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El 22 de diciembre de 2025, el gobierno de Gustavo Petro decretó la emergencia económica. Para justificar el estado de excepción, esta administración expuso ocho hechos económicos, entre ellos el hundimiento en el Congreso de la ley de financiamiento por COP 16,3 billones. Sin embargo, el pasado jueves el alto tribunal decidió suspender de manera provisional los efectos del decreto mientras estudia de fondo si la medida es constitucional.
Con esa decisión, quedó en pausa el cobro de los impuestos decretados en el marco del estado de excepción, con los que el Gobierno buscaba recaudar más de COP 11 billones en 2026.
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Estas son las medidas suspendidas:
- Impuesto al patrimonio: se bajó el umbral para tener que pagar ese tributo y se incrementó el número de contribuyentes.
- Sobretasa de 15 % para el sector financiero.
- IVA de 19 % para los juegos de azar en línea.
- Pasar de un IVA de 5 % a uno de 19 % para licores (excepto la cerveza).
- Impuesto al consumo para licores y tabaco: se subió el llamado impoconsumo y el componente ad valorem de estos dos productos.
- IVA a 19 % para ciertos bienes considerados de lujo.
- Compra minimis: se bajó el umbral de excepción de impuestos para mercancía importada; antes era de USD 200 y se dejó en USD 50.
- Ventas de petróleo y carbón: se estableció un impuesto de 1 % a la extracción de petróleo y carbón en la primera venta o exportación.
- Regalías sector petrolero y carbonero: revivió la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta para el sector de petróleo y carbón.
- Impuesto para apoyar a Air-e: se creó una contribución parafiscal para fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos.
- Beneficios y normalización tributaria: alivios tributarios para quienes se pongan al día con la DIAN. Así mismo, se estableció una normalización de patrimonios con una tarifa de 19 %, que incluyen bienes y pasivos no declarados anteriormente.
¿Cuánto se alcanzó a recaudar?
El Ministerio de Hacienda informó que la DIAN recaudó cerca de COP 1,65 billones hasta el 29 de enero.
“Del total recaudado, COP 1,63 billones correspondieron al pago de obligaciones asociadas a la reducción de intereses y sanciones para contribuyentes morosos e inexactos, beneficio al que se acogieron 175.000 contribuyentes y usuarios aduaneros. Esta medida permitió mejorar el cumplimiento y el consentimiento tributario, además de generar un ingreso efectivo e inmediato para las finanzas públicas”, dijo la cartera.
Se recaudaron COP 23.800 millones por el llamado “impuesto de estabilidad fiscal”, equivalente al 1 % sobre el valor de la primera exportación de carbón o hidrocarburos, y COP 1.200 millones por el cobro de 14 puntos adicionales de IVA a la importación de licores.
El Ministerio de Hacienda resaltó que otras medidas tributarias no alcanzaron a materializar recaudo efectivo, pues su pago estaba programado conforme al calendario tributario de 2026: “Aunque estos impuestos ya se habían causado hasta el 29 de enero, su ingreso al Estado estaba previsto para los meses de febrero y marzo. Con la suspensión de las medidas por parte de la Corte Constitucional, estos recursos quedaron en suspenso y podrían no recaudarse, lo que representa un monto estimado de cerca de COP 165.000 millones”.
Esos ingresos correspondían al IVA del 19 % en la venta de licores nacionales, al impuesto al consumo del 19 %, al IVA aplicado a los juegos de suerte y azar operados por internet, así como al impuesto del 1 % sobre la primera venta de carbón o hidrocarburos en el mercado interno.
La cartera dijo que la decisión de la Corte Constitucional obliga al Gobierno a explorar alternativas de financiación y fortalecer la eficiencia del gasto público. “El reto es claro: mantener el equilibrio fiscal sin sacrificar la prestación de servicios en salud, educación y el bienestar de los colombianos”, afirmó.
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El presidente Gustavo Petro anunció que habrá un recorte de COP 16,3 billones en el presupuesto de 2026. Anticipó que no se tocará la inversión social ni en los gastos de seguridad y defensa. También se refirió a una posible subida de aranceles que, dijo, “debe ir hacia sectores de la agroindustria alimentaria y aparatos domésticos que no hagan parte de la canasta familiar”.
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