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Este jueves, el Gobierno de Gustavo Petro publicó un decreto para trasladar a Colpensiones cerca de COP 25 billones de los afiliados que, aprovechando la oportunidad de traslado que creó la reforma pensional, pasaron de los fondos privados de pensiones al régimen público.
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Con corte al 5 de febrero, 119.632 personas han pasado de los fondos privados a Colpensiones por la oportunidad de traslado. Entre este grupo hay personas que siguen cotizando y personas que después de cambiarse se pensionaron (22.472, específicamente).
Para el caso de los que no se han pensionado, dice el decreto, el traslado de los recursos debe hacerse así: el 50 % en un término no superior a 20 días desde la entrada en vigencia del mismo y el 50 % restante en los 10 días siguientes. En cuanto a los que ya se pensionaron, el traslado debe hacerse en 15 días desde la entrada en vigencia del decreto.
En rueda de prensa, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, dijo que la medida contradice una ley, específicamente, el artículo 76 de la reforma pensional, que hoy está vigente porque la Corte Constitucional no lo suspendió.
Ese parágrafo dice que “los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo seguirán siendo administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior”.
¿Qué pasa después de que se pensionen? El artículo 24 de la reforma (que sí está suspendido) lo definió. Para asegurar la sostenibilidad del nuevo sistema pensional el Congreso de la República estableció la creación de un fondo de ahorro administrado por el Banco de la República. A este fondo, dice la ley textualmente, “debe entrar la totalidad de los ingresos por traslados que se materialicen en virtud de la oportunidad de traslado”.
“No habría base jurídica para solicitar los recursos de quienes no se han pensionado, ni de quienes ya se pensionaron porque la reglamentación y la ley son claras en que esos recursos deben ahorrarse”, dijo Velasco.
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El gremio todavía está estudiando los alcances e implicaciones del decreto del gobierno que se conoció en la mañana de este jueves.
Las AFP ya están analizando las opciones legales, el gremio dijo que no descarta ninguna acción. Velasco aseguró que “el efecto del decreto no es sobre el patrimonio ni los activos de los fondos de pensiones, sino sobre la población, que merece que el Gobierno atienda la Constitución y la ley”. Agregó que no ahorrar los recursos generará un problema fiscal a largo plazo.
“Sorprende que una orden forzada de trasladar COP 25 billones se haya dado sin analizar el impacto”, dijo Santiago García, presidente del consejo directivo de Asofondos. Puntualmente, a García le preocupan las implicaciones de liquidar las inversiones para poder trasladar esos recursos a Colpensiones.
Velasco resaltó que, a diferencia del proyecto de decreto que se conoció en febrero, la versión definitiva permite trasladar recursos en títulos de deuda. Esta instrucción abre una serie de preguntas.
“Colpensiones hace décadas no maneja ningún fondo: recibe recursos de las cotizaciones con una mano y con la otra la traslada a los pensionados. De hecho, hacen falta cerca de COP 35 billones anuales para lograr pagar esas pensiones, por eso le pide recursos al Gobierno”, dijo Velasco.
Esta medida se suma al decreto para trasladar a Colombia una parte de los recursos de los afiliados a las AFP que están invertidos en el exterior.
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