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Crisis energética: gobernadores del Caribe piden soluciones estructurales

En una carta, los líderes departamentales explican que la región sufre una crisis energética por redes obsoletas y un servicio deficiente.

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12 de febrero de 2025 - 06:01 p. m.
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La región Caribe enfrenta una encrucijada energética que podría traducirse en una crisis anunciada. La falta de inversiones en infraestructura eléctrica, la fragilidad financiera de las empresas prestadoras del servicio y las medidas insuficientes por parte del Gobierno han puesto en riesgo la estabilidad del suministro eléctrico.

La advertencia proviene de los gobernadores de la región y los sectores productivos, quienes, en una carta dirigida al Gobierno Nacional, han expresado su profunda preocupación por el impacto social y económico de esta problemática.

En la misiva, los líderes departamentales, comités intergremiales y las cámaras de comercio, explican que la región ha arrastrado durante años una crisis energética marcada por redes eléctricas obsoletas y una prestación del servicio deficiente.

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La transición de Electricaribe a las empresas Afinia y Air-e, en lugar de resolver el problema, reveló nuevas fragilidades que comprometen el suministro de energía a más de tres millones de usuarios en la región.

  • Afinia en dificultades: con presencia en Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar, la empresa enfrenta serios problemas financieros que amenazan su capacidad de operación y mantenimiento. Más de 1.8 millones de usuarios dependen de su servicio, y sin medidas urgentes, la continuidad del suministro está en entredicho.
  • Intervención de Air-e: la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) tomó el control de la empresa que opera en Atlántico, Magdalena y La Guajira, pero la medida ha generado incertidumbre. Aunque se han girado subsidios, estos no son suficientes para garantizar la sostenibilidad financiera de la compañía. Más de 1,3 millones de usuarios podrían verse afectados si no se destinan recursos adicionales.

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Si la crisis no se atiende con prontitud, aseguran que el impacto sería devastador. Sin un servicio eléctrico confiable, las empresas sufrirán pérdidas, el comercio se verá afectado y el bienestar de la población estará en riesgo. La inestabilidad del suministro no solo genera sobrecostos para el sector productivo, sino que también desincentiva nuevas inversiones.

A esto se suma una amenaza aún mayor: el posible déficit de oferta eléctrica en 2028. De acuerdo con estudios recientes, si no se toman medidas para fortalecer la infraestructura y ampliar la capacidad de generación, Colombia enfrentará un escenario de escasez energética que comprometería su desarrollo económico.

Los gobernadores del Caribe y los gremios económicos han pedido a las autoridades nacionales una intervención decidida para evitar que la región caiga en el colapso energético.

En su carta, dirigida al ministro de Hacienda, Diego Alejandro Guevara; al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, y al superintendente de Servicios Públicos, Yanod Márquez, solicitan:

  1. Un respaldo financiero inmediato para garantizar la estabilidad de Afinia y la Empresa Intervenida (Air-e).
  2. Un plan de inversiones urgentes para modernizar la infraestructura eléctrica y evitar el deterioro del servicio.
  3. Políticas públicas claras que brinden confianza a inversionistas nacionales e internacionales en el sector energético.

Crisis estructural

Air-e ha sido azotada por una combinación de factores, como “problemas de mal servicio por bajas inversiones, dificultades de cartera por no pago y la imposibilidad de recoger los subsidios a tiempo. Todos están relacionados y generan un círculo vicioso”, le dijo a este diario Julio César Vera, presidente de Xua Energy.

A esto se le suma la alta exposición de Air-e en la bolsa de energía (55 % de su compra), lo que resulta en un incremento en los costos de suministro, afectando directamente las tarifas para los usuarios.

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“Desde el primer momento de la intervención estamos haciendo esfuerzos inalcanzables para cumplir las obligaciones financieras y garantizar la sostenibilidad de una de las empresas de servicios más importantes del país”, expresó Edwin Palma, agente interventor de Air-e.

Lo anterior no solo agrava el panorama de Air-e, sino que pone en riesgo la estabilidad del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

El proceso de intervención ha sido accidentado, cuando menos. Uno de los aspectos más alarmantes es la desaparición de la información contable de la empresa. Palma denunció que los estados financieros, informes tributarios y otros datos esenciales almacenados en un único computador fueron borrados sin explicación clara.

Esta situación ocurre después de un hackeo denunciado en septiembre, justo antes de la intervención, que ya había afectado los sistemas operativos y financieros de la compañía. Así lo aseguró Carlos Diago, el interventor que estuvo por 40 días.

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Por su parte, el gerente de Afinia, Jhon Jairo Granada, afirmó que la sostenibilidad financiera de la empresa está en riesgo. En una entrevista pasada, mencionó que en cuatro años la empresa no ha generado utilidades.

Las deudas de los usuarios de Afinia, que opera en Cesar, Bolívar, Córdoba y Sucre tras la salida de Electricaribe, suman $2,4 billones, incluyendo $300.000 millones del sector oficial. Además, está pendiente cobrar $1,4 billones de la opción tarifaria, y el año pasado las pérdidas de energía alcanzaron $414.000 millones. A este panorama complejo se suma la deuda del Gobierno, que corresponde a siete meses de subsidios de energía para usuarios de estratos 1, 2 y 3.

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