y sofisticación exportadora; inseguridad alimentaria y baja productividad en el sector agrícola; apuestas en educación y en ciencia y tecnología postergadas; limitada formación para el trabajo; baja sostenibilidad medioambiental y ausencia de políticas con un enfoque regional, entre otros.

Estas fallas se traducen en resultados mediocres de desarrollo. El Estado, por ejemplo, ha fracasado por décadas con su modelo de desarrollo productivo y en la tarea de llevar la tasa de desempleo sistemáticamente por debajo de 10 %.

Para entender mejor la preocupación por los efectos sociales de largo plazo, vale la pena recordar que, incluso antes de la pandemia (en 2019), la pobreza monetaria aumentó a 36 %, afectando a 17,5 millones de colombianos. Teniendo en cuenta los efectos de la crisis, la pobreza podría estar afectando hoy a 1 de cada 2 colombianos. Es claro, además, que los pobres son los más golpeados por la crisis de la salud y por la crisis del desempleo.

Igual de frustrante es reconocer que Colombia es uno de los países con mayor desigualdad del ingreso en el mundo, un aspecto que mina la legitimidad del Estado social de derecho y las posibilidades de tener un mejor tejido social, con oportunidades para todos de forjar un futuro que no dependa de los privilegios heredados. La tragedia de un pobre persiste y se extiende para sus hijos, nietos y mucho más allá. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la descendencia de un pobre en Colombia le tomaría, en condiciones normales, más de 10 generaciones (¡300 años!) alcanzar el nivel de ingreso promedio del país. Ese es el escenario de una sociedad con alta desigualdad y fuertes barreras para la movilidad social.

De preservar el rumbo actual, se permitiría que la crisis conlleve fuertes retrocesos sociales, quizás medidos en décadas. Al profundizar las fisuras de un modelo de desarrollo frágil, la crisis no solo genera efectos de corto plazo, sino también efectos demoledores en el largo plazo. El desempleo, la pérdida de ingresos de los hogares, la parálisis educativa, el cierre de empresas y emprendimientos y la reducción de inversiones frenan la acumulación del capital humano, social y productivo del país, todos necesarios para un futuro más promisorio.

Un panorama optimista depende de un cambio de rumbo

No se pueden subestimar ni la crisis ni la indignación social. El malestar social de los colombianos se está haciendo escuchar en las protestas, movilizaciones nacionales y también en amplios reclamos y propuestas de diferentes sectores sociales (académicos, políticos, empresarios). El Gobierno no ha logrado garantizar una convergencia nacional de ideas y acciones en estos momentos críticos. De no ser atendidos efectivamente los problemas, con medidas de emergencia y con avances estructurales, podría consolidarse una fuerte crisis de legitimidad de la democracia que nos haría retroceder aún más en nuestro desarrollo económico y social.

Un mejor panorama económico en el futuro depende de acciones ambiciosas y claras en el presente, implementadas con buen liderazgo político y con una articulación pragmática de las capacidades de los sectores público y privado (en los niveles nacional y regional), en lugar de responder a visiones que terminan traduciéndose en divisiones. Debe reconstruirse el liderazgo político alrededor de un diálogo constructivo, que permita que todos los actores sociales del país puedan aportar a los propósitos nacionales sin que las diferencias de las ideas se tramiten en espacios de irrespeto, intolerancia o violencia.

Con esa visión, en el 2020 sumamos propuestas concretas al diagnóstico de la realidad del país. Presentamos “Empleo de emergencia ya”, un plan con estrategias que articulan el trabajo de los jóvenes, las empresas, las universidades e instituciones de administración nacional y local, para crear: (i) 1,4 millones de nuevos empleos, a través de 10.000 proyectos públicos de empleo de emergencia en dos años, y (ii) hasta 2 millones de empleos mediante líneas de subsidios y créditos asignados a las empresas, a través de una convocatoria competitiva. Este plan prioriza grupos poblacionales (mujeres y jóvenes) y ciudades especialmente afectados por la crisis del desempleo, además de iniciativas para empezar a construir nuevas capacidades para afrontar los retos de desarrollo del país.

Presentamos también “Estudiantes primero”, un plan para garantizar el cubrimiento total de la matrícula de los estudiantes de universidades públicas, para evitar la deserción educativa de miles de jóvenes en programas universitarios y de formación técnica en instituciones privadas y públicas, y para contener los efectos negativos de la crisis sobre las instituciones educativas, que representan una parte importante de las capacidades de educación, ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento del país.

Estos programas pueden complementarse con un ingreso básico para los más pobres. A cada colombiano pobre se le podría garantizar, por ejemplo, un ingreso mensual correspondiente a la línea de pobreza extrema. De esta manera, una familia pobre, compuesta por 4 personas, tendría garantizados 548 mil pesos mensuales. Este soporte le ayudaría también a esa familia a acceder de manera efectiva a las oportunidades sociales de educación y salud, las cuales tendrán también que ser fortalecidas.

Para enfrentar oportunamente la crisis y para sanar las fallas estructurales de desarrollo, es necesario contar con más y mejor gasto social, en especial en educación y salud, más y mejores inversiones en infraestructura y en ciencia y tecnología para el desarrollo agrícola, la reindustrialización, para la provisión de energías limpias y renovables, y para activar una sociedad del conocimiento.

No hay duda de que la multiplicación de esas inversiones sociales y productivas es esencial para el desarrollo del país. Claro, en el momento en el que se hacen, aparecen necesidades de financiamiento. La agenda económica de los próximos años incluirá, por lo tanto, reformas fiscales: de gasto público y tributaria. Fuera de una reestructuración del gasto, tendremos que contar con una estructura tributaria más progresiva (todos ponen, pero ponen más los más favorecidos) y con la eliminación de exenciones tributarias ineficientes (que no incentivan el desarrollo productivo del país y sí aumentan el déficit fiscal). La estructura tributaria tendrá que ser cuidadosamente diseñada para incentivar correctamente la competitividad empresarial. A esa reforma debe sumarse una modernización de la DIAN, con herramientas más efectivas contra de la evasión y elusión de impuestos, prácticas que terminan afectando al país y la confianza de los individuos y las empresas que contribuyen bien al país con el pago de sus impuestos.

A diferencia de lo que se plantea en los extremos, estamos convencidos de que se pueden alcanzar mejores resultados en el desarrollo económico del país con buena coordinación del sector privado y el sector público. En una estrategia nacional, ambos son complementarios no sustitutos. En cualquier caso, es fundamental transformar la administración pública y luchar contra la corrupción, para evitar el deterioro que esta crea en la legitimidad de las instituciones del Estado.

Hay camino y trabajo por delante, pero es posible actuar de manera decidida desde ya en el objetivo prioritario de atender la emergencia económica y social, con la protección y el aprovechamiento de las capacidades productivas de la nación y, a la vez, iniciar una ruta de acción de largo plazo con políticas de desarrollo productivo, reconociendo la diversidad y las capacidades regionales y una economía que le dé un papel protagónico a la construcción de una sociedad del conocimiento. Se puede.

Sergio Fajardo es profesor y político de Compromiso Ciudadano. Gonzalo Hernández es profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Universidad Javeriana. José Antonio Ocampo es profesor de la Universidad de Columbia. Stefano Farné es profesor de la Universidad Externado de Colombia. Jorge Iván González es profesor de las Universidades Nacional y Externado. Mauricio Olivera es ex viceministro de Empleo y Pensiones. Juan Alfredo Pinto es escritor y economista.